¿Qué les pasa a nuestros gobernantes, que, cuando son llamados por un juez, tienen que montar esos números de adhesiones? Si lo hace Ibarretxe, es presión sobre la Justicia. Pero es algo más: es un reflejo del uso de las instituciones como propiedad privada y fortín de su defensa. No se dimite, porque nadie renuncia voluntariamente a bienes particulares, y no se rinden cuentas porque el cargo se siente como privado. Estamos ante una clase política a la que sólo un juez consigue arrancar una explicación.
23-V-09, Fernando Ónega, lavanguardia