Rajoy fa servir el Tribunal Constitucional com a arma política contra el secessionisme català
El conflicto de Catalunya y más concretamente las pretensiones plebiscitarias de Artur Mas en unas elecciones autonómicas que formula como dilema entre el sí y el no a la independencia han llevado al PP a plantear lo que supone prácticamente una revolución jurídica en España: la posibilidad de dotar al Tribunal Constitucional (TC) de la potestad sancionadora -hasta ahora reservada a la justicia ordinaria- para poder castigar al actual president en caso de que él, CDC y sus aliados se salten la Constitución mediante una declaración unilateral de independencia que choca con la Carta Magna.
La proposición de ley del PP, presentada esta mañana con carácter de urgencia por el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, acompañado por el candidato popular a la presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, cambia las reglas del juego cuando el partido del desafío independentista se acerca, al menos en la fase actual, a un desenlace que se teme dramático.
La iniciativa, que se ha registrado por el procedimiento de urgencia para que sea aprobada en lo que queda de legislatura, persigue en concreto que el TC pueda sancionar a las autoridades o personas que incumplan sus resoluciones, e incluye la posibilidad de suspenderlos en sus funciones y multas que oscilan entre los 3.000 y los 30.000 euros.
"La broma se ha terminado"
En rueda de prensa, García Albiol ha asegurado que la proposición de ley es la "garantía de que nadie pueda incumplir las resoluciones del TC y es un mensaje muy claro" a los que quieren romper Catalunya del resto de España "de que la broma se ha terminado". Además, ha continuado, va "en contra de aquellos que "pretenden saltarse las reglas del juego" y no respetan las decisiones de los tribunales. La iniciativa, que el candidato del PP ha calificado de "histórica", es "la forma más clara de demostrar" que los independentistas "no van a conseguir" su propósito, ha dicho.
Según ha explicado Rafael Hernando, con el trámite de urgencia se pretende que el pleno del Congreso vote la toma en consideración de esta proposición la semana del 14 de septiembre y después vote el texto legislativo el 29 de septiembre, dos días después de las elecciones catalanas.
A continuación, la proposición de ley pasará al Senado, para que, en el caso de que se introduzcan enmiendas, pueda volver a tiempo al Congreso y ser aprobada definitivamente antes de que acabe la legislatura, ha apuntado Hernando.
García Albiol ha pedido a todos los grupos parlamentarios del Congreso que apoyen la iniciativa, un reclamo que ha dirigido especialmente a Unió Democràtica de Catalunya (UDC) y al PSOE. Al respecto, Albiol ha señalado que en la votación de esta iniciativa se comprobará cuál es "la coherencia" de los socialistas, que "dicen una cosa en Madrid y lo contrario en Catalunya" cuando se refieren al debate soberanista catalán.
Reforma jurídica de calado
Hasta ahora, la justicia española tenía dos áreas claramente diferenciadas: la jurisdiccional, comúnmente llamada ordinaria y que va desde los juzgados de primera instancia y de instrucción hasta el Supremo, y la constitucional, en la que el TC dicta sentencias vinculantes en relación con los derechos y preceptos de la Constitución pero no tiene una cauce para garantizar su ejecución o cumplimiento, función que debe ceder a los jueces y tribunales jurisdiccionales correspondientes. La propuesta del PP rompe esta limitación.
Lo más relevante de la reforma, basada en los sistemas de otros países donde los tribunales constitucionales sí tienen potestades sancionadoras, es el momento de su presentación y el muy concreto objetivo que persigue: el de frenar a Mas. Y ahí está el flanco al que se dirigirán los ataques.
En concreto, la proposición pretende modificar los artículos 83, 87, 92 y 95 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, al que dota de instrumentos para que pueda garantizar el incumplimiento de sus sentencias. Recoge así, entre otras cosas, las citadas multas en caso de incumplimiento y la posibilidad de suspensión a autoridades y empleados públicos responsables así como la posibilidad de que el TC recurra al Gobierno para que "adopte las medidas necesarias" para "asegurar el cumplimiento de las resoluciones".
Para los casos en los que se incumplan decisiones del TC como la suspensión de actuaciones o disposiciones en "circunstancias de especial trascendencia constitucional", se permite al tribunal de oficio, a instancias del Gobierno, tomar las medidas necesarias para el cumplimiento "sin oír a las partes". Y además se da un plazo de tres días para comunicar a las partes y al fiscal y para que el Tribunal Constitucional dice resolución.
