moviment indignat a Honduras

El movimiento de los indignados tiene ya una réplica en Honduras. Y su dimensión crece día a día, en cada marcha de protesta contra la corrupción generalizada que ahoga a este pequeño país, uno de los más violentos y pobres del mundo. Ayer, el hartazgo ciudadano se dejó sentir en una concentración convocada de nuevo a través de las redes sociales por una alianza espontánea de jóvenes que logró reunir en la capital, Tegucigalpa, a miles de personas.

Los manifestantes exigían una comisión internacional contra la impunidad que investigue las denuncias de un monumental fraude a la caja del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS), perpetrado por funcionarios y miembros del Gobierno para financiar al oficialista Partido Nacional durante la campaña que llevó al poder al actual presidente, Juan Orlando Hernández. Los organizadores de la protesta, que se identifican en la blogosfera como #oposicionindignada, lanzaron su llamamiento con los hashtags #FueraJOH #RenunciaJOH (por las siglas del presidente) y #ceroimpunidadIHSS.

Dos días antes de la concentración, Hernández admitió haber recibido recursos de empresas legalmente constituidas y otras fantasma vinculadas con el desfalco al Seguro Social, aunque dijo desconocer el origen de los fondos. "Yo, Juan Orlando, no tengo nada que ver", afirmó. Según sus declara-ciones, el importe de la financiación ilegal no habría superado los tres millones de lempiras (unos 125.000 euros). Sin embargo, la comisión que investiga el caso -integrada por todos los partidos en el Congreso- acumula denuncias de fraude por más de 90 millones de euros. "Está tratando de reconocer una pequeña parte de lo que hay en los cheques para el Partido Nacional, pero es mucho más", dijo sobre la intervención del presidente Salvador Nasralla, líder del opositor Partido Anticorrupción y periodista de gran proyección que se ha sumado a la protesta.

Los datos facilitados por la comisión parlamentaria muestran la dimensión del escándalo: se suministraron medicamentos adulterados, se vaciaron las contribuciones de los trabajadores, se sobrevaloraron servicios hasta en un 400%, dejaron de ofrecerse productos médicos de primera necesidad y, con el dinero defraudado, además de financiar la campaña de Hernández se compraron docenas de viviendas y vehículos de lujo en EE.UU., Honduras y Chile. También se pagaron viajes de placer y fiestas.

El saqueo al Seguro Social, que cuenta con 1,6 millones de afiliados, se llevó a cabo entre el 2010 y el 2014, cuando el país era gobernado por Porfirio Lobo, miembro también del Partido Nacional y cuyo hijo fue detenido recientemente en Haití por narcotráfico. En la operación están implicados Ricardo Álvarez, actual vicepresidente; Hilda Hernández, ministra de Estrategia y Comunicaciones y hermana del presidente; Yolani Batres, ministra de Salud, y Oscar Álvarez, jefe del grupo parlamentario oficialista. Hasta el momento, el director del IHSS, Mario Zelaya, dos exmi-nistros y al menos otras dos personas están en la cárcel, mientras el resto de la junta directiva del organismo espera juicio en libertad.

La oposición ha criticado la lentitud del ministerio público y cree que las investigaciones podrían implicar aún más al partido gubernamental, justo cuando la justicia abrió la puerta para modificar la Constitución y permitir la reelección presidencial en el 2017.

El fiscal Roberto Ramírez, principal investigador del caso, tuvo que abandonar Honduras la semana pasada tras recibir amenazas de muerte, clasificadas por los servicios de inteligencia como "extraordinariamente altas" en un país que, según Naciones Unidas, registra una tasa de homicidios de 86 por cada 100.000 habitantes, la más alta del planeta.

7-VI-15, E. Sabartés, lavanguardia