BARCELONA RADICAL
radicalparty

Espanya cañí-273: centenars de científics d’elit poden perdrer el treball per un nyap legal

> dossier Espanya cañí <

Algunos de los mejores centros de investigación de España pueden perder una parte significativa de sus plantillas en las próximas semanas al no poder renovar contratos temporales ni hacer contratos indefinidos.

No es por falta de dinero, ya que muchos de los afectados trabajan en proyectos científicos que han obtenido financiación, sino por una normativa laboral que no se adapta a las necesidades del trabajo de investigación.

La normativa, que en los últimos años se había interpretado de manera laxa para no interrumpir el trabajo de los grupos de investigación, se ha empezado a aplicar de manera estricta este año a raíz de una disposición adicional introducida en la ley de Presupuestos Generales del Estado del 2017.

Las instituciones más afectadas son el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que puede perder a 66 personas hasta el 31 de diciembre, lo que representa el 15% de su plantilla. Y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), que puede perder a 52 hasta marzo, o el 13% de su plantilla.

Pero el problema se extiende a otras instituciones como los once Centros de Investigación Biomédica en Red (Ciber) o las entidades de investigación que dependen de fundaciones. En Catalunya, esto afecta a centros de investigación emblemáticos como –entre otros– el Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) o el Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), además de a decenas de institutos de investigación vinculados a hospitales.

La interpretación estricta de la normativa laboral que se ha empezado a aplicar este año “pone en serias dificultades el desarrollo del trabajo habitual” en el CNIO y el CNIC, advierten 79 investigadores de ambos centros en una carta enviada al presidente Mariano Rajoy, a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, a cuatro ministros (Hacienda, Economía, Empleo y Sanidad) y a la secretaria de Estado de Investigación, Carmen Vela.

Ante la gravedad y la urgencia del problema, el cardiólogo Valentín Fuster, director médico del hospital Mount Sinai de Nueva York y director general del CNIC, hará hoy un viaje relámpago a España para reunirse con Carmen Vela. Fuster, probablemente la persona que más ha trabajado en los últimos tres meses para tratar de resolver el problema, tiene previsto aterrizar en Barajas a las seis de la mañana y despegar de nuevo a las dos de la tarde. El origen del problema se encuentra en la disposición adicional 23 de la ley de la Ciencia, aprobada en el 2011 por el último gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Aquella disposición adicional preveía que se pudieran prolongar contratos temporales más allá de tres años para proyectos de investigación, pero únicamente en organismos públicos de investigación (como el CSIC) o en universidades públicas. Quedaron fuera de este supuesto centros como el CNIC y el CNIO, que dependen de fundaciones.

En estos centros, después de tres años de contratación temporal, los trabajadores hubieran debido pasar a contratos indefinidos. Pero las medidas de control presupuestario impuestas por Hacienda a raíz de la gran recesión han impedido que se hicieran contratos indefinidos en el sector público. En este contexto, los centros de investigación optaron por encadenar contratos temporales más allá de tres años, que es el límite impuesto por la normativa laboral. Gran parte de estos contratos estaban relacionados con proyectos de investigación que corrían el riesgo de verse interrumpidos.

Esta dinámica se mantuvo hasta que llegó la disposición adicional 34 de la ley de Presupuestos del 2017, que explicitaba que “las actuaciones irregulares [en la contratación de personal] darán lugar a la exigencia de responsabilidades” a los gerentes de los centros. A partir de ese momento, los gerentes del CNIO y del CNIC renunciaron a tolerar contratos temporales de más de tres años.

La secretaría de Estado de Investigación intentó resolver el problema modificando la ley de la Ciencia a principios de octubre. Mediante un real decreto, se ampliaron los supuestos en que se pueden admitir contrataciones temporales de más de tres años a “otras entidades del sector público consideradas agentes de ejecución del Sistema Español de Ciencia”. Sin embargo, algunos gerentes afectados interpretan que esta modificación de la ley es insuficiente, con lo que un centenar de trabajadores del CNIC y el CNIO, y otros cientos en instituciones distintas, corren el riesgo de tener que abandonar sus investigaciones en las próximas semanas. Otros gerentes, por el contrario, defienden una interpretación más flexible de la normativa.

“Las consecuencias de no resolver el problema tendrían un enorme impacto […] en ambos centros, […] poniendo en riesgo su actual posición como referentes mundiales en el campo de la investigación”, advierten los 79 firmantes de la carta enviada a Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y cuatro ministros.

, Barcelona

22/11/2017 - lavanguardia

https://c1.staticflickr.com/3/2003/2146849517_0118dc9690.jpg