El colectivo de las viudas de la generación que alumbró el llamado baby boom atraviesa serias dificultades. Alrededor de un 30% de estas mujeres vive en el umbral de la pobreza o corre riesgo de exclusión social. Las viudas que han quedado al margen de los planes de igualdad representan tres millones de personas en toda España, unas 340.000 en Catalunya. La mayoría de ellas trabajaron siempre en casa, al cuidado de la familia en unos años muy difíciles. Por eso no constan como cotizantes en la Seguridad Social y no disponen de pensión de jubilación. El actual contexto de crisis económica empeora la situación de las viudas, especialmente de aquellas de más edad que viven solas y constituyen un nuevo tipo de pobreza invisible en las grandes ciudades.
En junio, el Congreso de los Diputados instó al Gobierno, a petición del grupo parlamentario de CiU, a mejorar las pensiones de viudedad, una medida necesaria cuya plasmación, no obstante, podría retrasarse a causa de las negociaciones de la nueva ronda del pacto de Toledo. Actualmente, la pensión media de viudedad de las mujeres es de 540 euros al mes, por debajo de los 552,4 euros mensuales de la llamada renta de suficiencia de Catalunya. Las administraciones públicas no cumplen con las viudas ni el compromiso mínimo que se ha establecido como barrera objetivable entre una existencia en la miseria y una existencia digna.
Estamos hablando de un asunto de justicia que no puede demorarse. La edad avanzada de muchas de estas personas exige una respuesta oficial urgente, clara y diligente que ponga fin a una excepción insostenible e impropia de los mecanismos de protección social. El Gobierno, de acuerdo con el resto de las administraciones, debe desbloquear esta anomalía de manera inmediata, dado que nuestra sociedad no puede permitirse una grieta de insolidaridad tan evidente en contra de las generaciones que atravesaron las décadas más inclementes de nuestra historia reciente. El bienestar del que gozamos en España hoy es fruto también del esfuerzo de millones de mujeres que, siempre en silencio, dedicaron los mejores años de su vida a trabajar en sus hogares, sin reconocimiento social ni compensación económica alguna.
Pioneras en las estrecheces del mileurismo obligado y sin apenas capacidad para hacer llegar sus demandas a la opinión pública, no es de recibo que las viudas deban seguir mendigando en cada ventanilla oficial lo que en justicia les corresponde. Ha llegado la hora de que el Gobierno actúe para solucionar un problema que golpea diariamente la conciencia colectiva.
8-XII-08, lavanguardia
