AustrÓlia, el federalisme dual

Australia, el federalismo dual.

LV, 4-VIII-04.

Los asentamientos británicos realizados en el s. XVIII (James Cook tomó posesión de la isla en 1770 en nombre de Gran Bretaña) y la primera mitad del s. XIX establecieron un sistema de seis colonias autogobernadas entre 1850 y 1891, establecidas en un territorio de muy baja densidad pero habitado por un conjunto de sociedades aborígenes llegadas a Australia hace unos 50.000 años. Las convenciones constitucionales de 1891 y 1897-98 dieron lugar a la nueva constitución de la Commonwealth de Australia (1901) aprobada por referéndum en cada colonia. El sistema de gobierno combinó el parlamentarismo británico con la estructura federal de tipo americano. La federación incluye seis estados (Nueva Gales del Sur, Victoria, Queensland, Australia Occidental, Australia del Sur, Tasmania) y dos territorios autogobernados (el Territorio del Norte, y el de la capital federal, Canberra). Los poderes residuales pertenecen a los estados. El esquema básico es el de un federalismo dual que incide en los poderes ejecutivos, legislativos, judiciales y fiscales, si bien las competencias compartidas entre los dos niveles de gobierno han tendido a aumentar, incluyendo la fiscalidad y las relaciones exteriores. La importancia de las transferencias fiscales ha ido aumentado, calculándose a través de una fórmula que incluye las capacidades respectivas como las necesidades de gasto. La legislación fiscal no puede discriminar entre los estados.

La Cámara Alta (Senado) está formada por un número igual de representantes con independencia de la población (originalmente fueron 6, en la actualidad 12 por estado y 2 por territorio). Son elegidos directamente por el electorado, desde 1949 a través de un sistema proporcional que hace difícil obtener la mayoría de los escaños por parte de un solo partido. El periodo legislativo es de seis años, renovándose por mitades cada tres años. Los senadores votan en la cámara a partir de sus adscripciones partidarias más que por líneas territoriales. En la elección de la cámara baja (Cámara de Representantes; 150 escaños) se aplica un sistema de elección preferencial, reservándose un mínimo de cinco escaños a cada estado con independencia de su número de habitantes. El mandato es de tres años. El gobierno federal incluye, en la práctica, al menos un ministro de cada estado. Es elegido por el parlamento y debe mantener la confianza de la Cámara de Representantes. Un gobernador general, nombrado por la corona con la recomendación del primer ministro, representa formalmente a la corona inglesa en la federación, mientras que en los estados son los gobernadores quienes representan a la corona.

Los estados intervienen en los procesos de reforma constitucional. La propuesta se inicia en el Parlamento federal, donde es votada generalmente por mayoría absoluta en las dos cámaras (Cámara de Representantes y Senado). Cuando la propuesta sólo ha sido aprobada en una cámara el proceso puede continuar con una segunda votación en la cámara que la ha aprobado. En este caso deberá ser sometida a referéndum. La aprobación requiere una doble mayoría (de electores a escala nacional y de electores en la mayoría de los estados). De las 44 propuestas de reforma sometidas a referéndum, sólo 8 fueron aprobadas. Ello ha propiciado una importancia creciente tanto de la interpretación judicial del Tribunal Supremo (High Court) como de las relaciones intergubernamentales entre los dos niveles federales de gobierno. El Tribunal Supremo es la última instancia de apelación tanto para la jurisdicción federal como para la de los estados. También ejerce el control de la constitucionalidad. La constitución permite al Parlamento federal conferir en algunos casos la jurisdicción federal a los tribunales de los estados.

Los estados también se rigen por un sistema parlamentario. Todos ellos, salvo Queensland, tienen un parlamento bicameral, si bien las segundas cámaras no ejercen tanto poder como el Senado federal. Las relaciones intergubernamentales son intensas. Se ejercen a través de un complejo sistema de comités que pretende asegurar la coordinación de la legislación y de las políticas. Las controversias entre niveles de gobierno –más importantes cuando los partidos son distintos– suelen ser resueltas a través de medios políticos más que a través de los tribunales. La importancia adquirida por dichas relaciones ha hecho cuestionar su congruencia con la forma parlamentaria de gobierno. En 1999 fracasó el intento, a través de referéndum, de convertir Australia en una república.

En los últimos años, el impacto de la globalización y de la multiculturalidad han incidido en la práctica federal australiana. Así, la federación ha intervenido en áreas como los derechos humanos, el mercado interior o el medio ambiente, tras consulta con los estados (Consejo de Tratados Intergubernamentales). También se ha legislado y se han ejercido políticas contra la discriminación racial y a favor de las poblaciones aborígenes. Estas últimas están detrás de las dificultades del acceso de los Territorios del Norte a la categoría de estado federado.