caixa black: mig milió d’euros diaris de la Generalitat de Camps

La artista Rosita Amores en una imagen que formaba parte de una...Degustació d'orxata per més de 1.000 euros, mariscada a domicili per 200 euros, tiberi d'alts càrrecs per 1.200 euros, taxis de 70 euros per a una distància de cinc quilòmetres o 3.000 euros per traduir un text. Aquestes són algunes de les despeses realitzades per alts càrrecs de l'administració de l'expresident Francisco Camps que es van fer amb càrrec a la denominada caixa fixa; un instrument de totes les administracions per atendre "petits pagaments" no pressupostats. El problema és que en el cas valencià les factures que estan divulgant diversos mitjans confirmen l'excés i el malbaratament d'un temps que ara l'executiu d'Alberto Fabra vol oblidar. "No volem valorar les despeses poc decoroses d'un altre temps", assenyalava ahir la consellera portaveu de la Generalitat, María José Catalá.

Però l'oposició, que la qualifica de caixa black, vol veure les factures des de l'any 2006 fins al 2011; perquè, entre d'altres, molts d'aquests alts càrrecs continuen treballant a la Generalitat Valenciana o en altres institucions governades pel PP. Una sentència del TSJ de València ha donat la raó a Compromís perquè se li lliurin tres milions de factures: però la Generalitat Valenciana ha anunciat recurs de cassació per impedir-ho. El problema, denuncia l'oposició, "és que si se sap la veritat, aquest Govern cau de ple", segons la diputada Mònica Oltra.

La veritat és que l'Administració de Camps tenia gairebé 300 caixes fixes (de les quals una quarta part les controlaven alts càrrecs), i que hi va haver anys en què es van gastar més de 190 milions d'euros en aquest concepte. El conseller d'Hisenda, Juan Carlos Moragues, defensa que totes aquestes despeses eren legals, que van estar auditades; però l'oposició creu que van ser una forma d'enriquiment particular i, fins i tot, de finançar il·legalment activitats del PP. "El problema no és el mecanisme de la caixa, sinó l'ús de la caixa, que recorda el de les targetes negres", segons el diputat d'EUPV, Ignacio Blanco.

Fonts del PSPV-PSOE i Compromís calculen que la xifra de despesa de les caixes fixes dels alts càrrecs durant els anys assenyalats superaria els 350 milions d'euros, extrem que no ha estat negat des de l'executiu de Fabra, que insisteix en la legalitat i en en el fet que "ara això seria impossible", segons Catalá.

De moment són poques les factures que s'han fet públiques, però en fonts pròximes al president es reconeixia que "això ens pot fer molt mal". Serveixi com a exemple que l'exconseller Juan Cotino i els seus alts càrrecs van gastar en un matí 850 euros de brioixeria per seguir un debat parlamentari sobre el cas Gürtel. O el que es va pagar a la popular vedet valenciana Rosita Amores amb la caixa fixa perquè actués en residències d'ancians. "Això només és el principi", conclou la diputada de Compromís, Mònica Oltra.

25-x-14, Brunet/Tarín, lavanguardia

Se pagaba y nadie preguntaba. El escándalo sobre el uso de la caja fija, la caja black de la Administración valenciana para la oposición, ha removido los cimientos de la Generalitat. Las filtraciones que han motivado la caza del 'topo' en Presidencia, y el cese del jefe de escoltas de Alberto Fabra por un interrogatorio ilegal al jefe de prensa de su vicepresidente para descubrir a los traidores, ha dividido al Partido Popular, que afronta enemistado una campaña electoral decisiva.

El gasto anual que se deriva de las cajas fijas, unas 200 en total vinculadas a cuentas de La Caixa y BBVA, se estima a fecha de hoy en 40 millones de euros, aunque la oposición lo eleva hasta el medio millón de euros diario en 2008. La partida viene recogida en el Capítulo II de los presupuestos de la Generalitat y se incluye para hacer frente, en teoría, a pequeños gastos del día a día y no bloquear el funcionamiento de la Administración.

Pese a los interrogatorios y el plan interno de Presidencia contra las filtraciones, se siguen aireando facturas de caja fija. Un método de pago legal pero del que desconfían jueces y fiscales porque el Consell habría pervertido su uso y «dificultan el ya de por sí deficitario control y fiscalización de la facturación y contratación» en asuntos menores, según estimó el juez de la Gürtel valenciana cuando procesó a 21 altos cargos de Francisco Camps.

