A veces, para ironizar sobre la actual escalada de impuestos, tributos y otras formas de recaudación, se dice aquello de “al final nos van a cobrar hasta por el aire que respiramos”. Pues bien, tal vez deberíamos ir reconsiderando la idoneidad del registro irónico. Y es que, aunque respirar (de momento) sigue estando exento de gravámenes, hay otra cosa (tan intangible y, en principio, tan irreconciliable con las ideas de propiedad y arrendamiento como el aire) que sí pretenden empezar a cobrarnos: la luz del sol. Hace unos días lo explicaba Antonio Cerrillo en este diario: la última invención del Gobierno central se llama “peaje de respaldo” y consiste en un canon que se aplicará al autoconsumo de energía solar. Es decir, nos quieren cobrar por consumir la energía del sol, obtenida dentro de los límites de nuestra casa y a través de una instalación autónoma, pagada de nuestro bolsillo. Increíble, pero cierto. Los expertos se llevan las manos a la cabeza. Incluso la Comisión Nacional de la Energía y la Comisión Nacional de la Competencia consideran que la medida es descabellada. El Ministerio de Industria justifica el peaje arguyendo que el autoconsumo debe asumir los costes de funcionamiento de la red eléctrica ya disponible. Y se quedan tan anchos…

La propuesta de aplicación del peaje se suma a un largo e inclemente historial de reformas orientadas a regular el maltrecho sector fotovoltaico; un sector que, hoy por hoy, ha perdido su potencial competitivo. El anuncio de la propuesta de ley coincide con la enésima subida del precio de la electricidad. Que las únicas beneficiarias de todo esto son las grandes empresas de producción y distribución de electricidad se sobreentiende. Frente a esta última bofetada, uno no sabe qué resulta más grave: si tener un Gobierno que desincentiva y penaliza el uso de energías limpias, hipotecando gravemente la economía del consumidor y el futuro del país, o que ese mismo Gobierno se atreva a hacerlo con esa desfachatez chulesca a la que nos tiene acostumbrados. La única explicación razonable para esta vergonzosa propuesta de ley sólo puede residir en la archiconocida permeabilidad entre la esfera política y las juntas directivas y los consejos de las empresas que se reparten el oligopolio energético. Hará más o menos un mes, cuando nos ocupábamos de la venta de un valioso espacio natural por parte del Gobierno, hablábamos de “insulto a la inteligencia del personal”. A este paso, las vejaciones a las que nos someten nuestros políticos día a día llegarán a ser de tal calibre que no podrán ser descritas con palabras aceptables en las páginas de un periódico.

21-X-13, FOMENT DE LES ARTS I DEL DISSENY, lavanguardia