opac finançament, Públic, de l’Esglèsia catòlica (11.000 milions anuals)

 

2015 Financiacion ICatolica

 

 

Algunos datos sobre la financiación de la iglesia católica en España

LA IGLESIA CATÓLICA OFICIAL NO SUFRE LA CRISIS Y DISFRUTA DE UN VERDADERO PARAÍSO FISCAL

Mientras aumenta la pobreza y se privatizan servicios públicos

El Estado español (central y periférico) aporta a la Iglesia católica, a través de subvenciones directas y exención de tributos una cifra que supera los  ONCE MIL millones de euros anuales.

Esa cantidad supone más del 1% del Producto Interior Bruto de España

Ello significa que cada persona residente en España, sea católica o no, le corresponde una “cuota o dádiva” indirecta a la Iglesia católica de unos 240 € al año o 20 € al mes.

La iglesia católica española es inmensamente rica, NO ha sufrido la crisis y además disfruta de un verdadero paraíso fiscal, al estar libre de pagar impuestos, como el IBI, obras, sociedades, etc.

La inmensa mayoría de los bienes que están en su poder y de sus cuentas son totalmente opacas.

Esta situación es ilegítima, injusta y presuntamente ilegal, y ello ocurre con la complicidad y asentimiento de los poderes públicos, que estarían cometiendo presuntos delitos políticos.

Resumen aproximado de aportaciones directas e indirectas del Estado (central y periférico) y valoración por exención de impuestos. Contabilizados globalmente en millones de euros (M€), directos a la iglesia católica y sus organizaciones, asociaciones y fundaciones,

Asignación IRPF (financiación del culto y el clero,…)…………………….     250 M€
Asignación IRPF (fines sociales ONGS y fundaciones Iglesia…)………     100 M€
Exenciones y bonificaciones tributarias:…………………………………  2 000 M€
           IBI                                                                                    700 M€
          Patrimonio, sociedades, obras…..                            1 300 M€
Enseñanza:………………………………………………………………….
 4 900 M€
          Personal que imparte religión católica                      600 M€
          Financiación centros concertados católicos           4 300 M€
Para la obra social y asistencial……………………………………….
 2 000 M€
57 Complejos Hospitalarios (dependen subvención CCAA)………….     900 M€
Funcionarios capellanes (ejército, cuarteles, hospitales…)……………       50 M€
Mantenimiento del patrimonio en poder de la iglesia católica…….     600 M€
Subvenciones y gastos eventos religiosos diversos… y otros……..     300 M€
Participación con entidades católicas, como la Obra Pía……..
       10 M€
Benef. patrimoniales y financieros,… (Imposible cuantificar)……
      s/c
Donaciones de suelo,…                                (Imposible cuantificar)……       s/c
Inmatriculaciones,…                                   (Imposible cuantificar)……       s/c


                                                         Total aproximado, de unos 11.110 M€/año

En el documento completo (ver al final) tiene información sobre cada apartado.

Asignación tributaria IRPF

Los aproximadamente 250 millones de euros que cada año el Estado ingresa a la Iglesia católica para financiar el culto el clero y el proselitismo religioso de la Conferencia Episcopal española, con los correspondientes adelantos mensuales a cuenta de varios millones de euros, como consecuencia del porcentaje de quienes señalan la casilla del IRPF, se detraen del monto total del Impuesto de la Renta.

Los contribuyentes que marcan la casilla NO pagan más.

Por lo tanto, somos TODOS los contribuyentes (católicos o no) los que abonamos este “canon obligatorio” que supone unos 5€/habitante y año, que se detraen de las arcas públicas y por lo tanto, se dejan de invertir esos 250 M€ en bienes, obras y servicios públicos.

Hecho que es totalmente ilegal, injusto e injustificable.

La cifra, presunta y estimada, es que a lo largo del año 2015 el Estado (central, autonómico y local) cederá a la iglesia católica oficial, de forma directa o por la vía de dejar de ingresar impuestos y precios públicos, una cifra superior a los ONCE MIL millones de euros, lo que supone más del 1% del PIB.

Sólo por la vía del IRPF la Conferencia Episcopal recibirá, en 2015, aproximadamente unos 250 millones de €, que pertenecen a la asignación tributaria directa del IRPF (2013), con adelantos mensuales a cuenta de unos 13 millones de euros, más varias decenas de millones de €.

Por la vía de “fines sociales” a diversas ONGS y fundaciones que pertenecen a la Iglesia católica se les entregarán varias decenas de millones de euros a los largo de 2015. Esas cantidades llagan por diversas vías ministeriales y de CCAA, detrayéndose del Impuesto de la renta.

La casilla de “fines sociales” es la coartada que sirve para justificar la de la Iglesia católica. En nuestra opinión los fines sociales no deben depender de lo que decidan los contribuyentes cada año, sino que deben de tener partidas específicas y estables en los Presupuestos Generales del Estado

Es más esta fórmula es la que sirve al Estado para PRIVATIZAR y PRECARIZAR -de forma más o menos encubierta- Servicios que deberían ser PÚBLICOS.

