abusiu càstig a l’autoconsum domèstic amb energies renovables
Andrés Montesinos, un electricista de Foios (Valencia) de 50 años, prácticamente se autoabastece con energía solar estos días de intenso calor veraniego. Dos de las seis placas solares fotovoltaicas que tiene instaladas en su tejado (1.000 Wp) alimentan su casa y le permiten recargar las baterías que le dan luz por la noche. No obstante, sigue conectado a la red eléctrica general, que usa solamente en las puntas de consumo, cuando enciende el lavavajillas, el horno o el microondas. Gracias a esos ahorros, su factura de la luz es una cuarta parte de la de un usuario normal.
Pero Montesinos está muy enfadado. El nuevo borrador de real decreto de autoconsumo con energía solar preparado por el Ministerio de Industria (en información pública) haría inviable este tipo de instalaciones. Se introduce el llamado impuesto al sol para el ámbito doméstico (de 4,9 céntimos de euros el kilovatio hora producido), lo que imposibilitaría las inversiones en las plantas domésticas a quien quisiera ahorrar energía como él.
"Las barreras que pone el Gobierno al autoconsumo cierran todas las puertas al desarrollo de esta fuente de electricidad", sentencia José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), que reúne a 300 empresas del sectores (fabricantes, instaladores, promotores¿).
La medida es especialmente dolorosa porque el sector confiaba en este impulso, en un momento en que el coste de las placas solares se ha reducido un 60% en ocho años. Ya es más barato autoproducir energía solar que comprarla en la red; pero siempre que no se pongan barreras.
El borrador del real decreto perjudica especialmente al consumidor doméstico. La regulación en marcha sólo prevé un aprovechamiento instantáneo de la electricidad solar. Dicho de otra manera, no se recoge el llamado balance neto, modalidad que permitiría que cuando una instalación de autoconsumo genera más energía de la que consume (por ejemplo, cuando un hogar queda vacío) pueda ceder o vender el excedente a la red eléctrica, de forma que pueda recuperarla cuando no hace sol (por la noche, por ejemplo). Todo ello permitiría recuperar la inversión. La norma prevé que ese excedente simplemente se regale a la red, excepto si el particular se constituye en empresa.
Con las condiciones creadas, la inversión en una instalación doméstica tardaría 31 años en ser amortizada y en un hotel o un restaurante 12 años, según Unef. "En cambio, con el balance neto (si se permitiera intercambiar el excedente) la inversión doméstica se recuperaría en sólo 13 años; y en el caso de un hotel o restaurante, en sólo cinco años y medio", dice Donoso. No obstante, sí puede ser rentable para la pequeña y mediana empresa.
Andrés Montesinos produce estos días más electricidad de la que consume. ¿Y qué hace con la energía sobrante? La inyecta en la red eléctrica; la regala (a la compañía eléctrica). Lo hace por conciencia personal (mitigar el cambio climático, reducir importaciones de combustibles fósiles...); pero le gustaría obtener alguna remuneración por entregar la electricidad porque "si se pudiera vender la electricidad sobrante a la red, mucha más gente se animaría a instalar estas placas". "Pero no acepto un impuesto al sol que haga más cara la energía con autoconsumo que la obtenida de la red", añade.
La nueva normativa es muy restrictiva. Se eliminan las autorizaciones por la vía rápida que habían creado algunas autonomías y tiene un carácter retroactivo. Eso significa que si no se regularizan, pueden imponerse multas de hasta 60 millones de euros. Además quienes se acojan a las tarifas eléctricas sociales no pueden ser autoproductores.
El Ministerio de Industria ya promovió en el 2013 un primer borrador de decreto para regular el impuesto al sol para el autoconsumo, pero el documento fue rechazado por el Defensor del Pueblo y la Comisión Nacional de la Energía (CNE), entre otras instituciones. El CNE argumentó que la introducción del citado impuesto era "discriminatorio con respecto a los consumidores" que adoptan otras medidas de eficiencia energética (aislamientos, lámparas de bajo consumo...) para ahorrar energía.
Aquel anuncio ya frenó las nuevas instalaciones. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético apunta que el autoconsumo es legal y produce ahorros con la legislación actual. También afirma que el borrador actual vulnera las directivas europeas sobre eficiencia energéticas y fuentes renovables. "Vamos a tumbar esa norma. Es evidente que el Gobierno, en connivencia con las compañías eléctricas, quiere desincentivar que seamos productores de energía limpia", dice Cote Romero, portavoz de esta plataforma, que reúne a un centenar de entidades ciudadanas, y que invita a los españoles a ser productores de fuentes renovables.
25-VI-15, A. Cerrillo,lavanguardia
Fondos de inversión muy agresivos han empezado a comprar las plantas fotovoltaicas de pequeños inversionistas al borde de la ruina que no pueden devolver los préstamos tras los recortes de ayudas que ha sufrido esta fuente de energía limpia. La mayoría de pequeños y medianos productores fotovoltaicos ha tenido que hipotecar sus casas para hacer frente a los créditos bancarios. Y ahora, en un momento de desesperación, muchos venden a bajos precios a cambio de evitar que los bancos ejecuten las garantías personales otorgadas en su día.
"Los fondos buitre nos persiguen. Nos acosan. Muchos pequeños y medianos inversiones no pueden devolver los préstamos y optan por vender su instalación a cambio de perder de vista la deuda con el banco", señala Juan Castro-Gil, abogado la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier), que defiende los intereses de unos 60.000 afectados.
Los pequeños promotores deben vender porque asumieron créditos bancarios que comportaban el 80% de la inversión, sin que puedan devolverlos debido al recorte de la retribución o primas (de hasta el 50%) ordenada por el Gobierno en su reforma eléctrica. En estos años han conseguido ingresos por la venta de la electricidad generada, "pero la retribución no les permite pagar el crédito".
Un ejemplo lo representa un inversionista que hizo una aportación de 50.000 euros en una inversión total de 250.000 euros (en una planta en Lleida, de 25 kW con seguimiento solar, por ejemplo). Esta persona cobraba -antes de los recortes- 20.000 euros brutos al año por la venta de la electricidad; pero ahora, tras la reforma energética (descontando gastos de mantenimiento e impuestos), ingresa sólo 11.500 euros al año mientras que debe pagar unos 16.000 euros al año para devolver el crédito.
Fuentes de Anpier señalan que las ofertas que reciben para vender vienen frecuentemente de la mano de los bancos, que "son los que están detrás de muchas propuestas". "Los bancos ceden la planta a estos inversionistas en muy buenas condiciones; incluso haciéndoles quitas. Por eso, nos preguntamos: ¿por qué no nos la hacen a nosotros. Rehúyen la respuesta", dice Castro-Gil.
Los pequeños ahorradores e inversionistas han sufrido drásticos recortes de la retribución de los kilovatios hora producidos, a causa de la reforma energética del Gobierno, que ellos consideran injusta. Por eso han presentado centenares de reclamaciones ante el Tribunal Supremo. "Somos los preferentistas olvidados", dicen.
No obstante, ha habido pequeños inversionistas que han afrontado la deuda gracias a la ayuda familiar o de allegados. Para estos fondos de inversión, la ventaja es que adquieren la planta a bajo precio, con expectativas de explotarla 20 años más, y con el ánimo de beneficiarse de las futuras sentencias favorables que les den la razón (cuando se resuelvan los litigios).
25-VI-15, A. Cerrillo,lavanguardia