propostes dŽen Rajoy

El documento que Rajoy remitirá mañana al resto de partidos incluye 50 propuestas que el líder del PP está dispuesto a negociar y que pueden llegar a buen puerto, ya que algunas de ellas calcan el último proyecto de reforma del Código Penal aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros del 13 de noviembre para su remisión al Congreso. El endurecimiento de las penas por los delitos relacionados por la corrupción, y el incremento de los plazos de prescripción de este tipo de delitos para evitar la impunidad, son coincidentes en las iniciativas de Gobierno y oposición en las que fácilmente se podría llegar a un acuerdo...

El instrumento para acabar con estas prácticas, según Rajoy, es un catálogo de medidas para impedir que los ex concejales puedan contratar con empresas públicas hasta pasados dos años de su cese; conferir carácter decisorio en la valoración de las ofertas, a la más económica entre las que superen el listón técnico mínimo, excluyendo las bajas temerarias; medidas para evitar el fraccionamiento y la concentración de contratos mediante el abuso de los contratos menores, prohibiendo la concurrencia de empresas del mismo grupo, excluyendo de la licitación a las sociedades pantallas creadas ad hoc y colgando en internet dichos contratos. Asimismo se propone establecer como obligatoria la existencia de una comisión de vigilancia de la contratación en la entidad local, y que esa comisión la presida un concejal de la oposición; que las mesas de contratación las presida un funcionario; reforzar el papel de los secretarios de ayuntamiento, interventores y tesoreros.

Igualmente se propone proteger a los funcionarios que denuncien actividades corruptas, y el compromiso de reintegrar a los municipios los bienes incautados en los delitos de corrupción para que puedan ser utilizados por los ayuntamientos. Además de los asuntos relacionados con las contrataciones en las entidades municipales, el PP propone también medidas de buenas prácticas en el ámbito local, como hacer públicas las declaraciones de bienes de los cargos electos; limitar a través de un acuerdo de las fuerzas políticas el número de cargos públicos y de asesores, en atención a criterios de población y presupuesto; prohibir la aceptación de regalos que no respondan a los usos y costumbres sociales.

22-XI-09, C. del Riego, lavanguardia