Por fin llega una semana con buenas noticias económicas: el G-20 ha logrado un acuerdo espectacular para luchar contra la recesión mundial con 745.000 millones de euros; el Gobierno español interviene la Caja de Castilla la Mancha y, con un simple aval de 9.000 millones de euros, su millón de impositores podrán estar tranquilos pues saben que tocan a 9.000 euros por cabeza; el paro únicamente ha crecido en 123.543 personas, el menor incremento en los últimos seis meses, según el Ministerio de Trabajo, que no es cosa de hacer la comparación de forma anual y concluir justo lo contrario. Por todo ello, no es extraño que haya pasado casi inadvertido el proyecto de ley sobre el libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. Este audaz proyecto del Gobierno, en cumplimiento de la Directiva de servicios de la Unión Europea, supone la modificación de 46 leyes estatales y se calcula que cerca de otras 2000 disposiciones normativas, bastantes de ellas de las Comunidades Autónomas. Lógicamente, mucho más inadvertida ha pasado la comparecencia en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de la portavoz de Plafarma, la almeriense Norma Pérez Díaz, que solicitó el pasado martes el fin del monopolio en la concesión del servicio farmacéutico en España, el modelo más restrictivo de Europa -según ella-, por contravenir la libertad de establecimiento profesional garantizada por el Tratado de constitución de la Comunidad Europea, como por lo demás dictaminó la misma Comisión Europea en 2006.
Resulta francamente sorprendente que el Gobierno declare que la esencia de este macro anteproyecto de ley sea la libertad de establecimiento, fomente la competencia entre los profesionales y no toque una coma de la regulación farmacéutica, más allá de diversas disposiciones sobre la publicidad de los medicamentos. Así, nuestra regulación de la apertura de farmacias va a seguir incumpliendo el artículo 43 del Tratado CE en al menos cuatro puntos: la limitación del número de farmacias en función del número de habitantes y de la distancia mínima entre farmacias, el criterio de la experiencia profesional en la Comunidad Autónoma responsable de la autorización, la reserva de propiedad de una farmacia exclusivamente a los farmacéuticos y la prohibición de que un mismo farmacéutico sea propietario de más de una farmacia. Por no hablar de la comparación con otras profesiones: ninguna tiene un sistema de ejercicio similar, ni siquiera la de los médicos, lo que demuestra lo poco sólido que es el argumento de la atención sanitaria empleado para defender el numerus clausus pues si no se restringe la libre apertura de consultas, no puede ser lógico que se restrinja la apertura de farmacias, que se limitan a expedir los medicamentos recetados por los médicos.
¿Cuál puede ser la causa de la resistencia gubernativa a cambiar la legislación farmacéutica más allá de la poco convincente referencia a la necesidad de ofrecer cobertura farmacéutica en todo el territorio nacional, como si no se hubiera logrado el mismo resultado en otras necesidades básicas sin restringir la libertad? Plafarma lo tiene claro: se trata de la presión constante de los Colegios de Farmacéuticos que están logrando restringir la competencia. Algo de eso debe haber, como demuestra que la liberalización más importante que sufrió el sector (la posibilidad de apertura 24 horas) se lograra gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional. Pero tengo para mí que hay otro motivo mucho más fuerte: la “planificación farmacéutica” que realizan las Comunidades Autónomas atribuye un amplio poder a los políticos autonómicos, además de crear un buen número de funcionarios encargados de velar por el funcionamiento del sistema. Y con la que está cayendo, no parece conveniente ni prescindir de trabajadores, ni restringir el gasto público, ni demostrar que las cosas pueden funcionar mejor con la libertad de los ciudadanos que con la intervención de los políticos.
aruizrobledo, 6 de abril de 2009, artículo publicado en EL OBSERVATORIO de los nueve periódicos del Grupo Joly el domingo 5 de abril de 2009.
Agustín Ruiz Robledo, profesor titular de Derecho Constitucional, Universidad de Granada.