Durante 48 interminables horas, el 19 y 20 de junio, las calles de Reynosa, una de las principales ciudades del Estado mexicano de Tamaulipas, se convirtieron en un campo de batalla, con fuerzas de seguridad –federales, estatales y locales– enfrentadas a tiros con sicarios del narcotráfico que acababan de asesinar a 14 personas –estudiantes, albañiles, transeúntes…– disparándoles al azar desde todoterrenos blindados. Cuatro de los asaltantes, que se movieron con la precisión de un comando militar, fueron abatidos por la policía después de que mataran a dos mujeres y un hombre que se negaron a entregarles el Nissan Murano en el que viajaban. En el maletero de otro de sus vehículos se encontraron a dos mujeres maniatadas y amordazadas.
La secretaría de Seguridad de Tamaulipas atribuyó el ataque a una facción del Cartel del Golfo, uno de las organizaciones criminales que compite por el control de la franja fronteriza con Texas, una extensa zona atravesada por narcotúneles y las rutas clandestinas de los coyotes que pasan inmigrantes indocumentados a Estados Unidos.
Según Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence, una consultora de seguridad de Ciudad de México, en todo el país operan unas 210 bandas del narcotráfico, 13 de ellas en Tamaulipas. El Cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los más grandes, ha absorbido al Cartel del Golfo, que dominaba el tráfico de armas, imprescindible para mantener su poder de fuego. Y de chantaje. El gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, está siendo investigado por la Fiscalía General por asociación ilícita y lavado de activos.
Narco-Estados
La masacre de Reynosa fue el último episodio de la guerra contra las drogas que Richard Nixon lanzó el 17 de julio de 1971 y que durante medio siglo ha sembrado de muerte y corrupción las calles, campos, tribunales y cárceles latinoamericanas.
Entre enero de 2006 –cuando el gobierno de Felipe Calderón lanzó su “guerra contra el narco”– y mayo de 2012, murieron unos 350.000 mexicanos en el fuego cruzado. Los homicidios se han triplicado en ese lapso pese a que los efectivos militares desplegados entre el desierto de Sonora y el istmo de Tehuantepec han pasado de los 50.000 durante el sexenio de Calderón a los actuales 150.000, si se suman los de la Guardia Nacional creada por Andrés Manuel López Obrador.
Según un informe de la ONU, entre 1989 y 2009 el consumo mundial de opiáceos aumentó un 34,5%. El narcotráfico era ya por entonces el tercer negocio del mundo, después del petróleo y las armas, moviendo unos 250.000 millones de dólares anuales. Antonio María Costa, exdirector de la UNODC, la agencia de las Naciones Unidas para el crimen y las drogas, estima que solo el 5% de los beneficios del tráfico de cocaína se queda en países como Bolivia, Perú o Colombia. El resto va a las redes de distribución y a paraísos fiscales en el Caribe.
«Según la UNODC, solo el 5% de los beneficios del tráfico de cocaína se queda en países como Bolivia, Perú o Colombia. El resto va a las redes de distribución y a paraísos fiscales en el Caribe»
Lo que sí se queda en la región es la violencia y la degradación medioambiental. Producir un gramo de cocaína implica la destrucción de cuatro metros cuadrados de bosques lluviosos en las regiones andinas y amazónicas por el uso intensivo de queroseno, acetona y ácido sulfúrico y clorhídrico en la elaboración del clorhidrato de cocaína. En países con Estados frágiles como los centroamericanos, el efecto es corrosivo. Guatemala tiene los ingresos fiscales más bajos de la región: 13,1%, frente al 22,9% de la media de América Latina y el Caribe. Ninguno de los países del ‘triángulo norte’ (El Salvador, Guatemala y Honduras) está entre los 100 mejor calificados en las listas de Transparencia Internacional. La corrupción les cuesta unos 13.000 millones de dólares anuales, el 5% del PIB.
Así, no resulta extraño que un tribunal de Nueva York haya acusado al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, de financiar sus campañas electorales con fondos del narcotráfico o que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, haya cerrado la agencia anticorrupción financiada por la Organización de Estados Americanos y ampliado la inmunidad de los políticos frente a procesos judiciales.
Ríos de hierro
A los miles de millones de dólares que gastan al año los estadounidenses en drogas, se suman los “ríos de hierro”, como Ioan Grillo llama en El narco (2012) a los flujos de armas de fuego entre EEUU y México. Entre ellas están los temibles fusiles de asalto Barrett .50, que disparan balas del tamaño de puñales. Sin este armamento pesado, los carteles no podrían sitiar ciudades enteras a plena luz del día como Reynosa o Culiacán, que el Cartel de Sinaloa atacó en 2019 para liberar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, hoy condenado a cadena perpetua en una prisión de alta seguridad en Colorado y cuya fortuna Forbes valoró en su momento en 1.000 millones de dólares.
