´cānon digital´ incompatible amb legislaciķ UE: quč farā la Ministra?

De varapalo jurídico cabe calificar el dictamen conocido el 11-V-10 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara ilegal la ampliación del canon digital por copia privada a los nuevos formatos -que universalizaba su pago a todos los compradores de equipos- aprobada por el Gobierno español en diciembre del 2007. El dictamen considera que la fórmula española es incompatible con la legislación comunitaria, porque grava indiscriminadamente todos los equipos y soportes sin considerar cuáles "presumiblemente" van a emplearse para hacer copias privadas. El dictamen, obra de la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Verica Trstenjak, no es vinculante, pero sirve para reabrir el debate entre la protección de los derechos de autor y los derechos de los usuarios en la sociedad digital. Ayer se expresaron ya usuarios y detractores de la medida. Ahora, el Ministerio de Cultura debería aclarar qué va a hacer a la vista del dictamen.

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manifest "Todos contra el canon digital"

La victoria del Ministerio de Cultura sobre el de Industria -a la sazón, César Antonio Molina sobre a Joan Clos-, en diciembre del 2007, imponiendo una ampliación del canon digital por copia privada a nuevos formatos y universalizando su pago a todos los compradores de equipos, ha sido efímera. La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Verica Trstenjak, dictaminó este martes que, tal como se aplica en España, este canon es "ilegal" e "incompatible" con la legislación comunitaria, porque grava indiscriminadamente a todos los equipos y soportes sin considerar cuáles "presumiblemente" van a emplearse para hacer copias privadas.

Aunque el dictamen no es vinculante y sólo es respuesta a una consulta remitida por la Audiencia provincial de Barcelona a raíz del litigio entre la empresa Padawan (que comercializa dispositivos de almacenamiento electrónico) y la SGAE (que le reclama por ello 16.000 euros), es una interpretación restrictiva de la compensación a tanto alzado que supone el canon digital -la letrada del TJUE insiste en que "ha de existir una relación suficientemente estrecha entre el uso del derecho y la compensación económica por copia privada"-, y ha sido suficiente para que ayer se reabriera el debate conceptual entre la protección de los derechos de autor y los derechos de los usuarios en una sociedad digital en la que el valor industrial de la copia es cero.

De mano, las asociaciones de usuarios, de internautas y la patronal del sector tecnológico se han apresurado a reclamar al Ministerio de Cultura que aproveche la ocasión para revisar la legislación y "eliminar el canon". En palabras de Jesús Banegas, presidente de la patronal, recogidas por Europa Press, es una tasa que "carece de sentido jurídico".

Las sociedades de gestión, en cambio, entienden que del dictamen de la UE se desprende que seguirán percibiendo el mismo dinero, sólo que las empresas y profesionales no pagarán y todo el peso de canon recaerá en los particulares, con lo que Ibercopia Audiovisual, que reúne a varias entidades de gestión, deduce que los ciudadanos son los perjudicados. Salvo cambio normativo, esto no es así, dado que el canon es un precio fijo para cada soporte o equipo, y no una recaudación fija a sufragar entre los que pagan.

El principal concernido, el Gobierno, ha dejado claro que no va a retirar el canon como piden usuarios y patronal tecnológica, pero no ha dicho qué va a hacer. La ministra de Cultura, ÁngelesGonzález-Sinde, señaló que el fallo de la UE, "una vez sea firme" será una "buena oportunidad" para "armonizar" la aplicación del canon en toda la UE.

Un añadido a este atoramiento regulatorio es que la UE, en su momento, dictaminó que el canon era una compensación "temporal", en tanto se producía la transición a la sociedad digital. Pero la fecha de caducidad de la tasa sigue siendo una incógnita.

12-V-10, P. Vallín, lavanguardia