Rajoy fa un ús sectari de la Constitució davant el ’pacte fiscal' català

El rechazo de la propuesta de pacto fiscal por parte del presidente del Gobierno del Estado no creo que a estas alturas haya sorprendido a nadie. Sí lo ha hecho, en cambio, la utilización de la pretendida inconstitucionalidad de la propuesta como argumento principal y casi único de este rechazo, así como el hecho de que el presidente no haya estimado necesario aportar ni una sola fundamentación jurídica para justificar esta trascendental “declaración de inconstitucionalidad” adoptada de forma sumaria y preliminar.

Es más que probable que esta falta de fundamentación sea debida, simplemente, al hecho de que no existe ningún buen argumento jurídico en el que basar esta decisión. Es un lugar común entre los especialistas en esta materia la afirmación de que, respecto de la financiación autonómica, la Constitución se limita a establecer unas pocas reglas y principios, que no fijan un modelo de financiación completo ni único; aunque, como es obvio, estas reglas y principios deben ser respetadas siempre que se pretenda establecer en una comunidad autónoma uno de los diversos modelos que caben en el marco constitucional.

Estas reglas y principios son esencialmente los de solidaridad y prohibición de privilegios económicos y sociales, el listado de los distintos tipos de tributo que corresponden a las comunidades autónomas y la regla que establece que la potestad originaria para crear tributos corresponde al Estado. Pues bien, ni el concierto vasco ni el convenio navarro vulneran estos principios –de hecho, el Tribunal Constitucional ha advertido que la disposición adicional de la Constitución en la que se basan estos conciertos no es cláusula que permita incumplir la Constitución, sino que simplemente permite tener un sistema de financiación propio sin necesidad de que la Lofca así lo establezca–, y, por la misma razón, no es imposible imaginar modelos de financiación respetuosos con la Constitución basados en los amplios criterios establecidos en la propuesta del Parlament siguiendo el modelo del concierto. Debe tenerse en cuenta que estos criterios incluían la solidaridad y la intervención del legislador estatal a través de la Lofca. Nada de esto ha sido tenido en cuenta al realizar el referido juicio sumarísimo y liminar.

Ciertamente, debe reconocerse que hoy este debate jurídico resulta ya perfectamente estéril: tanto como hacer la autopsia al cadáver de un no nacido. No obstante, la decisión del presidente del Gobierno pone de manifiesto algunos problemas de fondo que no por conocidos son menos importantes ni menos necesitados de ser destacados. Así, por ejemplo, es cierto que la Constitución y los debates sobre la constitucionalidad de las propuestas políticas siempre han formado parte del debate político, y es perfectamente legítimo que así sea. Con todo, convertir el juicio de constitucionalidad en el único argumento para rechazar una propuesta de un Parlamento autonómico y hacerlo, además, sin ninguna fundamentación, equivale a dar a la Constitución un papel político tan desmesurado que la convierte en un arma política alterando así de raíz la naturaleza y la función que son propias de las constituciones.

De otro lado, afirmar que una propuesta preliminar y abierta como la del pacto fiscal no tiene cabida en una Constitución tan genérica como la española en esta materia equivale a dar al texto constitucional un alcance tan restrictivo que excluye prácticamente todas las alternativas políticas no coincidentes con la de quien hace este juicio. En definitiva, esta decisión confirma una patrimonialización de la Constitución que ya se puso de manifiesto hace un año con la reforma constitucional inicialmente pactada sólo por los dos grandes partidos de ámbito estatal.

Pero, sobre todo, más allá de estas consideraciones que para muchos catalanes pertenecen a un tiempo que ya no es el nuestro, lo que decisiones como la del rechazo al pacto fiscal revelan, una vez más, es que la Constitución española interpretada, aplicada y utilizada como lo hacen las instituciones centrales del Estado no solamente no sirve para canalizar las aspiraciones nacionales, políticas y económicas de la mayoría de los catalanes, sino que además, de hecho, se ha convertido en un instrumento para hacer frente a estos anhelos. Decisiones como esta hacen patente de modo evidente que este es un camino del que hay que salir, ya que no conduce a ninguna parte.

23-IX-12, Carles Viver Pi-Sunyer, exvicepresidente del Tribunal Constitucional, lavanguardia