La posibilidad de tomar declaración al rey emérito Juan Carlos I en el procedimiento de la Fiscalía de Ginebra sobre blanqueo agravado de capitales estuvo presente el 13 de junio de 2019 en Suiza, y el 29 de octubre de 2019 en España. El fiscal Yves Bertossa lo sugirió en un intercambio con Dante Canonica, abogado del rey emérito, Corinna zu Sayn-Wittgenstein y el propietario del banco Gonet et Cie. Y más tarde, se habló de la diligencia en la visita que hizo Bertossa a la Fiscalía Anticorrupción en Madrid. 

En el resumen de la declaración del 13 de junio de 2019 con lo imputados Canonica, Corinna y el testigo Nicolas Gonet, propietario del banco de Bahamas al que se transfirieron los 64,8 millones de euros que el entonces rey Juan Carlos regaló a Corinna (un regalo-donación, sin obligación de devolver) hay una respuesta del abogado a una pregunta del Bertossa.  Sin embargo, la pregunta del fiscal no figura literalmente. Solo dice (ver documento) Sur question, en francés, a pregunta, en este caso del fiscal. Canonica dice: “Todavía tengo algunos contactos telefónicos con Juan Carlos I. Son contactos breves. No me ha preguntado si tenía que venir a Ginebra para prestar declaración”. 

¿Cuál fue la pregunta del fiscal? Según las indagaciones del ARA, Bertossa preguntó en el interrogatorio a Canonica si podía conectarle con Juan Carlos I y si le podía facilitar el teléfono.  Canonica, según las fuentes jurídicas consultadas, se salió como pudo y señaló que solo tenía el teléfono de la centralita del Palacio de la Zarzuela.  En ese momento, según la reconstrucción del diálogo realizada por este diario, Corinna elevó su mano y dijo: "-Si usted necesita el número de teléfono directo se lo puedo dar". Bertossa no le preguntó por el número. 

En agosto de 2019, Bertossa envió a Madrid, a requerimiento del juez Manuel García-Castellón, que había viajado a Ginebra la primera semana de agosto, el relato de hechos bajo investigación.  En el texto no solo se refería a la fundación Lucum de Juan Carlos I, que había recibido en su cuenta del banco Mirabaud el equivalente de 64,8 millones de euros el 8 de agosto de 2008, sino a la fundación Zagatka cuya documentación había secuestrado en las oficinas de Rhône Gestion, administradores del dinero del entonces rey de España. 

Bertossa, según informamos ayer en el ARA, había interrogado al primer beneficiario de dicha fundación, el primo lejano del rey, Alvaro de Orleans-Borbon el 10 de octubre de 2018. Y dos días después ordenó al banco Lombard Odier desbloquear los fondos de la fundación que había ordenado secuestrar preventivamente.  

Sin embargo, a pesar de no imputar a De Orleans, en la comisión rogatoria de fecha 16 de agosto el fiscal de Ginebra incluye en el punto 6 esta información. "También se desprende de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público de Ginebra que Álvaro Jaime D'Orleans-Borbon es beneficiario de la Fundación Zagatka, situada en Lichtenstein.  En marzo, julio y diciembre de 2008 se ingresó un importe total de 6.500.00 euros en una cuenta de la Fundación Zagatka, sin que se pudiera identificar el origen de estos fondos. También se pagó una suma de 4.689.930 dólares el 25 de mayo de 2009 (4,2 millones de euros) que, según la explicación de De Orleans, proviene de una transacción inmobiliaria en México en la que habría tenido un papel de intermediario y asesor. 

Según De Orleans, él sería el único beneficiario económico de la Fundación Zagatka, una parte de los fondos se utilizó en particular para pagar gastos de vuelo. Esos gastos se refieren a alquiler de aviones que utilizó Juan Carlos I. En 2016 y 2018 ascienden a 5 millones de euros. En la reunión del 29 de octubre de 2019, en la madrileña calle de Manuel Silvela, Bertossa y el experto en criminalidad económica del ministerio público, Raphaël Zbinden, se reunieron con el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, su equipo de fiscales, y el juez Manuel García-Castellón, que había vuelto había viajar en septiembre de 2019 a Ginebra. 

Competencia de la justicia española

Allí se estableció la coordinación y el reparto de tareas entre las dos fiscalías. Bertossa puso sobre la mesa la declaración de Juan Carlos I. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción señalan que Luzón le explicó que dejara el asunto en manos de la jurisdicción española ya que los delitos que supuestamente se le podían imputar eran competencia de la jurisdicción española y no de Suiza. La justicia española no podía delegar la investigación en la justicia suiza y, por tanto, que no debía ser el fiscal suizo quien investigara a Juan Carlos I. También apuntó que según los datos preliminares, en todo caso, al emérito solo se lo podría, y estaba por ver, investigar por delito fiscal, algo que la legislación helvética no considera delito. Añadió que el delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales según convenio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es competencia de España o de Arabia Saudí.  En otros términos, la justicia suiza podía investigar el delito de blanqueo, pero también lo puede investigar España. 

Las fuentes helvéticas consultadas señalan que Bertossa consideró, además, pertinente la explicación de la inviolabilidad de Juan Carlos hasta 2014. La conclusión: que el rey emérito sería investigado en la jurisdicción española y que la justicia perseguiría el delito de infracción a la norma de prevención de blanqueo, delito autónomo al de blanqueo de capitales en Suiza, por parte de los gestores, abogados de Juan Carlos I y del banco Mirabaud, que no habrían cumplido con sus obligaciones de identificar el origen de los fondos cuando se trataba del dinero de una Personalidad Expuesta Polícamente (PEP). Por tanto, el delito de corrupción o cohecho en la obra del AVE Medina-La Meca quedó a cargo de la fiscalía española, tanto con la participación del rey emérito como sin él. 

Testaferro de Juan Carlos I

Bertossa informó en la reunión, según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, consultadas por ARA, que De Orleans era otra de las personas utilizadas por Juan Carlos I para ocultar parte de las comisiones relacionadas con el proyecto del AVE Medina-La Meca. La información iba más allá de lo que decía la comisión rogatoria del 16 de agosto de 2019 y, sobre todo, contradecía la decisión del fiscal de desbloquear los fondos de Zagatha el 12 de octubre de 2018.  Si De Orleans era un testaferro de Juan Carlos I y el tercer beneficiario de dicha fundación era Juan Carlos I, ¿qué sentido tenía liberar los fondos de casi 14 millones de euros? 

El fiscal Luis Pastor, pues, envió una comisión rogatoria el 19 de febrero de 2020 pidiendo los datos recogidos por Bertossa hasta ese momento. Aunque pide sobre todo la información detallada de la Fundación Lucum, añade que “igualmente se hace preciso disponer de las declaraciones de Dante Canonica, Arturo Fasana, Corinna zu Sayn-Wittgenstein y Alvaro de Orleans-Borbón… Y Alvaro de Orleans, porque tal y como usted indica, es otra de las personas utilizadas por Juan Carlos para ocultar parte de las comisiones recibidas”. Sin embargo, al ser Lucum la fundación que recibió el pago de Arabia Saudí, no se solicitaron los documentos y cuentas de Zagatka en los bancos Credit Suisse y Lombard Odier.