"La conjura de los ciegos", Esteban Beltrán

Uno de los mayores logros del movimiento global por los derechos humanos es que los perpetradores de crímenes horribles contra las personas tienen cada día menos lugares donde esconderse. Quizá no sea así en el futuro.

El PSOE y el Partido Popular acaban de urdir un acuerdo que, caso de concretarse en una modificación de la ley orgánica del Poder Judicial, puede echar por tierra el ejercicio de la jurisdicción universal en España, limitando su alcance y desvirtuando su sentido, al requerir un vínculo de conexión entre los crímenes perseguidos y España, condición ahora inexistente en la ley, según ha confirmado el Tribunal Constitucional. Es un acuerdo bochornoso, porque supone dejar a miles de víctimas de gravísimas violaciones de derechos humanos sin una de las últimas oportunidades de conseguir verdad, justicia y reparación, en aras de la buena relación política con Gobiernos que se sienten incómodos con las causas abiertas por jueces españoles.

El principio de jurisdicción universal permite a los estados perseguir ciertos crímenes por su especial gravedad, con independencia de dónde se produzcan y de la nacionalidad de los agresores y de sus víctimas, porque conductas tan atroces ofenden a toda la humanidad y ponen en peligro los principios generales de la civilización.

En España, la regulación del principio de jurisdicción universal ha permitido en estos últimos años la persecución de gravísimos ataques contra los derechos humanos. En algunos casos, las víctimas están completamente desprotegidas, ya que sus autores gozan de impunidad en sus países. Estamos hablando de personas en el Tíbet, en China, en los territorios palestinos ocupados, en el Sáhara Occidental...

España ha sido un país pionero y referente en el desarrollo y aplicación de este principio. Las iniciativas de nuestros jueces persiguiendo crímenes atroces allí donde se han cometido prestigian a nuestro sistema judicial y dignifican a nuestro país.

Los políticos han acordado esta reforma atropelladamente, pero se trata de una cuestión de una importancia capital y exigimos un debate informado, porque si se materializa la modificación de la ley, el impacto sobre la protección de los derechos humanos puede tener consecuencias muy negativas, ahora imprevistas.

Señores y señoras del Partido Socialista y del Partido Popular, no sean ciegos. Antepongan las personas a la política, ese es el sentido de su trabajo, aunque en este caso parecen no querer verlo.

14-VI-09, Esteban Beltrán, director Amnistía Internacional España, lavanguardia