el Supremo, epicentre de l┤ofensiva contra el catalÓ

La resolución del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre la obligatoriedad del castellano como lengua vehicular en el sistema educativo catalán es consecuencia directa de la sentencia que dictó el Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut en junio del año pasado. El tratamiento de la cuestión lingüística fue uno de los asuntos que supusieron más horas de debate en el TC y finalmente se salvó mediante cláusulas interpretativas.

La sentencia eliminó el uso "preferente" del catalán por parte de las administraciones, y un acuerdo in extremis para no extender la criba de preceptos implicó reconocer que tanto la lengua catalana como la castellana deben tener el carácter de idioma vehicular en la enseñanza. Es decir, que el castellano no sólo debe ser una asignatura, sino que debe ser utilizado en las clases que se impartan sobre otras materias.

Esa es la doctrina que el Tribunal Supremo (TS) ha recogido en las sentencias que ha empezado a ejecutar el TSJ de Catalunya. Se trata de cinco resoluciones que resolvían demandas de familias concretas. En el fondo de estas sentencias se percibe la idea de que el castellano puede quedar en condiciones de inferioridad real ante el catalán. Esos temores no son casuales. Las campañas puestas en marcha sobre la cuestión lingüística en paralelo al debate del Estatut en el TC lograron hacer mella en amplios sectores de la magistratura.

En la Audiencia Nacional, un magistrado fue reconvenido pero no sancionado por recoger firmas contra el texto estatutario.

Y el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elaboró un informe que nadie le había solicitado para exponer sus discrepancias con la reforma catalana. El debate del Estatut halló un clima de prevención en la esfera judicial. A ello contribuyó todo el capítulo relativo al desarrollo autonómico de la justicia - luego anulado. En respuesta a recursos de particulares, el Supremo decidió en resoluciones de diciembre y mayo últimos que la Generalitat "debe adoptar cuantas medidas sean necesarias para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia (del TC sobre el Estatut) que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Catalunya". por el Constitucional-y la previsión de nuevas exigencias de conocimiento del catalán para los jueces.

Las demandas de particulares que creen vulnerados sus derechos y los de sus hijos encontraron un terreno abonado por todas estas circunstancias. Es cierto, en todo caso, que, como dice la Generalitat, ni el TC ni el Supremo han cuestionado directamente el sistema de inmersión lingüística. Lo que persiguen sus resoluciones es que el castellano tenga mayor presencia en el sistema educativo y que no se quede en una asignatura de la que se imparten dos horas semanales, sino que, en tanto que lengua vehicular, se use como idioma en el que se imparten enseñanzas.

Ni el TC ni el Supremo han dicho cómo debe regular la Generalitat el uso del catalán y el castellano en tanto que lenguas vehiculares en el sistema educativo. Sus fallos han resuelto una cuestión genérica, pero en modo alguno predeterminan la necesidad de una doble red en la enseñanza, según el idioma que hipotéticamente se elija.

El riesgo que hubiera podido existir para el modelo de inmersión lingüística quedó inicialmente conjurado por la sentencia dictada por el Constitucional en 1994 sobre la ley de normalización. Con el Estatut se reabrió el melón y se pudo producir una regresión, pero el fallo confirmó la doctrina sentada en aquella resolución de los noventa, en el sentido de que es perfectamente "legítimo" que el catalán sea el "centro de gravedad" del sistema. Finalmente, el Constitucional admitió que el catalán fuera "normalmente" la lengua vehicular en la enseñanza, pero subrayó que no debe ser "la única".

7-IX-11, J.M. Brunet, lavanguardia