(els metges de) Catalunya i Madrid s’enfronten sobre la eutanàssia
Guerra de comunicados
Los profesionales madrileños amenazan con no aplicar la ley en su comunidad
Ángel Hernández, que ayudó a morir a su esposa, ante el Congreso el día que se despenalizó la eutanasia
El pasado 17 de diciembre, el Congreso de los Diputados aprobó la primera ley reguladora de la eutanasia por 198 votos a favor, 138 en contra (PP,Vox y UPN) y dos abstenciones. A falta de la ratificación del Senado, un trámite previsto para febrero, el debate que la cuestión suscitó en la esfera política ha saltado al ámbito profesional sanitario. Los colegios oficiales de médicos de Madrid y de Catalunya se han pronunciado, respectivamente, en contra y a favor de la normativa en una especie de guerra de comunicados. Solo coinciden en la necesidad de potenciar la atención paliativa en el final de la vida.
Los colegios oficiales de médicos, farmacéuticos, y odontólogos y estomatólogos de Madrid se aliaron el miércoles para difundir un duro y escueto pronunciamiento contra el proyecto de ley de Eutanasia, en términos más ideológicos que profesionales. Demandan una ley general de cuidados paliativos y la retirada de la disposición sobre la eutanasia. “En el caso de que no se produzca dicha retirada, nos reservamos el derecho de solicitar a la Comunidad de Madrid, última responsable de la sanidad en nuestro ámbito, la no aplicación de una ley injusta que va contra la ética y la deontología”, amenazan.
Las organizaciones colegiales madrileñas denuncian “la indefensión para los profesionales sanitarios y el riesgo para la población que supone la ley de Eutanasia” y subrayan que esta práctica “está prohibida en toda Europa con la excepción del Benelux”. (España es el sexto país del mundo en regularla).
El único punto de encuentro se refiere a la necesidad de potenciar los cuidados paliativos en el final de la vida
Sostienen que la ley implica un recorte o la eliminación del derecho a la vida y que la demanda de eutanasia “es mínima o nula cuando el paciente es atendido por un equipo de profesionales experto”. “Es particularmente grave el engaño que nace con la ley de considerar la muerte provocada por eutanasia como muerte natural, algo injustificable”, denuncian. En opinión de los colegios de Madrid, la regulación de la eutanasia carece de demanda social, es inoportuna en la situación de pandemia y se ha tramitado “de forma acelerada por decreto, sin diálogo alguno con las profesiones sanitarias y contra el criterio del Comité de Bioética, máximo órgano asesor del Gobierno en este tema”.
España aprueba el derecho a la eutanasia
No es el primer motivo de discrepancia entre Madrid y Catalunya, y seguramente no será el último ni el más cáustico. El caso es que el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, presidido por el doctor Jaume Padrós, es más reflexivo respecto a la eutanasia que sus colegas de la meseta. Queda probado en el comunicado –a todas luces, una réplica, pero sin alusiones directas– que difundió ayer. A la carga política de los médicos madrileños, los catalanes responden con un argumentario de razones éticas y profesionales: “El acceso a los cuidados paliativos puede rescatar a la mayoría de los enfermos incurables de la desesperación y de las ganas de morir. Esto no quita, pero, que alguna persona, en función de su grave situación clínica y del sufrimiento insoportable que esta le provoca, de sus creencias, de su escala de valores, en plena competencia y en pleno uso de su autonomía, desee disponer de su propia vida y necesite ayuda técnica para hacerlo de manera eficaz e indolora”.
Según los colegios catalanes, el médico debe garantizar una atención adecuada a una persona en situación de final de vida, “respetando su voluntad y planificando las decisiones anticipadas en todo lo posible (...), sin intervenciones fútiles y de acuerdo con sus valores y preferencias”.
El Consell de Col·legis de Metges replica con razones profesionales y éticas un comunicado ‘político’ de sus colegas
El consejo profundiza en la necesidad de preservar la libertad de conciencia del médico a través de mecanismos que garanticen el derecho a la objeción, aunque cuestiona la creación del registro de profesionales sanitarios objetores que prevé la ley de la Eutanasia. Aduce que este registro no reflejaría todas las situaciones posibles (por ejemplo, un médico podría objetar respecto a la administración de una sustancia, pero no en cuanto a su prescripción) y que sin él “se garantiza igualmente la efectividad y la calidad del acto de ayuda a morir”.
Pero no todo son colisiones. Catalanes y madrileños coinciden en la reivindicación de que la atención paliativa en el final de la vida sea universalmente accesible. “Situaciones de precariedad pueden condicionar la libertad de decisión individual. Por lo tanto, las autoridades políticas no pueden eludir su responsabilidad en el completo desarrollo previo de la ley de la Dependencia”, precisa el consejo.