´Enseñanza al modo soviético´, Pedro Schwartz

La libertad de enseñanza es hoy en España una mera ficción. Si miramos la realidad de frente, veremos que el sistema educativo español, como el de muchos otros países occidentales, se rige por los mismos principios que la economía de la fenecida Unión Soviética: un gran sector planificado compuesto por empresas públicas y cooperativas semiprivadas, flanqueado por algunas iniciativas privadas que venden su producto en el mercado gris de lo meramente tolerado.

Todo empezó en el siglo XIX con la idea bienintencionada de conseguir que todos los niños recibieran enseñanza primaria. En vez de confiar en la demanda de formación para sus hijos por parte de las familias, incluso las menos pudientes, y en la oferta pedagógica de grupos privados tanto religiosos como laicos, la mayor parte de los países se decidió por la intervención y reglamentación pública. Cundió la leyenda de que los pobres no valoraban los beneficios de la ilustración y preferían poner a sus hijos a trabajar en vez de enviarlos a la escuela. Los gobiernos, desde Japón hasta Estados Unidos, desde Francia hasta Prusia, pasando por Italia y España, decidieron ir por el atajo de la enseñanza obligatoria y subvencionada, sin atender a la experiencia del Reino Unido, donde, como ha mostrado E. J. West, la educación privada consiguió alfabetizar la población antes de que acabara el siglo, sin necesidad de intervención pública.

Marx y Engels, en el “Manifiesto comunista” de 1848, exigieron “la educación pública y gratuita de todos los niños”. Sabían lo que estaban pidiendo. John Stuart Mill, uno de los fundadores del liberalismo radical, intentó, en sus “Principios de economía” de ese mismo año de 1848, ser generoso al tiempo que prudente en materia de educación pública. Él fue uno de los que propalaron la creencia de que los pobres no aprecian los beneficios de la educación, por lo que es necesario que el Estado la imponga y contribuya a financiarla: pero, añadió, “no es soportable que un gobierno tenga, de iure o de facto, un control completo sobre la educación del pueblo”; “un Gobierno que puede moldear las opiniones y sentimientos del pueblo desde su juventud hace con él lo que quiera”. ¡Qué iluso! El que paga, manda.

El movimiento para hacer de la enseñanza obligatoria un servicio público se vio reforzado a principios del siglo XX por el nacionalismo y el anticlericalismo de liberales y radicales, deseosos de hacer de la escuela una forja de patriotas y de arrancar la formación de los jóvenes de “las garras de la negra clerecía”. La educación republicana y laica podrá resultar simpática a la izquierda radical, pero los menos entusiastas no deberíamos pasar por alto los efectos la regimentación de los métodos y contenidos de la enseñanza sobre el pueblo soberano.

Hoy en día, las autoridades públicas, apelando al derecho de todos a la educación, se inmiscuyen en ella de tal manera que la autonomía personal y la empresarial casi han desaparecido. En los tramos de primaria y media, la mayor parte de los profesores reciben su sueldo directamente de los presupuestos públicos, aunque trabajen en centros privados si éstos pretenden la homologación. Los establecimientos educativos, con raras excepciones, seleccionan a sus alumnos por la proximidad del domicilio. El Estado y las comunidades autónomas determinan no sólo la programación general de la enseñanza, sino los planes de estudio de toda la enseñanza reglada hasta su más mínimo detalle. La ley impone el idioma en que se han de realizar los estudios. Las autoridades deciden si los centros han de ser mixtos por fuerza y cómo se ha de enseñar religión en los institutos (y en Francia, si los alumnos pueden llevar símbolos religiosos a la vista). La censura previa de los libros subsiste en un único reducto de la vida cultural: la de los de texto homologados por los respectivos consejeros de Educación.

En la enseñanza superior, el Estado español discrimina las universidades privadas obligando a quienes las eligen a pagar dos veces por su formación, una con el impuesto y otra con la matrícula. Para que sean válidos los títulos de las privadas, se obliga a que los planes de estudio sean en lo esencial iguales a los de las públicas. El reglamentismo ha llegado a un punto supremo con la intervención de la Unión Europea. So pretexto de facilitar el reconocimiento internacional de los títulos universitarios, las autoridades educativas europeas, con excepción de las de Irlanda y el Reino Unido, reunidas en Bolonia, han fijado normas comunes de estructura, duración y contenido de los estudios universitarios.

En el campo de la formación intelectual y moral, como en otros muchos aspectos de la vida social de los países que se consideran adelantados, se hace todo lo posible por eliminar la competencia, la innovación, la diversidad, la responsabilidad y la autonomía individual. Los experimentos pedagógicos parciales al estilo de la Institución Libre de Enseñanza serían imposibles hoy, a menos que se les ocurrieran a algún burócrata para imponerlos por fuerza en su distrito. Los profesores nos quejamos de que las familias no nos visiten más que para echarnos la culpa de los desmanes de sus hijos, sin ver que ello es el resultado de que haberles privado de toda responsabilidad sobre la educación de los hijos. Centralizada, ineficaz, desmoralizadora, gozamos de una educación a la soviética.

Pedro Schwartz, lavanguardia, 10-III-2004.