paper de França en el genocidi tutsi a Ruanda

“Francia se ha [...] comprometido durante mucho tiempo con un régimen que respaldaba masacres racistas”: fórmula implacable de los 14 historiadores de la Comisión Duclert, encargada por Emmanuel Macron en 2019 de analizar el papel y la implicación de Francia en el genocidio tutsi en Ruanda. La publicación el 26 de marzo de sus conclusiones en un informe de 1.200 páginas coincide con los preparativos para las conmemoraciones del genocidio, que comenzó el 7 de abril de 1994 y que se cobró, en tan solo tres meses, más de 800.000 víctimas.

El 22 de junio de 1994, dos meses después del comienzo de las masacres, Francia lanzó la Operación Turquesa: 2.550 soldados franceses fueron enviados a Ruanda en una misión “humanitaria”, neutral, para intentar poner a salvo a los civiles y a los desplazados. Difícilmente Francia podía ser neutral, al apoyar al gobierno ruandés, entre 1990 y 1993, en la lucha contra el Frente Patriótico Ruandés (FPR), grupo fundado por miembros de la diáspora tutsi exiliados en Uganda. De hecho, la Operación Turquesa fue más allá de sus objetivos humanitarios al intentar frenar el avance del FPR, apoyando así, en la práctica, al gobierno provisional ruandés (GPR), que se formó a principios de abril de 1994 y orquestó el genocidio. Sin embargo, esta no es la única ambigüedad francesa: París fue, de triste memoria, el único país que reconoció oficialmente al GPR, dos de cuyos representantes fueron recibidos en la capital francesa veinte días después del inicio de las masacres.
 
¿Por qué ese apoyo notorio de Francia en la lucha contra el FPR, cuando el Ministro de Asuntos Exteriores, Alain Juppé, había declarado el 18 de mayo de 1994, ante la Asamblea Nacional, que un genocidio estaba en marcha? Esa es la terrible pregunta que la Comisión de Investigación de los Archivos Franceses relativos a Ruanda y al genocidio de los tutsis (1990-1994) ha intentado responder examinando más de 8.000 documentos. Al final de esta investigación, sus miembros, aunque optaron por descartar la noción de “complicidad" de Francia (una noción precisa del derecho penal francés que solo los tribunales pueden establecer), señalaron sin embargo “una ceguera persistente en la cúpula del Estado”. La conclusión es inapelable: “las autoridades francesas demostraron una ceguera continua en su apoyo a un régimen racista, corrupto y violento, que sin embargo fue concebido como un laboratorio para una nueva política francesa en África [...] En Francia, a las preocupaciones de los ministros, parlamentarios, altos funcionarios e intelectuales se les respondió únicamente con indiferencia, rechazo o mala fe”. Como lo señala Shahin Vallée al Grand Continent, la Comisión Duclert cuestiona la verticalidad del poder y el aislamiento del Elíseo y del Estado Mayor, que implementan una política africana sobre la que los demás servicios del Estado y el gobierno tienen poco control. El argumento es clásico: al igual que Vichy no era Francia, el Estado Mayor no es el Ejército y mucho menos el Estado. “Parcialmente cierto", este relato tendría sobre todo el mérito de preservar en gran medida el ejército como institución.
 
Sin embargo, no es necesario que se determine la complicidad para alimentar “una fuerte crítica a la política francesa en Ruanda", afirmaba en 2019 el historiador Florent Piton. Efectivamente, basta con recordar lo que Hubert Védrine, en ese entonces secretario general del Elíseo, declaraba en 1996: “Hutus y tutsis, a cada uno su país”, reduciendo una situación geopolítica compleja a la sola dimensión étnica, despreciando la historia de la región.
 
El informe Duclert supone un paso importante en el conocimiento y la comprensión de la acción francesa en Ruanda, pero solo un paso. A la labor del historiador debe seguir ahora la de la justicia, por iniciativa del poder político. ¿Será Emmanuel Macron quien “rompa la ley del silencio (...) o cederá a la facilidad de limitarse al minimum minorum”?, se pregunta Shahin Vallée. Comprender, juzgar, actuar: este lema, que debería ser el del gobierno francés en el caso ruandés, fue el título de la jornada de estudio que dedicamos, con Sciences Po, al caso ruandés hace dos años. La discusión que se inició entonces continuará en nuestro debate semanal en francés, el próximo martes, con Alain Gauthier, cofundador del colectivo de partes civiles para Ruanda, Rachel Lindon, abogada de derecho penal internacional, y Guillaume Ancel, antiguo teniente coronel del ejército francés, que lleva años denunciando lo que considera como “el Chernóbil de nuestras intervenciones en el extranjero”.
 
