"No comparto sus ideas y espero que nunca puedan llegar a triunfar. Pero daría mi vida para que pudiera seguir expresándolas". No recuerdo exactamente quién pronunció estas hermosas palabras, quizás fue Winston Churchill, un especialista en frases brillantes. En todo caso, sintetizan bien el concepto de libertad de expresión y me vinieron a la mente al leer ayer la recentísima sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba el auto del Tribunal Supremo por el que se impedía a una candidatura, presuntamente vinculada a Batasuna, participar en las próximas elecciones europeas.
Ya en los últimos días, destacados defensores de la ley de partidos como norma democrática adecuada a nuestra Constitución alertaban de la inconsistencia jurídica de la resolución dictada por el Supremo. Es el caso de Javier Pradera, Patxo Unzueta o Eduardo Vírgala, que, por otra parte, están en las antípodas ideológicas de la candidatura que se pretendía ilegalizar. Las razones de su preocupación no eran, por tanto, de carácter partidista, sino simplemente temían que la decisión vulnerara los principios constitucionales en virtud de una equivocada interpretación de la ley de partidos. Sabían que el respeto a la ley -a la ley democrática, por supuesto- constituye la primera obligación de gobernantes y gobernados y que la vulneración de la ley sólo conduce al enfrentamiento y a la guerra civil. En definitiva, sus preocupaciones coincidían con las de quien pronunció la frase que encabeza este artículo.
Justo a tiempo, el Tribunal Constitucional ha resuelto el asunto dando la razón a la candidatura demandante y declarando nula la resolución del Tribunal Supremo por considerar que vulneraba el derecho a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad, garantizado en el artículo 23.2 de la Constitución. Hay que destacar que el procedimiento de ilegalización instado ante el Tribunal Supremo había sido interpuesto por el Gobierno. La sentencia del Constitucional constituye un triunfo del Estado de derecho: las pruebas aportadas por el abogado del Estado y por el fiscal no eran suficientes para considerar que la candidatura presentada formaba parte de la ilegalizada Batasuna, a pesar de sus muchas coincidencias ideológicas. Además, en el recurso ante el Constitucional -no ante el Supremo-, la candidatura impugnada condenó expresamente el uso de la violencia como medio de acción política.
Esta sentencia muestra claramente, por si todavía hacía falta, que la tan vilipendiada ley de partidos no persigue ideas sino modos de actuar: sólo pueden ser ilegalizados aquellos partidos que, sea cual sea su ideología, utilizan métodos violentos para imponerla. La finalidad de la ley es, únicamente, defender la democracia y las libertades esenciales de los ciudadanos. Quien sostenga otra cosa ni se ha leído la ley, ni sabe cómo se aplica.
23-V-09, Francesc de Carreras, lavanguardia