18 de marzo de 2009, handsoffcain newsletter: El gobernador Bill Richardson ha firmado la ley de abolición de la pena de muerte en Nuevo México.
Richardson, un demócrata que en el pasado había sido ministro de Energía en el gabinete del presidente Clinton, había declarado recientemente que había “suavizado” su postura acerca de la pena de muerte. En la conferencia de prensa en que ha presentado la ratificación de la nueva ley, que sustituye la pena de muerte por la cadena perpetua sin libertad condicional, ha explicado porqué, a diferencia de en el pasado, ya no está a favor de la pena de muerte: “Firmar esta ley ha sido la decisión más difícil de mi vida política, pero he debido tener en cuenta que la posibilidad de que un inocente sea ajusticiado existe, y algo así es anatema para nuestra sensibilidad de seres humanos”.
Richardson explicó después que quiso visitar antes el corredor de la muerte, donde quedó asombrado del alto porcentaje de detenidos pertenecientes a minorías raciales, visitar la “cámara de la muerte” y, finalmente, visitar la sección de máxima seguridad que ocuparán los condenados a cadena perpetua sin libertad condicional posible. “Mi conclusión es que esas celdas son, si eso es posible, aún peores que la muerte. Creo que se trata de un castigo justo”.
“Frente al hecho de que nuestro sistema de condenar a muerte ni es ni podrá ser nunca perfecto, mi conciencia me impone sustituirla por una pena que garantice la salvaguardia de la sociedad”.
El Senado aprobó el proyecto de ley el 13 de marzo en una votación por 24-18, la Cámara lo había aprobado el 11 de febrero. La ley impide nuevas condenas a muerte a partir del 1º de julio, pero no tiene alcance retroactivo, por lo que no se aplicará a los dos presos en el corredor de la muerte de Nuevo México que hay actualmente. El estado ha efectuado una sola ejecución en los últimos 49 años, la de Terry Clark, el 6 de noviembre de 2001.
Richardson fue apremiado a firmar la ley durante las pasadas semanas por la Conferencia estadounidense de Obispos Católicos, por el ex presidente Jimmy Carter, y por la vicegobernadora Diane Denish. Richardson también dijo que, tras invitar a los ciudadanos a ponerse en contacto con las oficinas gubernamentales para expresar su opinión, obtuvo 12.000 respuestas, más del 75% de ellas favorables a la abolición. Otra opinión habían manifestado los fiscales de distrito, que entienden útil mantener la posibilidad de plantear a los imputados la posibilidad de una condena a muerte, y la Asociación de Sheriffs y de la Policía, que opina que la pena de muerte refrena a la gente de atentar contra los agentes del orden.
Richardson, recordando haber sido anteriormente diputado en Washington, y después ministro, ha revelado que el recurso a la pena de muerte tiene implicaciones negativas desde el punto de vista de la política exterior, tanto por el elevado número de miembros de minorías étnicas presos en el corredor de la muerte, como porque, de cualquier modo, no es una buena señal de liderazgo moral”.
Nuevo México se añade de este modo a los otros 14 estados que no contemplan la pena capital. Nueva Jersey, en 2007, ha sido el primer y hasta ahora único estado que puso fuera de la ley la pena capital después de que el Tribunal Supremo la volviese a admitir en 1976.
