Islāndia: (tan) nord enllā...

Islandia es un país con pocos habitantes - 320.000-,que en pocos años pasó de ser uno de los más desarrollados a verse sumido en una situación de quiebra bancaria, paro rampante, caída de su divisa y ruina nacional. Este percance causó un fuerte impacto en la sociedad islandesa, así como una cadena de protestas que han tenido consecuencias notables. Por ejemplo, que el primer ministro que pilotaba el país cuando estalló la crisis haya terminado ante los tribunales. O, sobre todo, que el país haya decidido revisar su constitución y que, a tal fin, haya recurrido a un método con pinceladas de democracia directa, patentes tanto en la elección de los miembros del comité constitucional como en un proceso de elaboración que admite aportaciones, vía internet, de los ciudadanos. Naturalmente, al fin será el Parlamento el que apruebe el articulado ahora en fase de redacción. Pero estos métodos suponen ya una novedad, que quizás gane terreno en sincronía con las nuevas tecnologías de la comunicación.

Islandia y su denominada revolución silenciosa se han convertido en todo un símbolo para el movimiento de los indignados en España. Dan fe de ello algunas de las imaginativas consignas que los manifestantes españoles han elegido en sus últimas marchas y protestas: "Yo soy islandés", "¡De mayores queremos ser islandeses!", o incluso el cambio de nombre de plaza España en Palma de Mallorca, que ha sido rebautizada plaza Islandia.



Pero más allá del ruido y la rabia que la crisis provocó en los islandeses, lo que más inspira son los efectivos resultados que tuvieron sus protestas. La última prueba de ello está en el insólito proceso de reforma popular de la Constitución que se está realizando casi exclusivamente a través de internet.

Cuando en el 2008 estalló la crisis - que luego derivó en el colapso de las finanzas en Occidente-,a los islandeses no les faltaron razones para indignarse. De la noche a la mañana, pasaron de vivir en una de las naciones más prósperas del mundo a hallarse en la más crítica situación de bancarrota. Los halagos y las alabanzas que poco tiempo atrás le dedicaban agencias de rating y organismos internacionales (en el 2006 era la nación más desarrollada del mundo, según el Índice de Desarrollo Humano de la ONU) se transformaron en las más serias advertencias y negros pronósticos. No es de extrañar, por lo tanto, que la quiebra bancaria, el desplome de la corona y el brusco aumento del paro hicieran que miles de personas se lanzaran a la calle.



Las protestas duraron meses, y es así como, a base de tenacidad y persistencia, los manifestantes consiguieron la caída del Gobierno y la apertura de un proceso judicial contra el entonces primer ministro, el conservador Geir Haarde, que se convirtió en el primer líder político en ser llevado ante los tribunales por su responsabilidad en el origen de la crisis.

El ímpetu renovador, sin embargo, tampoco se quedó ahí. Además de lograr la dimisión de los consejos de administración de las principales instituciones financieras, los islandeses promovieron dos referéndums con los que se negaron a pagar con dinero público la deuda que sus arruinados bancos habían acumulado en el extranjero.



En medio de este contexto de rebeldía surgió la idea de revisar por entero la Constitución. Islandia se independizó de Dinamarca en 1944, y su Carta Magna es de inspiración danesa. Nunca hasta ahora había sido revisada en su conjunto, aunque sí se habían introducido algunas modificaciones parciales. Sin embargo, lo revolucionario del tema no está tanto en el hecho de que los islandeses hayan decidido embarcarse en una reforma de tal envergadura, sino sobre todo en el modo en que la están llevando a cabo.

Los 25 miembros del Consejo Constitucional encargados de revisar el texto fueron elegidos por los propios ciudadanos el pasado mes de noviembre de entre un total de 500 candidatos. Entre los ciudadanos electos figuran abogados, economistas, periodistas, estudiantes, empresarios, sindicalistas e incluso un pastor luterano. Tras algunas polémicas, entre las que destaca la anulación de las elecciones por parte de la Corte Suprema, el grupo fue finalmente nombrado por el Parlamento el pasado 6 de abril.



