fins ara, el Govern tractava de delinqüents als consumidors de tecnologia. Ara, a tothom

Encara que el denominat cànon digital es va suprimir el passat 31 de desembre, continua vigent la compensació equitativa per còpia privada en ser un dret reconegut als autors i creadors en la Llei de Propietat Intel·lectual de 1987.

En el reial decret es preveu el procediment de càlcul i de pagament amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat per a la compensació pel dany que els autors i creadors sofreixen per la còpia privada. L'import previst per a la compensació és de cinc milions d'euros per 2012 i sengles per 2013, tal com figura en el projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat. Un xifra que contrasta amb els 115 milions d'euros que van cobrar les entitats de gestió en 2011 pel vell model de cànon, ferit de mort després d'una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en el cas Padawan. Aquestes entitats han manifestat en repetides ocasions el seu desacord amb la nova manera de compensar als autors.

En essència, el nou cànon manté el mateix defecte de l'anterior: la presumpció que tots els usuaris de suports tecnològics de còpia infringeixen la Llei de Propietat Intel·lectual. Abans s'aplicava a tots els compradors de dites dispositives. Ara s'estén a tots els ciutadans, en utilitzar-se la borsa comuna dels pressupostos de l'Estat per indemnitzar als creadors.

7-XII-12, elcultural

El Consejo de Ministros aprobó ayer la entrada en vigor del Real Decreto que regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada, que a partir de ahora se cargará a los Presupuestos Generales del Estado. Se trata de un nuevo sistema que sustituye al llamado "canon digital", la tasa que se aplicaba a medios de grabación por efectuar copias privadas para compensar a autores, editores, productores y entidades de gestión de los derechos de autor.

Con el Real Decreto aprobado ayer se regulará y fijará quiénes son los beneficiarios de la compensación equitativa por copia privada, con cuánto han de ser compensados, cómo se va a determinar la cuantía, qué porcentajes estarán destinados a soportes sonoros, audiovisuales y libros y la asignación a las entidades de gestión para su posterior reparto. La cantidad será fijada y abonada a ejercicio vencido, ya que la estimación del perjuicio causado por las copias privadas se realizará en función de estadísticas.

Los más críticos quieren ver en la nueva normativa una vuelta del canon digital eliminado el 31 de diciembre pasado. La diferencia es que sí antes se imponía un canon a los sistemas o aparatos de grabaciones, ahora, esa tasa la pagaran todos los contribuyentes, ya que se abona con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer, tras la reunión del Consejo de Ministros, que el Real Decreto "permitirá llevar a cabo esa compensación" y cumplir con las sentencias del Tribunal Superior de la UE y de la Audiencia Nacional, como la Sentencia Padawan de 2010, que exigían un mayor esfuerzo a los Estados Miembros de la UE por tener en cuenta en este pago que los dispositivos y soportes digitales no siempre son utilizados para realizar copias privadas. Para el pago de la copia privada, este año se emitirá una compensación de 5 millones de euros, igual que para 2013, cifra que repercutirá en la totalidad de la ciudadanía, igual que sucede en la mayoría de los países nórdicos, lo que algunos ven desequilibrado si se tiene en cuenta que su situación económica de aquellos es más favorable.

Según Sáenz de Santamaría, la nueva norma "solo determina quién recibe esa compensación, con criterios objetivos de repartos", pero "no se establece ningún tipo de impuesto añadido al usuario". "Se da cumplimiento a ese decreto ley que eliminó el canon de los aparatos de reproducción y ahora son los Presupuestos Generales del Estado los que fijan una cantidad que se reparte, pero no se fija ningún nuevo impuesto", explicó.

El real Decreto esboza que serán las propias entidades de gestión las que se encarguen del reparto de las cantidades fijadas por el ministerio a partir de los criterios técnicos establecidos que determinan quienes son los beneficiarios. Los criterios también tienen en cuenta la estimación del número de copias realizadas, el impacto sobre la venta de ejemplares de las obras, el precio medio y la vigencia de los derechos de propiedad intelectual de las obras, el daño mínimo y la aplicación de medidas tecnológicas.

8-XII-12, elfarodevigo