Ceuta y Melilla no son españolas porque así lo quiera España sino porque así lo quieren los ceutíes y los melillenses. Por pura coherencia democrática, Ceuta y Melilla deberán ser siempre lo que deseen los ceutíes y los melillenses. Las opciones no son solamente el actual marco en España o la anexión a Marruecos. Caben muchas más, desde un nuevo marco de mayor autonomía en España hasta la libre asociación o cualquier otra fórmula de emancipación política que los ceutíes y melillenses decidan en su momento.
Como en el caso gibraltareño, resulta completamente antidemocrático conceder mayor rango a los deseos de los grandes Estados involucrados en el contencioso que a los derechos humanos y civiles de la población concernida. Es ésta la llave de cualquier futuro cambio de status, y nadie más que ella tiene derecho a escoger su destino.
Ceuta y Melilla podrían desarrollar centros de negocio offshore similares a los de otros microterritorios similares, lo cual redundaría en beneficio de la economía local. Para ello España debería ser mucho más flexible y permitir la promulgación de legislación mercantil y societaria diferente en las dos ciudades autónomas.
La presión migratoria sobre las ciudades de Ceuta y Melilla debe recaer sobre el conjunto del Estado. No es comprensible que los inmigrantes que logran cruzar la frontera queden internados en centros de estas dos pequeñas ciudades, donde no hay espacio para ello. Lo razonable es trasladar a la Península a estas personas y continuar allí con el procedimiento que corresponda.