Coalició pro Accés

En el debate sobre la memoria histórica que fructificó en una ley, por muchos considerada insuficiente, los archivos estatales españoles son la gran asignatura pendiente. Sorprende, aunque quizá sea un síntoma más de las consecuencias de la modélica transición,que en los últimos años se haya debatido tanto y tan apasionadamente sobre memoria histórica y se haya ignorado totalmente el grave problema para la investigación, el conocimiento y la gestión de nuestro pasado que supone el precario estado y la antediluviana regulación que rige buena parte de los archivos estatales. Imposibilidad o prohibición de consulta de documentos, arbitrariedad ideológica en la gestión del acceso a ellos, legislación ambigua y obsoleta, falta de criterios de interés público y democrático, inexistencia, en muchos casos, de una catalogación exhaustiva y clara de los fondos, trabas legales provenientes de la dictadura, como la clasificación de documentos según el criterio de secretos oficiales de entonces, destrucción, desidia, abandono... Estas son algunas de las críticas que historiadores de especialidades diversas como Julián Casanova, Gabriel Cardona, Francisco Espinosa, Gustau Nerín, Jordi Guixé, el archivero y gestor documental Gustau Castanyer (Information Management Office, ONU) y la abogada Eva Moraga (www. proacceso. org), han expresado al ser consultados por Cultura/ s.A pesar de que desde los años ochenta se ha avanzado, los impedimentos siguen siendo muy graves e impropios de un país democrático. Todos coinciden en la necesidad urgente de la elaboración de una ley de Archivos.

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Gustau Castanyer opina, desde Nueva York, que el caso español es paradigmático. Hay un abismo entre nuestra ambigua normativa y la legislación internacional. Una mejor legislación del acceso a la documentación es una reinvindicación endémica de los profesionales de los archivos, desatendida hasta hoy por todas las administraciones. La única regulación es la ley de Patrimonio Histórico de 1985, una ley demasiado genérica, no especializada en archivos ni en su acceso, que, básicamente, impide la consulta de fondos por dos motivos. Los documentos clasificados por la ley de Secretos Oficiales, o aquellos cuyo conocimiento pueda entrañar riesgos para la seguridad y defensa del Estado o la averiguación de delitos. Y los que puedan afectar a la seguridad, honor e intimidad de las personas, que sólo pueden ser consultados con el consentimiento de los afectados o cuando haya transcurrido un plazo de veinticinco años de su muerte, si su fecha es conocida o, en caso contrario, de cincuenta desde la elaboración del documento. A menudo, como le ha sucedido a quien firma este reportaje, la excusa de la intimidad se utiliza para vetar el acceso a documentos policiales, por contener nombres y datos de agentes. Una arbitrariedad más, pues, ¿cómo puede hoy considerarse intimidad personal protegible la actuación de funcionarios policiales de la dictadura en el ejercicio público de sus funciones? "Hay que considerar - especifica Castanyer-que la ley de Secretos Oficiales es preconstitucional, actualizada en 1978, que los conceptos seguridad y defensa del estado e intimidad de las personas son difusos, que el mecanismo para desclasificar no es claro, y que la tendencia internacional es abrir los archivos al acceso público a partir de pasados los treinta años. Creo, y así opinan también muchos de mis compañeros, que estas trabas no son algo accidental. La ley de Patrimonio es intencionadamente restrictiva, el objetivo podría ser retrasar el acceso a los documentos de la transición. Un documento de 1976 no sería accesible hasta el 2026. Y si se pudiera probar la muerte de la persona, lo hubiera sido en el 2001".Julián Casanova - que ha sido miembro de la comisión que asesoraba sobre las víctimas del franquismo al juez Garzón-,estudioso de la represión franquista y del papel de la iglesia en la Guerra Civil y la dictadura, afirma: "El acceso a la documentación nunca debería depender de la arbitrariedad del regente de turno, como sucede en algunos casos. Hay encargados de archivos que aplican un control ideológico-político a su trabajo y, a partir de él, deciden si te dan acceso o no a la documentación. Esto es especialmente cierto en los archivos de la Iglesia y del ejército, las dos instituciones fundamentales para entender nuestra historia del siglo XX. El ejército, como institución pública, debería conceder el acceso sin trabas. Hay archivos militares generales, como el de Ávilao el de Segovia, que funcionan bastante bien, pero cuando vas a los archivos de las Capitanías, entras en un laberinto kafkiano. Dependes de la arbitrariedad del funcionario. Y esto no puede ser. La documentación de la Iglesia católica, aunque sea una institución privada, por su papel y protagonismo en la historia reciente de España, debería estar a disposición de los investigadores. A mí, por ejemplo, hace ahora un año, en la basílica del Valle de los Caídos, no me facilitaron el acceso al registro de caídos allí sepultados".

