l’Audiencia Nacional segueix investigant el Govern xinès per genocidi al Tibet
En el caso del genocidio en Tíbet la Audiencia ha encontrado la rendija por la que ordenar que sigan las investigaciones y que se curse orden de detención internacional contra altos exdirigentes chinos. Así, la sección cuarta de la sala de lo penal exigió ayer al juez Ismael Moreno que ordene la busca y captura del expresidente chino Jiang Zemin, el exprimer ministro Li Peng, el jefe de la seguridad china y responsable de la policía Qiao Shi, el exsecretario del Partido Comunista en Tíbet Chen Kuiyan y el exministro de Planificación Familiar Peng Pelyun por sus presuntas responsabilidades en delitos de genocidio perpetrados en Tíbet.
En el mencionado auto, los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel admiten el recurso presentado por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa del Tíbet y Thubten Wangchen Sherpa Sherpa contra la decisión del juez instructor de no emitir las órdenes de detención, como le pidieron. Los cinco exdirigentes están imputados por el presunto genocidio sufrido por el pueblo tibetano y la comisión de crímenes de guerra.
Los denunciantes han venido sosteniendo ante la Audiencia que, tras la ocupación del territorio en 1950, más de un millón de tibetanos fueron asesinados o murieron a manos de oficiales chinos, y más del 90% de las instituciones religiosas y culturales fueron destruidas. A este respecto, los tres magistrados citados han considerado en su auto que “existen indicios de la participación en los hechos” de los cinco altos cargos imputados “habida cuenta de la responsabilidad política o militar de cada uno de ellos en el periodo a que se remontan los hechos que se investigan”.
La sección cuarta imputó el 10 de octubre al también expresidente Hu Jintao, al considerar que su cargo de secretario general del comité central del Partido Comunista en Tíbet, que desempeñó entre 1988 y 1992, le confería “la competencia y capacidad orgánica suficientes para dirigir acciones y campañas tendentes a hostigar a la población”. Pero la orden de detención dictada ayer no le afecta. La sección precisaba que el papel de Hu en los hechos no implica “una participación directa en el acoso al pueblo y la nación tibetana”.
El juez Ismael Moreno, a su vez, investiga las prácticas que las autoridades chinas llevaron a cabo durante la década de los ochenta y noventa destinadas a “eliminar la idiosincrasia y existencia del país” a través de la imposición de la ley marcial. En los documentos unidos al proceso, entre las prácticas supuestamente habituales chinas en Tíbet se describen los desplazamientos forzosos de población y la “eliminación paulatina de la población autóctona”.
La querella que dio origen al procedimiento fue admitida a trámite en enero del 2006, cuando la Audiencia se declaró competente para investigar el genocidio denunciado, ante la imposibilidad de que fuera perseguido por tribunales chinos o el Tribunal Penal Internacional. Uno de los factores que han permitido que la Audiencia se implique reside en que uno de los querellantes, el lama Thubten Wangchen, director de Casa del Tíbet en Barcelona, tiene nacionalidad española.
20-XI-13, J.M. Brunet, lavanguardia
El gobierno chino, herido por la decisión de la Audiencia Nacional de juzgar por genocidio a cinco dirigentes del país, entre ellos el expresidente Jiang Zemin y el exprimer ministro Li Peng, convocó el pasado miércoles al embajador español, Manuel María Valencia Alonso, para expresarle su indignación por esta medida, según informa El País. Paralelamente, un representante de Exteriores acudió a la embajada china en Madrid para defender que el Gobierno no tenía nada que ver con esta medida judicial.
22-XI-13, lavanguardia
Gran malestar en Pekín. El Gobierno chino expresó ayer su disgusto por las órdenes de detención dictadas por la justicia española contra cinco exlíderes comunistas por genocidio en Tíbet. Una iniciativa que amenaza con enrarecer las relaciones bilaterales entre los dos países.
“China expresa su gran malestar y su firme oposición a las instituciones españolas que, ignorando la posición china y siendo inconsistentes con previas declaraciones, manipulan este asunto”, declaró el portavoz de Exteriores, Hong Lei, en su cotidiana rueda de prensa.
Con sus declaraciones, el portavoz gubernamental del gigante asiático se refería a las órdenes de detención emitidas el día anterior por la Audiencia Nacional contra el expresidente chino Jiang Zemin, el ex primer ministro Li Peng, el ex jefe de seguridad y responsable de la policía armada Qiao Shi, el exsecretario del Partido Comunista en Tíbet Chen Kuiyuan y la ex ministra de Planificación Familiar Peng Peiyun. Todo ellos están imputados por su presunta responsabilidad en delitos de genocidio contra la población tibetana.
Unas diligencias judiciales que tienen su origen en la admisión del recurso presentado por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa del Tíbet y el lama Thubten Wangchen, que tiene la nacionalidad española.
El Ejecutivo chino pidió igualmente a España que actúe con prudencia y que clarifique su postura. “Esperamos que las partes relevantes de España tengan en cuenta la posición y la preocupación chinas, y no hagan nada que dañe a este país o a la relaciones entre China y España”, agregó Hong Lei.
El portavoz de Exteriores culpó a “los separatistas tibetanos en el extranjero” de crear esta situación. Les acusó de “crear rumores, calumnias y acusaciones falsas contra el Gobierno chino para dañar las relaciones bilaterales de China con otros países”. Y subrayó que “estas acciones están condenadas al fracaso”. En este sentido, Hong Lei precisó que la postura de China respecto al asunto de Tíbet es “clara y consistente” y recordó que “España también lo sabe”.
La irritación china ante estas diligencias judiciales ordenadas por la justicia española se deben a que llueve sobre mojado. Pekín ya mostró su disgusto el pasado octubre, cuando la sección cuarta de la sala de lo penal imputó al también expresidente Hu Jintao, por sus responsabilidades en aquella región cuando estuvo al frente del Partido Comunista en Tíbet entre 1988 y 1992. En esta ocasión, China denunció que la iniciativa interfería en sus asuntos internos. Sin embargo, el martes la Audiencia no dictó ninguna orden de detención contra el político, que dirigió el país entre el 2003 y 2013, por considerar que no tuvo una participación directa en el acoso a los tibetanos.
En referencia a este tema, Zhu Weiqun, presidente del comité de Asuntos Étnicos y Religiosos de la Conferencia Consultiva Política –el máximo órgano consultivo del Parlamento chino– calificó el caso de absurdo, según declaraciones recogidas el pasado martes por la prensa estatal. “Si el tribunal de algún país asume este asunto, hará caer sobre sí mismo una enorme vergüenza”, dijo Zhu. “Que sigan adelante si se atreven”, añadió.
China asegura que Tíbet forma parte de su territorio desde hace siglos, y que en 1950 fue “liberado pacíficamente de la teocracia” del Dalai Lama. Según las autoridades chinas, en esta región reinaba antes la pobreza, la explotación y el estancamiento económico. Una situación que se halla en proceso de evolución debido a los planes de inversión y modernización de Pekín.
Las organizaciones tibetanas en el exilio, en cambio, argumentan que esta región del sur de China era prácticamente independiente cuando fue ocupada por las tropas comunistas. Estos grupos acusan a los dirigentes de Pekín de reprimir la cultura y la religión de los tibetanos, así como de discriminar a su población mediante la aplicación de políticas destinadas a promover la colonización de la región a través de la etnia mayoritaria han.
21-XI-13, I. Ambrós, lavanguardia