Objetivo: acabar con los incumplimientos
Según Hernando, en los últimos años se han visto situaciones de "desacato" e incumplimiento de las sentencias del TC, y esto "se tiene que acabar". Por eso, si las normas actuales no son suficientes para garantizar el cumplimiento de las leyes y en consecuencia los derechos de los ciudadanos, "lo que hay que hacer es adaptar las normas", ha dicho el portavoz popular. Se trata, ha insistido, de "defender los derechos individuales y colectivos del conjunto de los ciudadanos españoles, sean quienes sean y estén donde estén".
A pesar de que el anuncio se produce a pocas semanas de las elecciones catalanas, Rafael Hernando ha asegurado que la iniciativa no es ni "oportunista ni coyuntural", sino que tiene "verdadera vocación de futuro" para "suplir algunas lagunas".
El portavoz popular ha explicado por otra parte que ha avisado al PSOE de la presentación de esta reforma, y se ha remitido a los socialistas para que hagan su valoración cuando la estudien. Esta reforma es "la evidencia de que algunos defendemos a aquellos catalanes que se sienten profundamente catalanes pero también españoles no solo con palabras, sino con hechos", ha dicho Xavier García Albiol, que ha expresado su orgullo por haber trabajado con el grupo popular en la elaboración de esta reforma.
"Esta medida no va en contra de nadie. Bueno sí, va en contra de quienes no respetan las decisiones de los órganos judiciales, y de aquellos que pretenden saltarse las reglas de juego y se sienten impunes ante las decisiones de los tribunales", ha añadido.
1-IX-15, F. García, lavanguardia
Las asociaciones de jueces y fiscales se muestran divididas ante la propuesta del PP para que el TC sancione el incumplimiento de sus sentencias, una medida que la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura ve como "lógica", pero que colectivos más críticos han rechazado por verla "innecesaria". Los jueces y fiscales han reflejado así su opinión respecto a la última proposición de ley urgente que ha registrado esta mañana el PP en el Congreso, en la que propone que el Tribunal Constitucional (TC) tenga capacidad sancionadora si se incumplen sus sentencias, con el objetivo de que "nadie apruebe la independencia de Catalunya".
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha recordado a Efe que el TC ya tenía una capacidad "ejecutiva", por lo que ha considerado "lógica" esta iniciativa, un argumento con el que también ha coincido Emilio Frías, el portavoz de la Asociación de Fiscales (AF).
El PP ha registrado la iniciativa por el procedimiento de urgencia para que pueda ser aprobada antes de que concluya la legislatura, un mecanismo que para Llarena es "democráticamente válido", como cualquier herramienta de tramitación legislativa. En este sentido, ha restado importancia a los reproches de quienes, en su opinión, arremeten contra la iniciativa porque no les conviene políticamente.
Una de las asociaciones más críticas respecto a la proposición del PP ha sido Jueces para la Democracia (JpD), cuyo portavoz, Joaquim Bosch, ha opinado que una reforma de esta magnitud debería contar con un consenso "muy amplio" de fuerzas políticas y con una reflexión adecuada.
Esas premisas son para el portavoz de JpD "poco compatibles" con el carácter urgente con el que se ha registrado la propuesta, por lo que no se entiende, ha afirmado Bosch, que se quiera aprobar al final de la legislatura, "con prisas" y sin los informes pertinentes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial.
Ha mostrado su preocupación además ante el hecho que un tribunal "tan politizado como el TC" tenga competencias ejecutivas de sanción, especialmente cuando, a su entender, la justicia ordinaria ya tiene mecanismos para velar por el cumplimiento de las sentencias que dictan los tribunales.
Para Bosch, provoca "cierta preocupación" que el PP piense que el TC va actuar a su dictado en situaciones hipotéticas, como en las relacionadas con el proceso soberanista en Catalunya, y refleja la poca independencia del tribunal.
Por su parte, el portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, ha considerado que no se pueden atribuir facultades contenciosas a un tribunal que tiene las funciones marcadas de definir si una ley o una disposición judicial es constitucional o no.
"Estamos acostumbrados a este uso indebido de las reformas legales para solucionar problemas políticos como el del nacionalismo catalán", ha criticado Sexmero, a la vez que ha reiterado que atribuir a este órgano facultades ejecutivas supone "mezclar las cosas".
Sexmero ha coincidido con Bosch en que la justicia ordinaria ya vela por que se hagan efectivas las decisiones judiciales, aunque ha propuesto que se cree un sistema alternativo para garantizar definitivamente el cumplimiento de las sentencias de tribunales como el Constitucional.
1-IX-15, efe, lavanguardia