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suport de l’advocacia catalana davant el desemparament de la de Madrid a Gonzalo Boye

Resultat d'imatges de gonzalo boyeEl Consell de la Advocacia Catalana, que representa a los 14 colegios de abogados de Catalunya, ha dado apoyo público al letrado Gonzalo Boye después de que lo pidieran unos 400 abogados de la mano de la plataforma #Compromesos y de la Coordinadora de la Advocacia de Catalunya.

El abogado de Carles Puigdemont denunció sufrir “amenazas, injurias y calumnias” a través de redes sociales por haber interpuesto una demanda contra el juez Pablo Llarena en Bélgica y pidió amparo al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que le denegó “por unanimidad y sin reservas”. Aunque el Consell y los catorce colegios puntualizan que no pueden otorgar el amparo formal a Boye porque se trata de una competencia que únicamente puede ejercer el órgano donde esté colegiado, sí que le dan apoyo explícito y ponen la institución a su disposición para “garantizar y asegurar su tarea, su seguridad personal y la dignidad de la profesión”, según la respuesta acordada.

Petición de unos 400 abogados

Después de recibir el viernes pasado la petición de unos 400 abogados para dar amparo y apoyo a Boye, el Consell de la Advocacia Catalana ha acordado por unanimidad apoyarlo públicamente al considerar que corresponde al abogado “ejercer el derecho de defensa de su cliente de la mejor manera posible y en la máxima confidencialidad y discreción en la defensa de los intereses de este”.

La abogacía catalana destaca que su función fundamental consiste en “garantizar el derecho de defensa de los abogados y abogadas a fin de que estos puedan ejercer su profesión de forma responsable, libre, sin presiones ni injerencias de ningún tipo”. Según razona el Consell de la Advocacia Catalana, cuando un letrado pide amparo en el ejercicio de su profesión, se presume de que está actuando con total responsabilidad y con el cumplimiento de las normas deontológicas de la profesión y que tiene presiones externas que perjudican a su cliente; “presiones que no tienen que manifestarse de una forma objetivable sino que es suficiente su incomodidad”.

El Consell pide al ICAM de Madrid que dé amparo a Boye

El Consell considera que por este motivo el colegio al que pertenezca Boye tiene “Ia obligación de darle amparo”. En su respuesta, también puntualizan que el derecho de defensa “tiene que ser respetado por todos, ciudadanos, poderes públicos, operadores jurídicos entre los que se encuentran los propios abogados y la abogacía institucional” y que son “intolerables las intromisiones mediáticas o de cualquier otro tipo en el ejercicio del derecho de defensa”.

El Consell de la Advocacia Catalana y los colegios muestran apoyo a todos los letrados que “reciban presiones e injerencias de cualquier tipo y provenientes de cualquier persona o entidad que puedan perjudicar la independencia, la libertad, la dignidad y la integridad del ejercicio profesional”.

La abogacía catalana también aprovecha para recordar que los abogados, al defender con independencia los derechos y libertades de las personas, prestan un “importante servicio” a la sociedad por el ejercicio del derecho de defensa y que contribuyen a la justicia y a la paz social. También puntualizan que para garantizar el derecho de defensa, la abogacía institucional no puede hacer declaraciones de defensa de ninguna de las partes de un procedimiento judicial para no vulnerar los derechos de las otras partes, y en consecuencia de sus letrados.

ACN, Barcelona, 18/09/2018 lavanguardia 

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