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la Justícia europea condemna Espanya per la inhabilitació d’Atutxa, Knorr i Bilbao

  • Los jueces consideran que el expresidente del Parlamento Vasco vio vulnerado su derecho a un juicio equitativo cuando fue condenado al negarse a disolver Batasuna

Atutxa, Knorr y Bilbao, condenados en 2003 por prevaricación por el...El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo ha reconocido este martes que el expresidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa y los exmiembros de la Mesa de la Cámara de Vitoria Kontxi Bilbao y Gorka Knorr vieron vulnerado su derecho a un juicio equitativo cuando fueron condenados por el Tribunal Supremo en abril de 2008 al negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) tras la ilegalización de Batasuna en 2003.

La sentencia hecha pública este martes afirma que la justicia española vulneró el derecho a un juicio con todas las garantías reconocido por el artículo 6.1 de la Convención de los Derechos Humanos y dice que cada uno de ellos deben ser indemnizados con un euro por daño moral -se trata de la cantidad que reclamaron en su demanda- a los que se deben sumar 600 euros destinados al pago de las costas del proceso.

Los inhabilitados fueron privados de su derecho a someter a contradicción las acusaciones que se vertieron contra ellos

Los jueces de Estrasburgo no entraron en el fondo de la condena a inhabilitación, sino en la cuestión de que los tres demandantes no fueron escuchados en una vista por el Supremo. En su resolución, el TEDH considera que tanto Atutxa como los otros dos parlamentarios fueron privados de su derecho a someter a contradicción las acusaciones que se vertieron contra ellos, ya que fueron condenados por el alto tribunal sin que los hechos pudieran ser examinados por una instancia inferior.

También entienden que el Supremo “llegó a su conclusión por deducción, sin escuchar a los interesados, que no tuvieron la oportunidad de exponerle las razones por las cuales negaban haber tenido una intención fraudulenta”.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos comparó en la sentencia la actuación del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que absolvió a los demandantes tras escucharles, y la del Supremo, que basó su condena en “circunstancias subjetivas”, sin celebrar una vista.

Juan María Atutxa ha calificado de “regalo” la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. “No hemos sido desobedientes, hemos sido objeto de una manipulación y un atropello brutal”, ha asegurado. En una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en la sede del PNV de Bilbao, Atutxa ha señalado que los tres procesados han sido objeto de “una larga injusticia” y se ha cometido con ellos “una tropelía”.

En este sentido, ha asegurado que, de esta forma, se pretendió “hacer arrodillarse a una institución, el Parlamento vasco, nacida de la voluntad de un pueblo”. “Si hoy fuese 2003, el que les habla haría lo mismo. Ni en 2003 ni en años sucesivos, quien les habla, ni mis compañeros Gorka Knörr y Kontxi Bilbao hemos sido desobedientes. Hemos sido objeto de una manipulación y un atropello brutal”, ha indicado. A su juicio, la sentencia supone del Tribunal de Estrasburgo es “una enorme satisfacción” y ha señalado que él ya dijo: “No moriré hasta que el TEDH dicte sentencia. Hoy la ha dictado y, a partir de este momento, tampoco tengo prisa y pido prórroga”, ha señalado.

A su vez, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha opinado que el Tribunal ha hecho justicia al reconocer de forma “firme y tajante” que Atutxa no tuvo un proceso judicial justo. Erkoreka ha calificado de una “gran noticia” de esa resolución, que “hace justicia” con tres personas “injustamente condenadas e inhabilitadas”. “Catorce años después la justicia europea es firme y tajante al afirmar que no tuvieron un proceso judicial justo”, ha subrayado el portavoz del Gobierno vasco, que ha destacado también la “dignidad” con la que los tres han mantenido la imagen institucional del Parlamento Vasco.

18 meses de inhabilitación y 18.000 euros de multa

El Supremo les condenó en 2008 a 18 meses de inhabilitación y 18.000 euros de multa por un delito de desobediencia al propio Supremo, a causa de su negativa abierta y directa a obedecer decisiones judiciales y disolver al citado grupo parlamentario. La Junta de Portavoces de la Cámara de Vitoria había rechazado en junio de 2003 la resolución para proceder a la disolución de Sozialista Abertzaleak. El Tribunal Constitucional se pronunció en los mismos términos que el Supremo, aunque contó con el voto particular de tres magistrados, que entendieron que se había vulnerado el derecho de los demandantes a un juicio justo.

El sindicato Manos Limpias ejerció de acusación popular en todo el proceso. El Gobierno tiene ahora tres meses de plazo para solicitar que la Gran Sala de 17 jueces de la Corte europea reexamine el caso.

Agencias, Bruselas

13/06/2017 lavanguardia