milers de pisos īprotegitsī, buits

el nombre d’habitatges protegits desocupats assoleix a Catalunya les 3.264 unitats (i no els 1.552 que va reconèixer el tripartit quan va fer el traspàs de poders a la Generalitat d’Artur Mas). Entre aquests, 572 estan a Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat. En un país que pateix l’onada de desnonaments esmentada, i en el qual estan registrades, i en espera de satisfacció, al voltant de 45.000 sol·licituds d’habitatge protegit, n’hi ha 3.264 que estan acabades i buides, xifra que s’apropa a la quarta part (23%) del total de pisos en aquest règim de protecció oficial.



Com es pot arribar a una situació així? Les respostes d’aquesta pregunta són diverses. Probablement s’ha assolit perquè la llei animava a construir un determinat nombre de pisos per municipi, però sense aturarse en les necessitats reals de cada un. Perquè aquest tipus d’habitatges depenia de dos organismes diferents –l’Incasòl i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya–, que segons tots els indicis no van coordinar adequadament les seves polítiques. I, també, perquè la gestió d’aquest parc d’habitatges ha deixat molt a desitjar: la mitjana de durada del procés d’adjudicació d’un pis protegit és de catorze mesos, i n’hi ha algun que porta set anys sense ocupants..

La necesidad o -mejor dicho- la urgencia de estas medidas está fuera de discusión. Tras los años de la burbuja inmobiliaria, los problemas de este sector son diversos y graves. Pero quizá sean los que afectan a los más humildes, comprometiendo el derecho a la vivienda, los que reclamen una intervención más diligente y, de ahora en adelante, una gestión más razonable y eficiente de los limitados recursos disponibles...

  

El número de viviendas protegidas desocupadas, es decir, que están cerradas a cal y canto, asciende a más de 3.200 unidades en toda Catalunya. Ni 1.000 y tampoco 1.200, que era la cifra oficial reconocida por ICV antes de abandonar la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge, con el gobierno del tripartito. El Departament de Territori i Sostenibilitat quiere dar salida a este gran volumen de nuevas viviendas públicas y destinarlas todas al mercado del alquiler. Por ello tiene previsto bajar las rentas mensuales para que estas sean más baratas que los arrendamientos libres. Porque aunque parezca extraño, en muchos municipios, alquilar o comprar un piso público puede resultar más caro que adquirir o arrendar uno normal.

Según ha podido saber La Vanguardia,durante estos últimos meses el Govern ha hecho un recuento de las viviendas que tenían vacías el Incasòl y la Agència de l´Habitatge de Catalunya. Dos empresas públicas que antes dependían de departamentos diferentes, pero que ahora están bajo la tutela del conseller Lluís Recoder. Una vez hechas las cuentas se ha podido determinar que de los 14.000 pisos que forman parte del parque público de la Generalitat, el 23% no está ocupado.

Lo cierto es que tal como reconoció el secretario de Habitatge, Carles Sala, durante unas jornadas de la Associació de Promotors de Catalunya (Apce), en la actualidad un mileurista no puede acceder a una vivienda social, y un alquiler protegido en Barcelona o su área metropolitana puede llegar a tener una renta mensual de 600 euros.

De ahí que hoy esté previsto presentar un paquete de medidas, entre las que destaca el abaratamiento de este tipo de pisos, que ayudaría a ocupar las unidades que ahora no encuentran inquilino, ya sea por la falta de demanda en algunas localidades, por problemas de financiación o por su elevado precio.

Además, destinarlas todas al mercado de alquiler permitiría resolver las dificultades que tiene el Departament de Territori i Sostenibilitat para construir vivienda de arrendamiento protegido, mucho más demandada que la de compra por las dificultades de financiación de las familias y los problemas de acceso al crédito hipotecario...

Lo cierto es que algunas de las promociones no han conseguido vender ni uno de los pisos protegidos construidos. Es la situación que viven en La Torre de l´Espanyol y en La Torre de Capdella, donde, a pesar de no haber demanda de vivienda social, se construyeron inmuebles que no se han conseguido colocar. En otras localidades, se edificó muy por encima de la demanda, por lo que no se ha podido absorber este volumen de pisos protegidos. Cuando el mercado inmobiliario empezó a fluctuar y los precios bajaron, quedaron en clara desventaja...

Estas rebajas ponen en un brete a la propia Administración, ya que reduciendo las rentas no podrá cubrir las hipotecas contraídas para la construcción de las viviendas ni tampoco los gastos de mantenimiento de estas. Así lo reconoció ayer Sala, quien aseguró que la Generalitat perdería dinero, pero al menos recaudaría unos mínimos. Los 3.264 pisos gestionados por la Generalitat que ahora están desocupados se traducen en un inmovilizado de 326 millones de euros para el Govern ...