No se sabe a ciencia cierta dónde están los archivos policiales, de la Guardia Civil, ode la Brigada Político-social de la dictadura. Se ha dicho que, en parte, fueron destruidos, pero no está claro dónde acaba la leyenda y dónde empieza la realidad. Ante esta cuestión, el historiador y especialista en represión Francisco Espinosa Maestre - miembro también de la comisión asesora de Garzón y autor del primer informe sobre víctimas que recibió el juez-afirma: "Pregunta clave. En eso andamos. Contamos con pruebas de que esos archivos del terror existieron: tanto los militares como la Guardia Civil como la policía disponían de información exhaustiva sobre la represión. En el caso de la Guardia Civil y de la policía se sabe que en los años ochenta, al menos parte de esta documentación pasó a Madrid. Aunque es posible que fuera destruida, como lo fueron los archivos del Movimiento durante la transición por orden de Martín Villa, mi impresión es que en un país tan burocratizado como este siempre queda alguna copia. Quién sabe si alguna vez aparecerá en los sótanos del AGA (Archivo General de la Administración). Miren lo que pasó con el fichero del Registro General de Penados. Estaba en el AGA, pero nadie nos lo había dicho. ¿Y qué decir de la documentación sobre campos de concentración y batallones de trabajo? El Tribunal de Cuentas contaba con una copia digitalizada, hecho que ocultaba con constancia propia de mejor empeño. Lo cierto es que ninguno de esos archivos antes aludidos ha podido ser consultado hasta la fecha. Hasta ahora hemos accedido a la represión por vías laterales".

Sobre los archivos militares, Gabriel Cardona, historiador especializado en el tema, tras constatar que su funcionamiento ha mejorado en democracia, por la voluntad de las personas más que por las directrices y recursos proporcionados por el ministerio, destaca graves problemas a los que no ve solución. "No existe un listado público y fácilmente accesible de los fondos existentes, ni se conoce cuáles están vedados a los investigadores, ni las razones por las que no se desclasifican. Figuran como directores personas sin cualificación profesional archivística ni histórica, mientras que el personal técnico es muy escaso y está situado en posiciones subordinadas del organigrama. Falta dramáticamente personal auxiliar, de modo que muchas gestiones se eternizan. La consulta telefónica sobre los inventarios puede depender de teléfonos que comunican continuamente, sin que exista un eficiente sistema de consulta por correo electrónico. Algunos archivos están enclavados en el interior de cuarteles y sin comunicación directa con el exterior. Los investigadores deben superar trámites de la seguridad militar, propia de establecimientos castrenses, pero no de archivos . La falta de recursos hace que algunos archivos tengan almacenadas, durante muchos años, enormes cantidades de documentación que no puede consultarse yni siquiera se sabe que existe. Muchos archivos se encuentran en ciudades alejadas, sin embargo, todos ellos mantienen un inflexible horario de 9 a 13.30 horas. Mientras los archivos ordinarios están abiertos ininterrumpidamente durante todo el día, quien pretenda trabajar en uno militar no podrá hacerlo por las tardes, con las consiguientes molestias, costes económicos y pérdidas de tiempo".

Jordi Guixé, estudioso de las redes de espionaje franquista, que ha trabajado en archivos españoles y franceses, añade: "En Francia hay documentos clasificados, en el caso de expedientes policiales, a veces, hasta cien años después, pero como mínimo están en los inventarios, sabes que existen y puedes iniciar medidas administrativas para solicitarlos. No siempre con éxito.

Es cierto que en los archivos militares generales (Ávila,Segovia, Guadalajara, Madrid), dejan ver la información y están inventariados, pero la arbitrariedad, a veces, también les afecta. Últimamente, en Ávila,todo lo que sea reservado,secreto o confidencial,no se puede consultar. Los archivos intermedios, como el del Bruc, en Barcelona, son un desastre. Hay toneladas de documentos en cajas militares - de munición, incluso-o en palets de madera. Los inventarios son mínimos, y lo peor es que hace días que no tienen director técnico. Todo depende de la voluntad de mandos militares que, a menudo, no quieren oir hablar de memoria ni de franquismo".

Gustau Nerín considera significativo que muchos historiadores incluyan en los agradecimientos de sus libros a los archiveros. "¿No se supone que los archiveros simplemente hacen su trabajo y que lo hacen igual para todo el mundo?", se pre-gunta. En cuanto a los militares coincide con sus colegas y añade : "En algún cuartel de España se exponen expedientes militares en las vitrinas del museo y se impide el acceso de los historiadores a estos materiales alegando que se trata de piezas de museo". Sobre su especialidad, el colonialismo, precisa: "Impera todavía un gran secretismo. Se bloquea el acceso a cuantiosos materiales referentes al Áfricaespañola. En especial, se impide acceder a las informaciones relativas a la descolonización de los territorios, amparándose en la ley de Secretos Oficiales. Además, buena parte de los archivos que guardan los materiales coloniales, tanto civiles como militares, están en un estado caótico y las investigaciones se eternizan".

Access Info Europe es una organización de derechos humanos dedicada a promover y proteger el derecho de acceso a la información en Europa y a contribuir al desarrollo de este derecho en el mundo. Eva Moraga, abogada de la entidad y autora del informeCuandolo público no es público (www. proacceso. org), aboga por la aprobación de una ley específica de acceso a la información: "El ámbito de aplicación de esta ley es más amplio que el relativo a los archivos históricos, pues se refiere a toda la información pública que se encuentre en manos de los poderes públicos, lo que incluye la información actual relativa a la acción corriente de las instituciones públicas, así como la relativa a los documentos que se hallen en archivos administrativos o en archivos históricos.

Tanto en el programa electoral de la pasada legislatura, como en el de esta, el PSOE se ha comprometido a aprobar una ley de estas características".

14-I-09, Xavier Montanyà, cultura/s/lavanguardia