PANES Y TAXIS. Más de 817 euros se gastó la Conselleria de Medio Ambiente en una sola factura de un horno. Tortillas, empanadillas, pepitos... Los servicios de taxis se dispararon en 2010. Medio Ambiente gastó centenares de miles de euros en recorridos fantasma. Por apenas cinco kilómetros se pagaron hasta 70 euros.

El TSJ de la Comunidad obliga a entregar a la diputada de Compromís Mònica Oltra todas las facturas que se abonaron por esa vía desde 2006, tres millones en total. El Consell ha intentado ganar tiempo con un recurso ante el Supremo para evitar que se difundan antes de las elecciones, pero las fugas de información en el Palau continúan.

EL MUNDO ha tenido acceso a centenares de facturas abonadas a través de una de las cajas fijas, en concreto, la que usó el recién dimitido presidente de las Cortes, Juan Cotino, y sus colaboradores en su etapa como conseller de Urbanismo y Medio Ambiente.

Los pagos reflejan gastos peculiares de altos cargos: desde 1.524 euros por enviar documentación a Brasil en 2010 pese al uso generalizado del correo electrónico, hasta 947 euros en figuritas encargadas a las Carmelitas, 1.180 euros en horchata o más de 1.000 euros en taxis. Pero en los expedientes no sólo se incluyen este tipo de facturas, también encargos a bufetes de abogados que en teoría deberían haber pasado por un concurso público, tal y como establece la ley de contratos.

CARMELITAS DESCALZAS Y ABOGADOS. La Conselleria de Juan Cotino, vinculado al Opus Dei, pagó 947 euros por varias «figuras» y placas. La factura se presentó en Medio Ambiente el 22 de diciembre de 2010 por lo que todo apunta que las «figuritas» representaban escenas de la Navidad. También figuran encargos a bufetes de abogados que en teoría deberían haber pasado por un concurso público

Se conocían los gastos en pechugas, ñoras, noches de hotel en fin de año, los pagos a la vedette Rosita Amores para animar las residencias de pensionistas, abusos en el uso de taxis y hasta pedidos de sushi. Pero las nuevas facturas evidencian que, por ejemplo, los encargos de comida japonesa eran más frecuentes de lo que realmente se pensaba.

Cristina Serrano, alto cargo de Cotino y Rafael Blasco -condenado a ocho años de cárcel por robar ayudas de las ONG- autorizó decenas de facturas que ella misma presentó y aprobó sin supervisión. Serrano, que en la actualidad asesora al alcalde de Gandía en asuntos económicos, era una de las habituales en restaurantes de cierto nivel en Valencia. En 2010, pasó facturas de Sushi Club por más de 500 euros. Aparentemente los gastos no guardan ninguna vinculación con su trabajo de entonces, ya que varios de los pedidos se realizan en horario nocturno (21:54, 23:12, 22:04 o 23:23). Siempre pidió palillos para dos y repite menús: ensalada Tori y variados de niguiri de langostino, pulpo y salmón, además de atún. El técnico que conforma las facturas también se repite, Clementino García, y los recibos oscilan entre los 50 y 68 euros, en función de su apetito. Pero hay más.

MARISCO Y SAO PAULO. Cristina Serrano cargó también 213,45 euros en una comida en una marisquería de Valencia. Se pagaron también 1.524 euros por enviar documentación a Brasil a finales de 2009. En este caso, según el expediente, sí hubieron reparos al gasto. Un informe alerta de que no se explicaba «suficientemente el gasto». Se desconoce para qué se utilizó el paquete en plena era digital.

El uso que hacían los altos cargos de los taxis es más que cuestionable. La Generalitat ha pagado centenares de miles de euros para que sus altos cargos se desplacen en taxi por la Comunidad, y Cristina Serrano no es una excepción. Curiosamente a Serrano siempre le recogía el mismo vehículo, que ha llegado a tardar cuatro horas para realizar desplazamientos por el centro de Valencia. Según esta documentación, se autorizan los pagos pese a que en el informe de facturas no se facilita la calle de recogida ni el destino. Uno de los pagos que más llama la atención es por un desplazamiento de la calle Francisco Cubells, donde tenía antes su sede la Conselleria, a la plaza de Manises. Cinco kilómetros de recorrido que costaron 46 euros exactos a la Administración. El mismo recorrido, seis días antes, costó 71,30 euros. Y así centenares de desplazamientos más.

