"Viudas y ética", Susana Quadrado

La imagen de las viudas que llevan ocho años manifestándose cada mes en la plaza Sant Jaume de Barcelona se vuelve dolorosamente cercana cuando pienso que alguna de ellas podría ser mi madre. Ahí están todos los días 25. Todos las ven, pero son invisibles. Ni el más pequeño gesto de empatía. Son mujeres que llevan infinidad de tiempo batallando contra un abuso sin más armas que una contumaz insistencia. Sistemáticamente son ignoradas por los poderes públicos, y su grito, silenciado por la indiferencia de la política.

En un extenso reportaje firmado por Jaume V. Aroca en las páginas del domingo, La Vanguardia dio visibilidad a un problema real: tres de cada diez viudas de las 300.000 que hay en Catalunya (más de 800.000 en toda España) están a un paso de cruzar el umbral de la pobreza, de la exclusión social. Subsisten con 540 euros al mes de media. Viudas viudísimas arrumbadas por un sistema público que, lejos de protegerlas, las condena a la miseria o, en el mejor de los casos, a vivir de sus hijos.

En un país tan dado a la verborrea retórica, la solidaridad de nuestros políticos con este colectivo de mujeres suena a cuento chino, a pura propaganda. El propio Govern de la Generalitat reconoce que la pensión de viudedad está por debajo del umbral socialmente admisible, pero ¿qué hace para resolverlo? Pelotas fuera, pensarán que es cosa del Gobierno. ¡Pero si aún estamos esperando la revisión a la que se comprometieron los socialistas en el Congreso en junio! Es curioso que una injusticia que afecta a miles y miles de personas tenga tantas dificultades para salir al aire, para ser un tema de debate, para ser una prioridad política. Quizás alguien debería recordarles que el artículo 50 de la Constitución recoge que los poderes públicos deben garantizar la suficiencia económica a la tercera edad con "pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas". Puede que haya llegado el momento de que hablemos de esas viudas apartadas del Estado de bienestar como una muestra más de maltrato a las mujeres, y que la talentosa ministra Aído les preste algo más de atención en los planes de igualdad.

El filósofo y sociólogo Jürgen Habermas, que ha analizado la crisis financiera desde sus más diversos ángulos, ya ha advertido contra la terrible injusticia social que va a sufrir la mayoría de los grupos sociales más vulnerables, porque sobre ellos recaerá el coste del fracaso del mercado. "Van a pagar en su existencia diaria", se lamenta Habermas. Su conclusión es que la culpa de la crisis es de la política. Si es así, habrá que pedirles responsabilidades. No será posible creer en los políticos mientras no cumplan su compromiso con los menos favorecidos económica y socialmente. La crisis no puede ser una excusa, sino una oportunidad para corregir los errores.

4-XII-08, S. Quadrado, lavanguardia