POR ESO EUROPA LAICA PIDE NO MARCAR NINGUNA CASILLA EN EL IRPF.

LA IGLESIA CATÓLICA ES FINANCIADA, CON LA COMPLICIDAD DEL ESTADO

La jerarquía católica, en la firma de los Acuerdos Económicos en enero de 1979, se comprometió a lograr, por sí misma, los recursos suficientes para la atención de sus necesidades (autofinanciación).

Han pasado más de 35 años, la Iglesia católica NO ha cumplido su compromiso, por lo tanto el Estado estaría obligado a NO cumplir este Acuerdo.

Sin embargo, todo lo contrario, se han ido aumentando las partidas destinadas a la financiación de la Conferencia Episcopal española, año tras año, adquiriéndose nuevos compromisos por parte del Estado, desde 2007.

Hechos y evidencias

La iglesia católica oficial española es propietaria o presuntamente se ha apropiado, a lo largo de la historia, de una buena parte del patrimonio que posee, por vías ilegítimas e ilegales, con el consentimiento o la complicidad del Estado. A través de sus más de 40.000 instituciones (diócesis, parroquias, órdenes y congregaciones religiosas, asociaciones, ONGS, fundaciones, universidades, centros de Enseñanza, etc.) conforma un enorme patrimonio, consistente en bienes mobiliarios e inmobiliarios: Ejemplos: más de 110.000 propiedades, entre lugares de culto, pisos, locales, etc. (vacíos, ocupados o alquilados a terceros, por los cuales no pagan impuestos, ni son declarados como negocio). Aproximadamente es propietaria del 70% del suelo habitable de Toledo, Ávila, Burgos y Santiago y porcentajes menores en los más de 8.000 municipios del Estado. Además posee más de 150.000 hectáreas en tierras agrícolas (muchas de ellas son tierras muertas y sin uso). También, bienes suntuarios (como el enorme patrimonio en joyas, trajes, etc.), posee innumerables obras de arte, participaciones en bolsa, depósitos, letras del tesoro, capital en fundaciones. Aunque las más de 40.000 instituciones tengan autonomía jurídica y administrativa, no dejan de formar parte de la misma organización eclesial, cuya dependencia de la Santa Sede es absoluta. También participa en el sector financiero español (fundamentalmente cajas de ahorro) (Ver Anexo III). Posee innumerables empresas mediáticas y de comunicación social, así como del mundo editorial. Es partícipe, además, de acciones en multitud de grupos empresariales de diversos ámbitos.

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Para leer las 14 páginas del Informe completo, entra en el siguente archivo PDF:

OPACIDAD Y FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA. INFORME 2015 DE EUROAPA LAICA


Firma y apoya las campañas contra la financiación pública de las religiones:

FIRMA: NO A LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DE LAS IGLESIAS

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FIRMA: QUE LAS IGLESIAS PAGUEN EL IBI

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FIRMA: NO A LAS INMATRICULACIONES Y RESTITUCIÓN DE LOS BIENES USURPADOS

2015 Financiacion ICatolica

Europa Laica · 5 abril, 2015, laicismo.org

El organismo se ampara en el Acuerdo económico entre el Estado Español y la Santa Sede de 1979 y obvia que estaría facultado por la ley de Transparencia.

Desde el Tribunal de Cuentas se advierte de que la Iglesia podría estar “sobrefinanciada” o incurriendo en un “enriquecimiento injusto”.

En 2012, desde el Departamento Primero del Tribunal de Cuentas se solicitó incluir la fiscalización del 0,7% de la Iglesia Católica, pero el responsable de esta sección, Manuel Aznar, no lo consideró prioritario. En 2015, se rechazó por un “problema de tiempo”

Resultat d'imatges de iglesia ibiEl dinero que reciben del Estado las autoridades eclesiásticas españolas nunca ha sido fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, ante el que sí comparecen, por ejemplo, los partidos políticos o las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), entidades sin ánimo de lucro. La Iglesia Católica, bien protegida por los Acuerdos de España con la Santa Sede (1979), se limita a presentar una memoria con el uso que ha hecho de los fondos públicos, en el que tampoco figura documentación alguna que acredite de forma fehaciente la citada utilización.

Desde el propio Tribunal de Cuentas se apunta que, si hubiese voluntad real de fiscalizar el dinero de los ciudadanos que recibe la Iglesia Católica, podría hacerse aplicando la ley de Transparencia aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. En el art. 3 de esta norma, se declara sujetas a sus mandatos -entre los que se incluye publicitar recursos económicos de los que dispone y actividades que realiza- a las entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones públicas, si cumplen alguno de los siguientes requisitos: “Que las ayudas sean superiores a los cien mil euros, o que al menos, el 40% de sus ingresos tenga carácter de subvención o ayuda pública”.

El Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979 blinda de forma férrea a las autoridades católicas de tener que dar explicaciones contrastadas sobre el destino del dinero público que reciben. Concretamente, en el “Protocolo adicional”de este convenio de hace más de 36 años se recoge que la “dotación” que el Estado destine a la Iglesia Católica, a través de los Presupuestos Generales del Estado, ha de cuantificarse conforme a “los fines a que destine la Iglesia los recursos recibidos del Estado en consideración a la memoria a que se refiere el párrafo siguiente”; éste que es “la aplicación de los fondos, proyectada y realizada por la Iglesia, dentro del conjunto de sus necesidades, de las cantidades a incluir en el presupuesto o recibidas del Estado en el año anterior, se describirá en la memoria que, a efectos de la aportación mencionada, se presentará anualmente“. Es decir, la Iglesia decide el dinero público que necesita conforme a los fines que ella fija también y justifica su gasto con una memoria que constituye un “relato” del gasto que también ella había reivindicado.

Fuentes del Tribunal de Cuentas reconocen a Público, además, que “el problema es que la Iglesia Católica no se financia únicamente con el 0,7% del IRPF”, sino que recibe también cantidades “desconocidas” imposibles de cuantificar y procedentes de conciertos educativos, sanitarios o “a través de sus propias entidades destinadas a fines sociales, como Cáritas o Manos Unidas”.

El 0,7% del IRPF destinado a la Iglesia Católica fue fijado según la “Disposición adicional decimoctava” de la ley que fija los PGE 2007 (42/2006) y que aborda la “Revisión del sistema de asignación tributaria a la Iglesia Católica de 2007″, igualándola al 0,7% correspondiente a la casilla de “fines sociales”. Con la diferencia, advierten desde el organismo fiscalizador, de que “a las entidades sin ánimo de lucro que atienden necesidades sociales -y entre las que se encuentra la citada Cáritas-, se les detalla un régimen de justificación muy estricto procedente de la ley de subvenciones”, en cuyo art. 9 obliga a justificar el gasto de dinero público con la “presentación de los documentos que acrediten la ejecución de la obra”, unos “documentos específicos” señalados en las convocatorias junto a los “plazos de presentación”.

Los Programas de Fiscalización que aprueba el Congreso de un año para otro y a propuesta del Tribunal de Cuentas nunca han incluido a la Iglesia Católica. Sin embargo, desde el Departamento Primero del órgano fiscalizador, que engloba los ministerios económicos de la Administración General del Estado (AGE), “se solicitó en 2012″ que se incluyese para el Programa de 2013, aseguran a este diario fuentes del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, según los mismos interlocutores de Público, el director de ese Departamento, Manuel Aznar (hermano del expresidente del Gobierno) “contestó formal y expresamente que esta línea no estaba dentro de las prioridades” de su sección.

Una “declaración de intenciones”

En el diseño del programa para 2015, volvió a solicitarse la fiscalización del dinero público que recibe la Iglesia Católica vía PGE, pero en esta ocasión, el Departamento Primero lo rechazó por un “problema de tiempo”. Con todo, según informan las fuentes internas del Tribunal fiscalizador consultadas, en el pleno donde se manifestó también la “necesidad de fiscalizar las exenciones fiscales concedidas a la Iglesia”, se adoptó un acuerdo para introducir “las modificaciones necesarias en el Programa para posibilitar esos exámenes”. Todo quedó, subrayan desde el Tribunal de Cuentas, en “una mera declaración de intenciones” sin concreción alguna.

¿Por qué se evita continuamente abordar el asunto de la fiscalización del dinero público que recibe la Iglesia Católica cuando la sociedad demanda más transparencia a sus instituciones? En el propio Tribunal de Cuentas se tiene la impresión de que “si se conociese la cuantía total recibida por todos los conceptos y se dispusiera del listado de actividades desarrolladas”, se llegaría a la “conclusión de que la Iglesia está sobrefinanciada“. Es más, y en “términos jurídicos”, advierte un miembro del Tribunal de Cuentas, “es muy posible que la Iglesia esté obteniendo un enriquecimiento injusto con esta forma peculiar de financiación, que suma vías finalistas y otras de sostenimiento general”.

El problema para sacar adelante la fiscalización del dinero público que recibe la Iglesia, se señala desde el mismo órgano, está en el Acuerdo con la Santa Sede del 79, donde late “la ausencia de un parámetro de validez en la justificación del 0,7%”. Es decir, aclaran las fuentes, “si no hay una norma que me detalle cuáles son los requisitos que yo tengo que cumplir a la hora de justificar el destino de las cantidades entregadas, no hay institución que, posteriormente, me pueda hacer reproche alguno”. Así ocurrió, por ejemplo, con la cuenta municipal de 7,1 millones de pesetas de la que disponía el exalcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, para dar limosnas a quien él creyera conveniente y que incluía a afortunadas como la vigilia de la Inmaculada o las monjas de La Latina.

Por: Ana Pardo de Vera · Fuente: Público · 25 marzo, 2015, laicismo.org