"Financiación de los partidos políticos (y otras entidades ciudadanas)", Juan Pina

Financiación de los partidos políticos

Como cualquier otra organización ciudadana, los partidos políticos deben financiarse mediante las aportaciones de sus militantes y simpatizantes. La financiación estatal de los partidos es injusta al obligar a los ciudadanos a participar vía impuestos en la financiación de todas las fuerzas políticas y no exclusivamente de aquellas que desee. Además la financiación proporcional a los escaños o votos actuales es doblemente injusta, al fomentar la perpetuación de los partidos y dificultar la aparición de nuevas formaciones políticas.

Financiación de entidades ciudadanas

Existen muchos tipos de entidades privadas no lucrativas: sindicatos, organizaciones empresariales, partidos políticos, asociaciones civiles de todo tipo, organizaciones religiosas, etcétera.

Desde mi visión del liberalismo, todas esas entidades deben tener la fuerza económica que les confiera su implantación real en la sociedad. Por lo tanto subvencionar a estas entidades desde el Estado es un acto de intervencionismo. Una vez más, los intérpretes de la voluntad ciudadana se arrogan el derecho de actuar en nuestro nombre, como si nosotros no nos bastáramos solos para decidir a qué entidades apoyar y a cuales no. Deben ser los ciudadanos por sí mismos quienes paguen cuotas a las entidades que quieran, y realicen sus aportaciones y donaciones en dinero, en tiempo de colaboración o en especie a aquellas organizaciones que quieran apoyar.

Se suele argumentar contra esto que si no hubiera subvenciones las organizaciones no lucrativas de toda índole se arruinarían, ya que la donación espontánea o la suscripción de cuotas no basta para financiarlas.

En ese caso, lo que se puede hacer es calcular cuánto dinero al año debe gastar el Estado en aportaciones a todas las organizaciones no lucrativas de cualquier tipo, y a continuación establecer el correspondiente porcentaje como aporte en la declaración de la renta, con desgravación plena.

Así serán directamente los ciudadanos, sin intermediarios ni intérpretes, quienes apoyen las causas y entidades que quieran. Dejará de existir el lobby ante los responsables de conceder subvenciones. Dejarán de estar semiamordazadas las entidades ciudadanas frente al Estado. Dejaremos de financiar entidades que nadie apoya pero que le caen bien al político de turno.

Es simple. En la declaración habría un listado de entidades y se pone la cruz en una o varias, repartiéndose el porcentaje que corresponda. Se pueden establecer sistemas aún más precisos y mejores. Por ejemplo, que no haya listado de organizaciones sino que cada ciudadano reciba una especie de cheque de Hacienda por el importe que le corresponda como porcentaje destinado a las entidades ciudadanas, o varios cheques como una especie de papel moneda especial. Después el ciudadano os entrega a las entidades que quiera (sólo las entidades no lucrativas podrán canjear estos bonos, quedando además registrada la procedencia de las aportaciones). Además, el ciudadano por supuesto seguiría siendo libre de contribuir aún más, de forma secreta si así lo desea, a las mismas u otras entidades.

De lo que se trata es de descolonizar el Tercer Sector, los partidos y sindicatos y las confesiones religiosas. Que su poca o mucha financiación, tanto libre como encauzada a través de un porcentaje de la carga fiscal, se deba única y exclusivamente a su real fuerza social y a la soberana voluntad del individuo.

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