la justÝcia espanyola recuperarÓ la discriminaciˇ nacional en les seves causes

La justicia universal, tal y como se ha venido aplicando en los últimos años en España, tiene los días contados. PP y PSOE han llegado al acuerdo de aprovechar los proyectos de reforma de la oficina judicial para limitar las posibilidades de actuación de los jueces frente a los delitos de genocidio y lesa humanidad.

La iniciativa persigue, sobre todo, evitar que la justicia siga acumulando casos sobre supuestos delitos cometidos en otros países, ante la falta de desarrollo del Tribunal Penal Internacional (TPI). PP y PSOE estiman, como CiU, que España, y en particular la Audiencia Nacional, no tiene que asumir un papel supletorio y omnímodo ante los ataques a los derechos humanos. Los jueces de la Audiencia temen, a su vez, que la reforma impida que España pueda seguir teniendo un papel pionero en materia de justicia universal.

El acuerdo fue impulsado por los mencionados partidos en el reciente debate sobre política general, ante la acumulación de sumarios sobre graves conflictos internacionales. En la Audiencia se investiga sobre la prisión de Guantánamo, los vuelos de la CIA, la represión en el Tíbet o los bombardeos israelíes sobre Gaza, por ejemplo. Cada vez que se produce alguna actuación judicial sobre estos asuntos se producen tensiones diplomáticas con los países afectados.

La idea que se impulsa para impedir estos conflictos es limitar las competencias de los jueces a aquellos supuestos en que se hayan visto involucrados ciudadanos o intereses españoles. La posible reforma ya le fue anunciada por el ministro de Exteriores, Miguel ÁngelMoratinos, al Gobierno israelí cuando se admitió una querella por la muerte de civiles en Gaza.

Mientras la reforma no entre en vigor, en todo caso, siguen en marcha numerosas investigaciones penales en materia de justicia internacional, entre ellas la que trata de esclarecer la muerte de José Couso, cámara de Telecinco, en el hotel Palestina de Bagdad, a resultas del disparo de un obús, efectuado por un blindado norteamericano. El juez encargado de este asunto, Santiago Pedraz, decidió ayer ratificar el procesamiento de tres militares estadounidenses, que son el jefe del regimiento y dos de sus miembros, que formaban parte de la dotación del tanque.

El magistrado ya les había acusado de delitos contra la comunidad internacional y asesinato, pero la sala penal de la Audiencia le ordenó practicar nuevas diligencias. Éstas han incluido el testimonio escrito de los ex ministros populares Federico Trillo y Ana Palacios. El juez sostiene que los militares norteamericanos dispararon sin previo aviso alguno contra el hotel a sabiendas de que estaba ocupado por periodistas y civiles.

22-V-09, J.M. Brunet, lavanguardia