Forces Armades S.A.

El relevo al mando de las fuerzas armadas de Pakistán se ha producido sin sobresaltos y sin deslealtades, como es propio de una institución con un gran sentido corporativo y con muchos privilegios que salvaguardar. "El ejército es el salvador del país", repetía ayer, una vez más, el general Musharraf. Y si es verdad que las fuerzas armadas se han convertido en una de las pocas instituciones capaces de vertebrar lo que queda de Pakistán, también es cierto que lo han conseguido después de romperle el espinazo al sistema político, jurídico, académico o mediático cada vez que estos se han atrevido a cuestionar su preeminencia en la vida pública. No en vano, aun despojado de uniforme, Musharraf jura hoy como presidente bajo una ley marcial promulgada por él mismo.

En Pakistán el dogma de la seguridad nacional va parejo al de la religión, lo que ha permitido a los militares llevarse la parte del león del exiguo erario desde la traumática independencia del país. Al amparo de la amenaza, real o imaginaria, de India, el ejército pakistaní se ha apropiado sistemáticamente de un tercio, como mínimo, de los presupuestos del Estado. Asimismo, su intervención en la política ha evitado que cifras tan colosales fueran objeto de una adecuada fiscalización.

Algo de lo que ya se han percatado los norteamericanos, después de volcar 11.000 millones de dólares desde el 11-S en ayuda principalmente militar con resultados discutibles. Esta semana, fuentes del Pentágono han asegurado que a partir de ahora los pagos se efectuarán en función del cumplimiento de objetivos marcados, con lo que se corre el riesgo de dar la razón a los que califican al ejército de Pakistán de fuerza mercenaria. Durante mucho tiempo, el ejército indio - este sí, profesional y apartado de la política- había acusado a Pakistán de desviar fondos supuestamente dirigidos a combatir a los talibanes y a Al Qaeda para rearmarse contra India, con aviones de combate incluidos.

El refinado Musharraf ha dado al ejército pakistaní - que no ha ganado ninguna guerra- el mejor rostro posible para poder dedicarse a lo que sí domina: el enriquecimiento a costa de los presupuestos del Estado y de redes económicas que compiten con la iniciativa privada en condiciones imbatibles. Musharraf, ahora como presidente civil,- con amplias prerrogativas, como disolver el Parlamento a su antojo- seguirá velando por los intereses de sus compañeros de armas.

Pakistán es un enano recaudador - 1,5 millones de contribuyentes en un país de 160 millones- embarcado en una carrera perdida por la paridad militar con la segunda potencia demográfica mundial. "Opondremos a cada espada una espada, a cada tanque, un tanque, a cada destructor, un destructor", dijo el dictador Zia ul Haq. De ahí que la deuda pública - o mejor dicho, el pago de los intereses de la deuda- se haya llegado a comer hasta el 54% del presupuesto público. Así fue en 1999, cuando Musharraf derrocó al primer ministro Nawaz Sharif alegando corrupción y pésima gestión económica. Pero este semestre la deuda pública ha vuelto al nivel de entonces, 26.350 millones de euros.

Un libro reciente, Military Inc. de Ayesha Siddiqa, secuestrado en Pakistán, explica cómo los intereses privados del ejército representan alrededor de 14.000 millones de euros, entre propiedad inmobiliaria y otros bienes. La autora estima que un tercio de la industria pesada pakistaní y un 7% de todos los activos del país están en sus manos. En Pakistán existe la costumbre de premiar a los oficiales - retirados o no- con tierras, lo que explicaría que posean cinco millones de hectáreas, la mitad a título individual.

Pero también controlan la más vasta red de transporte, National Logistic Cell, que con 1.700 vehículos es una de las mayores de Asia. Hasta la compañía aérea de bandera, PIA, depende del Ministerio de Defensa. Y otras empresas vinculadas al ejército construyen vías, puentes o silos. Como Frontier Works, que nació para trazar la autopista del Karakorum, hace 40 años, pero que ahora es la principal adjudicataria de carreteras y peajes. Como no podría ser de otro modo, la iniciativa privada acostumbra a ser barrida a la hora de las adjudicaciones, por la promiscuidad entre el poder político y el ejército, aunque este insista en que la eficacia en la gestión es el secreto de su éxito, frente a la corrupción de los civiles. En realidad, las empresas vinculadas al ejército reciben inyecciones de mil millones de euros anuales para limpiar pérdidas.

La penetración castrense en el tejido económico y en la sociedad civil se ha acelerado bajo Musharraf. Del centenar de negocios gestionados por las cuatro mayores fundaciones militares, sólo nueve hacen públicas sus cuentas. Controlan desde bancos hasta cementeras y acereras, pasando por gasolineras, plantas fertilizadoras e incluso universidades y aseguradoras. Hasta fabrican cereales para el desayuno. En teoría, los beneficios son para la tropa, cuando no para toda la población. En realidad, los 46 programas de vivienda de una de esas fundaciones tienen como únicos beneficiarios a los oficiales, cuyas esposas se pasean por foros internacionales de solidaridad.

J.J. Baños, lavanguardia, 28-XI-07.