1.180 euros en horchata, 817 en bollos y 3.540 a la Universidad de La Rioja

La Generalitat camufla pagos que deberían regirse por ley
Más gastos que se conocían, y que también fueron abonados por la caja fija de Medio Ambiente, corresponden a comidas en el Restaurante Aragón 58, donde pagaron 213,45 euros por un menú que incluyó 19 gambas rayadas, quisquillas cocidas y un Glenrothes de 12 años para que los comensales, cuya identidad se desconoce porque este sistema no exige ningún control, reposaran la mariscada. Pero por caja fija, según esta documentación, también se pagaron 1.180 euros en horchata en 2009, en principio para una degustación en el Auditorio Santiago Grisolía. También otros 3.540 euros a la Fundación Universidad de la Rioja por un informe sobre el trasvase del Ebro o 100 euros más por participar en una charla de la Fundación Vives, vinculada a Juan Cotino. También 817,60 euros en bollos y empanadillas, que se pidieron a la Pastisseria Desamparats, para un supuesto almuerzo de trabajo. Además, por este sistema se contrataron trabajos a despachos jurídicos pese a que por su cuantía el proceso debería haber seguido la ley de contratos públicos. Por caja fija, pues, se abonó 20.880 euros por un trabajo sobre las acciones definidas en la estrategia territorial de la Generalitat y 11.334 euros por la elaboración de un decreto de Cotino. El alto cargo que valida la primera de las facturas es Aránzazu Muñoz, que también autorizó el pago camuflado de otros 30.000 euros a integrantes de la trama Brugal mientras llovían los regalos al PP de Alicante y Valencia. El gusto de determinados altos cargos por la comida selecta es evidente. Cristina Serrano también pasó facturas del restaurante D Trufa y Cuchara (66,6 euros), Cómo quieres que te quiera (61,74 euros) o Tragaltres (75 euros). Ésta última factura la conforma Serrano pero la pasa María Ángeles Ureña, investigada en Brugal por favorecer, al parecer, al empresario Enrique Ortiz y en la actualidad presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar. En el restaurante Sierra de Aitana ambas gastaron 251 euros más.

23-X-14, J. Nieto, elmundo

La polémica sobre los gastos de caja fija del Consell alteró este jueves la sesión de control al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en las Cortes Valencianas. Los tres partidos de la oposición aumentaron la presión sobre el jefe del Consell a costa de los escándalos de corrupción y el despilfarro en gastos que hoy, en plena crisis económica, son a todas luces suntuarios. La izquierda reclama la relación de gastos y las facturas de las cajas fijas de las consejerías desde el año 2006, que el Gobierno valenciano asegura que no puede entregar por el enorme volumen de documentación que representa, a pesar de que hay una sentencia del TSJ favorable a un recurso de Compromís que obliga a hacerlo. Fabra y sus consejeros se defendieron tachando las críticas de demagógicas y reiterando que los de gastos de caja fija están bien controlados.

El portavoz socialista, Antonio Torres, subió la temperatura al instar al Consell a personarse como acusación en la pieza cinco del caso Gürtel que instruye el Tribunal Superior de Justicia sobre los contratos menores de la trama con la Generalitat. “En la Comunidad Valenciana existió una concertación delictiva de altos cargos con distintas empresas para adjudicar contratos a dedo, centrifugando la contratación o recurriendo a la caja fija”, dijo Torres, que vaticinó: “Usted no va a hacer nada porque una parte del dinero ha ido al PP y porque usted también es responsable del saqueo como miembro del consejo de administración de Castelló Cultural”. Según Torres, en la etapa en la que Alberto Fabra y el presidente de las Cortes, Alejandro Font de Mora, formaron parte de este organismo se adjudicaron a Gürtel los actos del primer aniversario de Castelló Cultural y el segundo congreso de software libre con procedimientos irregulares e hinchando el precio.

El presidente de la Generalitat, que intentó en vano llevar la discusión hacia los buenos resultados de la Encuesta Población Activa, reprochó a los socialistas: “Ustedes buscan la condena mediática. No quieren justicia”. Luego, replicó con el “y tu más” y recordó que el secretario general del PSPV, Ximo Puig, aparece mencionado en una de las conversaciones del empresario Enrique Ortiz, imputado Gürtel y en Brugal. La consejera portavoz María José Català ha remachó con la idea de que el exalcalde de Gandia, José Manuel Orengo, también está imputado y sigue en la ejecutiva del PSPV-PSOE.

