els diputats catalans es mantenen a l´opacitat

A Catalunya, el Parlament rebutjà fer pública la declaració dels diputats, que roman sota custòdia de la secretaria general de la Cambra.

Los diputados y los senadores españoles tendrán que poner sus declaraciones de patrimonio -relación detallada de bienes- a disposición del público y no podrán percibir ingresos por ningún otro trabajo durante su mandato. Además, tampoco recibirán ninguna pensión derivada de su actividad como parlamentarios al margen de las propias del régimen general de la Seguridad Social.



Ese va a ser el resultado de la carrera por la transparencia y la austeridad de los cargos públicos lanzada por los dos grandes partidos a comienzos de año. Y es el contenido de la propuesta conjunta de los presidentes del Congreso y el Senado, José Bono y Javier Rojo, que ayer se hizo pública y con la que se mostraron de acuerdo la mayoría de los partidos.



La que tendrá una plasmación más rápida es la transparencia sobre los bienes de los parlamentarios. La propuesta de ambas mesas es que se lleve a cabo mediante una reforma exprés del la ley orgánica de Régimen Electoral General durante las próximas semanas, de forma que los patrimonios estén disponibles a través de las páginas web del Congreso y el Senado el próximo septiembre, tal como lo están ya las declaraciones de actividad de cada parlamentario. Las únicas limitaciones a estas declaraciones serán aquellas vinculadas a aspectos relacionados con la seguridad.

Pero quizá más complicado que publicar sus patrimonios será para numerosos diputados el cambio en el criterio de las actividades que a partir de ahora serán consideradas compatibles con la tarea parlamentaria. Porque los presidentes de ambas cámaras legislativas consideran que, a partir de ahora, debería aplicarse la ley de una forma absolutamente estricta, negando la compatibilidad para cualquier tarea que pueda generar una retribución "mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma", según recoge el comunicado conjunto emitido ayer.

Del análisis jurídico realizado se deduce que para la aplicación de estas medidas no será precisa una nueva legislación, sino la aplicación de la actual "de una manera más ajustada a la literalidad", pues Bono y Rojo consideran que la situación actual es que "las excepciones han perdido su naturaleza para transformarse en una suerte de regla general no querida originalmente por el legislador". Claro que son muchos quienes ya poseen la compatibilidad otorgada por las cámaras, por lo que la nueva doctrina no tendrá verdadero alcance hasta que las próximas elecciones obliguen a los nuevos parlamentarios a pedir la compatibilidad.

Finalmente, una medida para incrementar la transparencia y limitar los privilegios es la supresión inmediata de las pensiones parlamentarias. Únicamente se respetarán, como es lógico en derecho, las de aquellos que ya las tienen reconocidas. Tanto la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, como el portavoz adjunto socialista, Eduardo Madina, mostraron ayer su apoyo a las propuestas por considerarlas ajustadas a las presentadas por los grupos.

15-VI-11, L. Izquierdo, lavanguardia