Su misión es dirigir los trabajos y facilitar en la mayor medida posible la participación ciudadana. En este sentido, internet y redes sociales como Facebook y Twitter han demostrado ser instrumentos imprescindibles. "Hemos colgado todas nuestras propuestas en la web para que los ciudadanos puedan comentarlas y añadir ellos mismos nuevas sugerencias. También emitimos on line nuestras reuniones semanales para que todo aquel que lo desee pueda seguirlas", explica la presidenta del consejo, Salvör Nordal, que está muy contenta con el "alto grado de interacción" y el "debate enriquecedor" que ha despertado la iniciativa.

De momento, ya han aportado su punto de vista alrededor de 2.000 personas, que para participar en el debate deben dejar su nombre y apellidos, puesto que el sistema no admite intervenciones anónimas. La fase de preparación terminará a finales de julio, momento en el que el consejo tendrá que redactar el borrador final de la nueva Constitución. Antes de entrar en vigor, deberá ser aprobada por el actual Parlamento y más adelante por el que se constituya tras las próximas elecciones legislativas, inicialmente previstas para el 2013. Además, es probable que el Gobierno decida someter el texto a otro referéndum, lo que deja claro que Islandia todavía tiene reforma constitucional para rato.

3-VII-11, G. Moreno, lavanguardia

Thorvaldur Gylfason, miembro del Consejo Constitucional

El pasado mes de abril se  formó el Consejo Constitucional de Islandia, el grupo de 25 personas que han sido elegidas directamente por los ciudadanos para llevar a cabo una reforma completa de la Constitución. El economista Thorvaldur Gylfason fue el candidato más votado.

¿Por qué era necesaria una nueva Constitución?

Cuando un país se va a pique, como le pasó a Islandia en el 2008, hay que buscar maneras para fortalecer sus fundamentos.

¿Qué se debería cambiar?

Islandia necesita mayor equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para evitar que la historia se repita. Además, es necesario reducir el peso exagerado del campo en el Parlamento, que hace que la política económica sea provinciana y proteccionista.

Esta reforma es única.

Es la primera vez que una Constitución se prepara por internet. La gente sigue el proceso a través de la web, cláusula tras cláusula, semana tras semana. Muchas personas envían a la Asamblea Constitucional comentarios y sugerencias por Facebook, Twitter y correos electrónicos. Esto hace que el proceso sea muy distinto. En el pasado, los redactores de la Constitución preferían resguardarse en algún remoto lugar, fuera de la vista y del alcance de la gente.

¿Qué tipo de propuestas y comentarios están recibiendo?

Por ejemplo, sobre cómo facilitar que la ciudadanía convoque referéndums. La participación ciudadana aporta mucho al debate. Sus comentarios están siendo de gran ayuda y tienen un efecto constructivo.

¿Este proceso podría darse en un país con millones de habitantes en lugar de uno con sólo 320.000 como Islandia?

Existe gran cantidad de potencial humano sin explotar en todos los países, ya sean grandes o pequeños. De lo que se trata es de encontrar modos eficientes para aprovecharlo.

¿Quién se opone a este proceso constitucional?

Las fuerzas políticas responsables del crac, las que privatizaron los bancos, vendiéndolos a precios modestos a sus amigotes, quienes tardaron pocos años en llevarlos a la ruina. A los culpables no les gusta que se les recuerde lo que pasó y la responsabilidad que tuvieron. El trabajo de la Asamblea Constitucional, en cambio, es un constante recordatorio sobre su responsabilidad y esto hace que se opongan.

Les han criticado porque sólo hubo un 37% de participación en las elecciones al Consejo Constitucional.

Es una cifra respetable en comparación con elecciones similares que se han llevado a cabo con anterioridad. Además, considero injusto comparar este resultado con las elecciones generales, en las que los partidos políticos gastan enormes cantidades de dinero para promover a sus candidatos. En las elecciones para la Asamblea Constitucional, la mayoría de los candidatos no hizo campaña y mucho menos gastó un céntimo en promover su candidatura.

3-VII-11, G. Moreno, lavanguardia