Además del debate del martes que promete ser fascinante, el GC también transmitirá durante una semana, y en exclusiva, Inkotanyi, un magnífico documental de Christophe Cotteret que inscribe el genocidio de los tutsis en Ruanda en la larga historia del país. Hace un retrato fino y matizado de Paul Kagame y, a su vez, expone muchos elementos sobre la implicación de las autoridades francesas y la inacción de la comunidad internacional. Además de ofrecer muchas perspectivas al espectador, la película propone, de cierto modo, una compleja reflexión sobre la representación del horror, necesaria para tomar la medida de lo ocurrido durante esos tres meses de 1994.

El informe Duclert arroja una dura luz sobre el extraño silencio francés que se instaló después del genocidio tutsi. En el caso ruandés, Francia ha optado a menudo por “ocultar y destruir las huellas de su implicación, especialmente mediante el uso generalizado de la ‘voz de orden’”, destaca Shahin Vallée. El último episodio, y no el menos importante, ha sido la negativa del presidente de la Asamblea Nacional a conceder a la comisión el acceso a sus archivos sobre la misión de información parlamentaria de 1998 sobre el genocidio. Así, Francia se encuentra sumida en lo que los 14 historiadores describen como un “triple bloqueo —memorial, político y archivístico—”. Este bloqueo es sintomático de las dificultades que experimentan las antiguas potencias imperiales o coloniales para adoptar una mirada franca y lúcida sobre sus acciones pasadas. Para comprender la dinámica de la psiquis post-imperial, Robert Gildea señalaba al GC que la descolonización no supuso la muerte de la historia colonial, cuyas supervivencias actuales —el neocolonialismo, la “fractura colonial”— son dolorosamente tangibles en Francia, el Reino Unido y en cualquier otro lugar donde el colonialismo fue a la vez “una historia de grandeza y de logros, [...] de masacres y expropiaciones”. En su libro L'esprit impérial, Robert Gildea postula, sin embargo, la existencia de una particularidad francesa: el Reino Unido, cuyo poder imperial, esencialmente marítimo, nunca se orientó hacia el continente europeo, vio rápidamente en su adhesión a la Unión un obstáculo a su nostalgia imperial; Francia, en cambio, que había dominado todo el continente en la época napoleónica, siempre consideró compatible el proyecto de unificación europea con sus ambiciones neocoloniales. Ahí radica quizás una clave para entender la actuación de Francia en Ruanda en los años noventa. Louis Gautier, director del último volumen de Mondes en guerre, identifica otra clave en una entrevista que concedió esta semana a la versión francesa del GC a propósito de su nuevo libro, Guerres sans frontières: la política francesa de extensión de su influencia en la región de los Grandes Lagos después de la Guerra Fría se debió en gran medida a una rivalidad “quimérica” con los anglosajones. Esta rivalidad llevó a Francia a desarrollar una política de cooperación militar con las antiguas colonias belgas, que se tradujo especialmente en la intervención francesa en Ruanda de 1990 a 1993.

Sin embargo, la propia existencia de la Comisión Duclert expresa un notable punto de inflexión en la visión que Francia tiene de ese capítulo de su historia. En abril de 2019, Emmanuel Macron le escribió a Vincent Duclert: “Quiero que el genocidio de los tutsis ocupe el lugar que le corresponde en nuestra memoria colectiva”; inmediatamente después, el presidente hizo del 7 de abril el día oficial de conmemoración del genocidio en Francia.

Si Francia parece dispuesta a considerar lo que fue su responsabilidad en el genocidio tutsi, no se puede olvidar que esta política conmemorativa no es desinteresada; con ella, París aspira a acercarse finalmente a Kigali, cuyo actual presidente, Paul Kagame, dirigía el FPR en la época del genocidio. En la estela del abandono del franco CFA a finales de 2019 o del controvertido informe Stora a principios de 2021, este primer paso hacia el reconocimiento por parte de París de su responsabilidad en Ruanda es, sobre todo, un instrumento fundamental de la política africana que pretende implementar Emmanuel Macron. En la entrevista que nos concedió el pasado mes de noviembre (en la que la palabra “África” aparece 40 veces), el Presidente francés declaró: “el tercer gran proyecto europeo, para mí, es la conversión de la mirada hacia África y la reinvención del eje afro-europeo.” Al mostrar su voluntad de introspección en el caso ruandés, París ofrece una importante prueba ante la perspectiva de este acercamiento.

— La doctrina Macron