´Equidad y costes diferenciales´, Guillem López Casasnovas

El presidente Montilla acaba de poner sobre la mesa del debate de la nueva financiación autonómica la cuestión del coste relativo territorial; es decir, suministrar un mismo servicio público no tiene idéntico coste entre comunidades autónomas. En otras palabras, la financiación de base poblacional, para ser justa, debiera considerar que el gasto financiado no tiene la misma capacidad de compra entre comunidades autónomas. Ciertamente, la pensión de un jubilado en Catalunya no permite el acceso a la misma cesta de bienestar que en Andalucía, dado el diferencial de coste (alimentación, vivienda, transporte, servicios personales), de modo que, en términos reales, el bienestar que posibilita la financiación pública central penalizaría al beneficiario catalán. Idescat, la estadística de la Generalitat, estima este diferencial, para una misma cesta de compra, en torno aun7%, de modo que para que se nivelase la capacidad adquisitiva en términos reales la financiación central debiera aumentarse en este porcentaje.

En buena parte de las prácticas de descentralización fiscal, las transferencias se distribuyen teniendo en cuenta este diferencial; ocurre en la regionalización sanitaria inglesa, con diferenciales que llegan a un 15% adicional. Ajustar por la capacidad adquisitiva los distintos baremos de estimación de renta en la transferencia de recursos públicos es también una práctica común en la UE, y el cómputo del índice de "cuánto cuesta una misma hamburguesa" entre distintos países supone una referencia común en publicaciones (como The Economist)a la hora de juzgar la situación económica de la renta, salarios y valor de la moneda entre diferentes países.

Sin embargo, pese a la relevancia que la cuestión tiene para nuestro país, Fedea publicó en su momento que estas diferencias en la parte estructural territorial de la inflación eran en España superiores a las de la Unión Europea a 15 países, que sí las contabilizaban. El aviso de Fedea no encontró, salvo casos muy aislados, hueco en el debate territorial.

Ello se explica probablemente por el temor a romper con ello el llamado espacio social español único - el marco de negociación de los convenios colectivos, las cláusulas de indiciación y revisión-,y a la propia estética con la que afloraría esta nueva desigualdad. Catalunya, Baleares y Madrid, de acuerdo con los datos, que también conoce el INE, son las grandes perjudicadas de dicha omisión.

El presidente Montilla anuncia que ha llegado la hora de discutir este parámetro, que con fundamentos teóricos robustos en la teoría de la Hacienda Pública, y con todas las matizaciones, ha de introducir más equidad en la financiación y activar una previsión estatutaria hasta el momento ignorada.

22-IV-09, Guillem López Casasnovas, lavanguardia