gulag en Xinjiang (East Turkestan)

 
Manifestantes protestan contra la persecución de uigures en China. (Ámsterdam, 10/02/2019). Abdullah Asiran/Getty. 

Urumki, capital de Xinjiang es una ciudad de 3,8 millones de habitantes repleta de rascacielos y rodeada de flamantes autopistas que muestran el gran esfuerzo de Pekín por integrar a sus minorías centroasiáticas en Zhongguo, el histórico ‘Reino del Medio’ de etnia y cultura Han.

Xinjiang es la provincia china más occidental, poblada en su mayoría por uigures, musulmanes de lengua túrquica. Los carteles de la ciudad están escritos en ideogramas chinos, pero también en caracteres árabes, donde se escribe la lengua uigur, y cirílicos, el alfabeto utilizado por kazajos y uzbekos. Junto con Tíbet, la periferia occidental supone un tercio del territorio chino, un rasgo de su herencia imperial.

El Turkestán oriental, del que Xinjiang forma parte, fue conquistado por la dinastía manchú Qing en el siglo XVIII. Las campañas del gobierno central para asimilar a uigures, tibetanos y mongoles a la cultura Han, que representa el 90% de la población china, son antiguas pero se han intensificado en los últimos años por el temor de Pekín al integrismo islámico.

China ha acusado a secesionistas uigures de cientos de ataques terroristas en Xinjiang y otras partes del país. Chen Quanguo, el gobernador que ha duplicado el gasto en seguridad de la provincia hasta los 9.000 millones de dólares anuales, ha prohibido llevar a las mujeres velos integrales y a los hombres dejarse crecer la barba, señales de devoción islámica.

Para el Partido Comunista chino se trata de una cuestión existencial: Xinjiang, cuya superficie duplica la de la península Ibérica, concentra enormes reservas de agua, hierro y cobre. La provincia es además un importante nudo viario desde donde parten las carreteras, vías férreas y oleoductos de la nueva ruta de la Seda, lo que explica la represión china a cualquier atisbo de violencia interétnica o movimientos secesionistas.

Según Naciones Unidas ese empeño está derivando en un intento de genocidio cultural, con la creación de campos de concentración donde podrían estar confinados ya hasta un millón de uigures, de una población de 11 millones. En ese gulag son sometidos a trabajos forzados y adoctrinados para que abandonen su lengua, tradiciones y religión.

La reciente desaparición de Abdurehim Heyit, músico, poeta y folclorista uigur, en uno de esos centros de internamiento que China describe como “campos de reeducación”, finalmente ha roto el muro de silencio que Pekín ha construido en torno a sus minorías, comprando a golpe de talonario la complicidad y la indiferencia internacionales.

Aunque Turquía acaba de recibir un crédito chino de 3.600 millones de dólares, su ministerio de Exteriores ha condenado los campos de concentración de Xinjiang como un crimen contra la humanidad y los derechos humanos de uigures sometidos a “detenciones arbitrarias, torturas y lavado de cerebro”.

Según el Congreso Mundial Uigur (CMU), Heyit murió en prisión mientras cumplía una condena de ocho años por la letra de una de sus canciones. Indonesia y Malasia, a diferencia de Arabia Saudí, Irán o Pakistán, han sido otros de los pocos países islámicos que han denunciado la opresión de los uigures. La CMU tiene documentada la detención de 388 intelectuales uigures chinos. Muchos de ellos están siendo dispersados en prisiones de otras zonas del país, lo que hace más difícil rastrear su paradero.

China utiliza Xinjiang como un laboratorio para ensayar tecnologías electrónicas de vigilancia de última generación. Con unos 300 millones de cámaras instaladas a lo largo del país, cuatro veces más que EEUU, el gigante asiático está a la vanguardia de un futuro autoritario high-tech en la que la inteligencia artificial y el software de reconocimiento facial y voz permitirán identificar y seguir los movimientos de millones de personas en tiempo real.

El gigante asiático es hoy el mayor mercado mundial para tecnologías de seguridad, que mueve unos 80.000 millones de dólares anuales solo en el país. Hikvision y Dahua, compañías chinas que fabrican un 30% de las cámaras de vigilancia y grabadoras digitales vendidas en el mundo, tienen en Xinjiang grandes centros de procesamiento de datos cuya información ayuda a la policía a identificar y detener a sospechosos de actividades subversivas. ●