´¿Así se gestiona la España plural?´, Josep Vicent Boira
El dicho popular de "para este viaje tantas alforjas" puede aplicarse en muchos sentidos a lo que pasa en España. Hace dos años, la Fundación Alternativas, en colaboración con la Generalitat catalana (a través de su hombre en Madrid, Santiago de Torres), decidió predicar la España plural por todo el país. Se recorrió gran parte de España, contactando con gente incluso de buena voluntad que estimaba correcta y necesaria, aunque sin entusiasmo, la idea de una convivencia plural. Desgraciadamente, de la idea motriz de una España plural nada se sabe.
O sí se sabe, pero las noticias no son buenas.
La idea de una España plural ha sido enterrada bajo la pesada losa del favoritismo regional y de la proximidad política. Una noticia reciente nos lo demuestra: la cesión del Guadalquivir a la Junta de Andalucía a finales del mes de septiembre. La fotografía que acompañaba la noticia no podía ser más gratificante (para los andaluces): una sonriente Elena Salgado junto a un más sonriente todavía Manuel Chaves bajo un enorme cartel que anunciaba, a lo Reyes Católicos, la buena nueva: "Andalucía-Guadalquivir, Guadalquivir-Andalucía" (faltaba añadir el tanto monta). Quienes compartíamos modestamente aquella idea de una España plural como salida a los problemas de convivencia entre autonomías echamos en falta que personajes clave de aquella iniciativa, como Javier Pérez Royo (eminente constitucionalista, tertuliano feroz y simpática persona) o Suso del Toro salgan a la palestra a decir que este no es el camino, al menos político, que seguir.
Que no era para acabar así por lo que se debía apostar por la España plural. La cesión por vez primera de un río intercomunitario (federal, por decirlo así) a una comunidad autónoma es un salto cualitativo en el desmantelamiento de la idea plural de España. El Gobierno central ha tenido la feliz idea de abdicar de cualquier responsabilidad federalizante en la gestión del agua. Cierto es que el Guadalquivir trascurre en un 90% por Andalucía, pero también por Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.
Y si también es cierto que estaba previsto en el Estatuto andaluz, no lo es menos que sienta un precedente de doble preocupación: por una parte, la evidencia de la falta de una idea federal de gestión (ni del agua, ni de las infraestructuras). Y en segundo lugar, la sospecha de que esto se hace porque gobierna el mismo partido en Madrid y en Sevilla. Y más aún, la sospecha de que este acuerdo se ha firmado porque el gobierno autonómico es el de Sevilla. Que no se trata, sólo, de una cuestión de favoritismo partidista se muestra en que la Junta de Extremadura, también PSOE, tiene recurrido ante el Constitucional el pacto previo de cesión. El poder andaluz es, pues, enorme en esta España democrática. Y me parece justo después de años de marginación. Pero todo debe tener un límite y un respeto por las formas.
¿Se hubiera cedido este río (u otro) a un gobierno presidido por el Partido Popular, aunque tuviera el 90% de su cuenca en su territorio? Y, lo que es más inquietante todavía, ¿se hubiera cedido un río a una comunidad gobernada por otros socialistas periféricos (valencianos o catalanes, pongamos por caso)? Las consecuencias de este hecho son lógicas: cada comunidad puede, ahora, pedir el porcentaje de río que se halle dentro de sus fronteras y si no se lo dan, puede argumentar, de forma igualmente lógica, la inquina política como motivo. Y los nuevos socialistas de la periferia (Jorge Alarte, flamante secretario del PSPV, por ejemplo) pueden ir pensando cómo meter cuña en el férreo tándem Madrid-Sevilla, eje que se configura como algo más que una línea de AVE. El conseller popular de Medio Ambiente y Agua de la Generalitat valenciana, José Ramón García Antón, se escandalizaba ante la noticia y criticaba que se pusiera en crisis la "autoridad hídrica nacional".
Lo ocurrido era algo peor todavía, estimado conseller. Se ponía fin a la idea de una España plural basada en la visión federalista (si bien no escrita) de determinados elementos de la misma. Se ponía fin, por la vía expeditiva del despeje a la banda, a la complejidad de gestionar de forma dialogada y educada el agua en España. Y se introducía, además, la sospecha del favoritismo regional. Cuando en Europa la gestión del agua es claramente compartida, aquí se parcela. Bien. No quedará otro remedio que mirar por uno mismo, abandonar cualquier tentación de visión compartida y que salga el sol por Antequera (que, por cierto y no de casualidad, es una población que se halla en Andalucía).
J. V. Boira, profesor de la Universitat de València, 19-XI-08, lavanguardia