En la última década, unos 2,5 millones de armas de fuego han llegado de manera ilegal a México, sobe todo desde Texas, Colorado y Arizona, donde el AR-15 de Colt, el fusil de asalto estándar del ejército de EEUU, es de venta libre. En mayo de 2010, en Laredo (Tamaulipas), la policía incautó a un camión 175 fusiles automáticos, 200 cacerinas, 53 bayonetas y 10.000 rondas de municiones.
«En la última década, unos 2,5 millones de armas de fuego han llegado de manera ilegal a México, sobe todo desde Texas, Colorado y Arizona»
En el mercado negro centroamericano es fácil encontrar granadas de mano por unos pocos cientos en dólares. Entre 1980 y 1993, EEUU vendió 266.000 granadas M67 a las fuerzas armadas salvadoreñas. En los países centroamericanos, muchos mareros –los miembros de bandas como la MS-18– son hijos de exguerrilleros, por lo que se consideran combatientes como sus padres, aunque ya no les interese el socialismo o la revolución, sino el poder y el dinero que otorgan las armas.
En Brasil, en un ataque que puso de rodillas a Sao Paulo en 2006, el Primeiro Comando da Capital incendió 82 autobuses, 17 bancos y mató a 42 policías. En la reciente campaña electoral mexicana fueron asesinados más de 30 candidatos. En Colombia, según el último informe de la ONU, el número de hectáreas dedicadas a cultivos ilegales de coca aumentó de 47.000 a 153.000 hectáreas entre en 2012 y fines de 2019.
Oferta y demanda
El 28 de enero de 1972, Nixon firmó la ley que oficializó la guerra asegurando que la drogadicción había alcanzado dimensiones de epidémicas, convirtiéndose en una “emergencia nacional”. La mayoría republicana aprobó una partida de 84 millones de dólares para la nueva cruzada. En 1986, la Anti-Drug Abuse Act entregó 1.700 millones de dólares a la administración de Ronald Reagan para financiarla. Actualmente, según estimaciones de la Drug Policy Alliance, EEUU gasta 51.000 millones de dólares en ese mismo –e inútil– empeño.
Muchos analistas creen que a Nixon le preocupaba sobre todo el número de heroinómanos entre los soldados que servían en Vietnam y a los que el Vietcong les proveía de heroína barata para inutilizarlos como combatientes. En 1971, un estudio del Pentágono encontró que 30.000 de sus militares en Vietnam eran adictos a la heroína. De hecho, la primera medida de la guerra contra las drogas fue exigir pruebas de orina a las tropas en Indochina.
«En 1986, un informe de la Rand Corporation concluyó que usar a las fuerzas armadas contra el narcotráfico terminaría siendo contraproducente porque aumentaría sus beneficios al reducir la oferta»
El enfoque militar condujo a un callejón sin salida. En 1986, un informe de la Rand Corporation concluyó que usar a las fuerzas armadas contra el narcotráfico terminaría siendo contraproducente porque aumentaría sus beneficios al reducir la oferta, como ya habían previsto estudios académicos de Milton Friedman, George Akerlof y Vernon L. Smith, entre otros premios Nobel de Economía.
Según cálculos de Jeffrey Miron, economista de la Universidad de Harvard, si aplicara tasas similares a las que gravan al tabaco y el alcohol, EEUU podría recaudar 8.700 millones de dólares anuales en impuestos al cannabis, 32.600 millones a la cocaína y a la heroína, y 5.400 millones por otras drogas.
Principios y políticas públicas
En 2011, con ocasión del 40 aniversario del comienzo de la guerra, Jimmy Carter escribió en The New York Times que el tratamiento penal y sancionador del problema había destruido las vidas de millones de jóvenes y sus familias, por lo que la estrategia debía replantearse para hacerla más “humana y eficaz”.
El problema es traducir esos principios en políticas públicas prácticas. Un sondeo de 2018 del Rasmussen Report encontró que menos del 10% de los encuestados en EEUU creía que la guerra se estaba ganando. En 2019 se produjeron 70.630 muertes por sobredosis en el país. Hoy ya no tiene sentido la antigua distinción entre países productores y consumidores porque casi todos son ya ambas cosas a la vez. Los únicos países que han logrado hacer progresos sustanciales han sido Holanda y Portugal, que han descriminalizado la posesión personal y abordan el problema como un asunto de salud pública, no de seguridad.
Ese enfoque se ha ido abriendo paso en muchos países latinoamericanos. En 2005, el Tribunal Supremo argentino declaró inconstitucional las sanciones contra el consumo personal de cannabis, cuyo cultivo y comercio con fines medicinales y recreativos ya ha sido legalizado en Uruguay, Canadá y varios Estados de EEUU.
México se apresta a adoptar una ley sobre cultivos canábicos que incorporará elementos de todos esos modelos y en la línea de las propuestas hechas hace una década por los expresidentes Ernesto Zedillo de México, Fernando Henrique Cardoso de Brasil y el colombiano César Gaviria, que no excluyeron ninguna opción, incluida la legalización.