"He estado quince años intentando que me tocase un piso de protección"

RAÚL MONTILLA  - L´Hospitalet de Llobregat
En la rambla Carmen Amaya, corazón del barrio de Gornal de l´Hospitalet, eso de que haya decenas de pisos vacíos les suena a los vecinos... a antiguo. "Ahora, como mucho, en todo el barrio habrá cinco u ocho", calcula Antonio. "En mi bloque ya no hay. Si se queda uno vacío, se llena rápido", añade María Luisa mientras descansa bajo la sombra con su perro.

Pero haberlos, haylos, aunque ya no están en los bloques de siempre, en los blancos y en los rojos (los de alquiler) ni en los de ladrillo vista (los de compra). Los pisos vacíos están ahora en las dos nuevas incorporaciones al barrio: los dos bloques que Adigsa tiene en la plaza Europa. Los de diseño, los que se sortearon en mayo del 2010.

"Pisos en los que estemos viviendo alguien ahora deben de ser un poco más de la mitad", apunta Alexandra Riera, vecina de uno de los bloques, el de alquiler, que tiene varios colores, el de la plaza Europa, 122-124, un edificio con 77 pisos en el que abundan las persianas bajadas y los buzones sin nombres. "Pago 420 euros por uno de los pisos pequeños. Si estuviera sola no podría, lo encuentro caro. Todo el proceso, además, es muy burocrático. Yo he estado un año de papeles", añade Alexandra.

Abdelali Chouwi conoce bien todos los procesos, su lentitud y complejidad. "Llevo quince años intentando que me tocase un piso de protección", explica. Yal final le tocó. En el mismo bloque que el de Alexandra. El suyo es de tres habitaciones y paga por él unos 500 euros al mes. "Pagar estaba pagando lo mismo en uno que no era protegido. La diferencia es que este es más nuevo, tiene ascensor, está en una zona amplia...", señala Abdelali mientras clava su mirada en el bloque vecino, en el de la plaza Europa, 118-120. También con 77 pisos de compra y los vecinos aseguran que más de la mitad están vacíos. "A mi hermano le tocó uno. No se lo quedó: tenía que pagar 40.000 euros de entrada. Son pisos protegidos pero no lo ponen fácil", añade. Hay más persianas bajadas que subidas y eso que cuando se sorteó había recibido más de 2.000 solicitudes. Aunque el bloque de Alexandra y Abdelali recibió cerca de 3.000.

SANT CARLES DE LA RÀPITAEl exceso de pisos protegidos en muchas poblaciones

Sigue sin ocupación la promoción de Adigsa del 2009, en pleno centro

ESTEVE GIRALT  - Sant Carles de la Ràpita
Pasan los años y cambian los gobiernos, pero en Sant Carles de la Ràpita sigue vacía la promoción de 15 pisos de protección oficial construida por Adigsa en el 2009 en unos terrenos municipales, en la calle Sant Sebastià, en pleno centro. Su precio, más caro incluso que el mercado privado en un municipio con 1.500 pisos por vender y medio millar más por terminar, ayuda a entender este desaguisado. Las viviendas, a priori una solución para la emancipación de los jóvenes del municipio, han acabado por convertirse en un incómodo quebradero de cabeza.

El actual alcalde, Joan Martín (CiU), anuncia que en breve se reunirá con los responsables del Incasòl para encontrar una solución definitiva. Sobre la mesa, la propuesta que el Govern ya ha planteado al Ayuntamiento, poner los pisos en alquiler con opción de compra. El alcalde está convencido de que sí existe demanda de vivienda en el municipio, pero admite que las cosas hasta ahora no se han hecho bien. "Intentaremos que el precio de los pisos baje, no es competitivo ahora ni lo era cuando se pusieron en venta", explica Martín, que reconoce que no será fácil cambiar los precios porque las viviendas ya fueron tasadas. "No se ha hecho nada en todo este tiempo y los pisos siguen vacíos. Queremos saber qué piensa hacer el Ayuntamiento", critica Pedro Hernández, concejal del PP.

La Generalitat y el anterior gobierno municipal (PSC) anunciaron en el 2009 que iban a subsanar la situación, después de que La Vanguardia sacara a la luz la situación de las viviendas de protección vacías. Por aquel entonces ya se planteó la necesidad de bajar el precio y más tarde el anterior alcalde, Miquel Alonso (PSC), denunció que en otoño del 2010 firmó un convenio con Adigsa para alquilar los pisos de protección oficial pero que nada se hizo. Se da la circunstancia además de que estas casas se tendrían que haber acabado en el 2006, en plena fiebre inmobiliaria.

Casualmente, el PP llevará el jueves al pleno municipal el asunto de la vivienda y exigirá una solución para las obras abandonadas. "Hay una quincena de grúas paradas y solares llenos de porquería", denuncia Hernández.

26/27-IX, S. Angulo, lavanguardia