El clima se caldeó aún más con las intervenciones de los portavoces de Compromís y Esquerra Unida. “Queremos saber en qué se gastan nuestro dinero”, insistió Enric Morera. El portavoz de Compormís propuso a Fabra “dejar de gastar diez días en la caja fija” y destinar ese dinero, unos cinco millones de euros, a medidas contra la pobreza. ¿Qué hubiese pasado si el dinero de la caja negra se hubiese destinado a la renta garantizada de ciudadanía?, recalcó Mònica Oltra.

Esas alusiones enervaron al consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, que intentó detallar todos los controles de las cajas fijas y reprochó la actitud de Mònica Oltra y Compromís, que lo interrumpieron. El presidente de las Cortes, Alejandro Font de Mora, optó finalmente por retirar la palabra al consejero y aprovechó para reprender a todos los diputados: “Si no se respetan, trasladan una imagen de gamberrismo institucional. Se lo pido como presidente y como valenciano”.

Oltra acusa a altos cargos del PP de "pegarse la vida padre" con fondos públicos

La última intervención, de Marga Sanz, de Esquerra Unida, centrada en la pobreza, también derivó al uso poco ético del dinero de las cajas fijas. “Mientras comen entrecot”, dijo Sanz en referencia a una de las facturas de caja fija de la Consejería de Medio Ambiente en la etapa en la que Juan Cotino era consejero, “ustedes se oponen en las Cortes a que los niños en riesgo de exclusión tengan garantizadas tres comidas diarias”. Fabra, como en la réplica a los socialistas, sacó a relucir los escándalos que han afectado a varios ediles de Esquerra Unida, ya expulsados de la coalición. “Estamos en el buen camino”, insistió el presidente de la Generalitat, “Lento, es cierto, pero a usted le parece mal que reduzcamos el paro”.

Ya en los pasillos, Moragues, que anunció que la Generalitat recurrirá contra la suspensión del impuesto sobre depósitos bancarios, tuvo que responder a las preguntas de los periodistas sobre la caja fija. El consejero de Hacienda y Administración Pública ha insistido en que el uso de ese mecanismo es perfectamente legal para gastos recurrentes y repetitivos para reparaciones, mantenimiento o material de oficina, así como para manutención, locomoción y estancias. Moragues cifró en alrededor de 260 las cajas fijas existentes en la Administración valenciana y acotó en “una cuarta parte” las que están al servicio de altos cargos. El resto las manejan funcionarios, añadió. Sobre los gastos polémicos que se han conocido hasta ahora y que pudieron ser “poco decorosos”, declaró: “No me voy a meter en determinados casos personales que se produjeron hace bastantes años”.

La oposición cargó con dureza. Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, calificó de “insulto a la inteligencia” que se implique a los funcionarios en el manejo de la caja fija. “La responsabilidad es de los políticos del PP que han hecho un uso indecente de ella”, señaló el diputado. “Miente Moragues, miente Fabra y miente María José Català”, proclamó Mònica Oltra, de Compromís, que negó la supuesta dificultad del Consell de entregar las facturas de caja fija a la oposición. “Lo explica la propia sentencia, solo tienen que apretar un botón”, añadió la diputada, en referencia a que el Gobierno valenciano podría inmediatamente facilitar una relación informática de los gastos y la oposición reclamar aquellas facturas o justificantes concretos que le parecieran significativos. “El Gobierno valenciano no aprieta el botón porque, si lo aprieta, al día siguiente se tiene que ir”, indicó la diputada, que aludió a los fraccionamientos de contratos que se han hecho con cargo a lo que calificó como “caja negra” y acusó a altos cargos del PP de “pagarse la vida padre, una vida de lujo” con dinero público.

El portavoz socialista, Antonio Torres, dijo, a su vez, que el uso de la caja fija “no puede quedar impune”, pero fue el diputado Rafael Rubio el que entró más a fondo cuando señaló que la utilización fraudulenta de la caja fija está recogida en los autos del juez José Ceres, que instruye la investigación sobre el caso Gürtel, precisamente a causa de su opacidad y de las facilidades que ofreció para pagar contratos sin control a la trama de corrupción.

23-X-14, Ferrandis/Beltran, elpais