l┤Audiencia Nacional espanyola entre la justÝcia sense fronteres i la raˇ (...) d┤Estat

Los jueces de la Audiencia Nacional han tomado en fechas recientes una serie de resoluciones sobre conflictos internacionales que preocupa mucho al Gobierno. El Ejecutivo y la mayor parte de los partidos políticos ven en esta deriva judicial una incursión en terrenos pantanosos, por los problemas que tales iniciativas pueden empezar a acarrerar para la política exterior española.

La labor de los jueces en la esfera internacional se ha visto estimulada después de que el concepto de justicia universal arraigara con particular fuerza en España, sobre todo al calor de la oposición a la guerra de iraq y sus consecuencias, es decir, el rechazo a la cárcel de Guantánamo o a los vuelos de la CIA. Sobre ambos asuntos hay abiertos una quincena de procesos en la Audiencia.

El problema, en todo caso, no es nuevo. El Gobierno de Aznar ya tuvo muchos conflictos cuando el juez Garzón mandó detener al dictador chileno Augusto Pinochet en Londres. Pero las tensiones están siendo ahora muy superiores ante las actuaciones judiciales que se refieren a las posibles responsabilidades de ex asesores del ex presidente George W. Bush por la creación de la citada cárcel de Guantánamo, o a la actuación de altos mandos del ejército israelí por un bombardeo sobre la franja de Gaza, en el 2002, en una operación antiterrorista contra Hamas.

Estados Unidos e Israel forman parte de las alianzas estratégicas de España, y los Gobiernos de ambos páises rechazan que suss decisiones, erróneas o no, se jusguen en otros países. No es casual que ni Estados Unidos ni Israel hayan querido suscribir la constitución del Tribunal Penal Internacional (TPI), cuya jurisdicción no reconocen.

La Audiencia Nacional, no obstante, lleva camino de convertirse en un remedo local de dicho TPI, sin sus competencias reales ni su capacidad de actuación efectiva, a miles de kilómetros de los lugares de los hechos, desde su sede en un edificio de la capital de España cuyas limitaciones y carencias de todo tipo ya ponen en cuestión que desde sus despachos se puedan aclarar complejas responsabilidades internacionales. No obstante, las decisiones de la Audiencia son tomadas muy en serio por los Gobiernos extranjeros, teniendo en cuenta que muchas veces entrañan órdenes de detención. Ello implica que si las personas querelladas abandonan sus respectivos países, corren el riesgo de ser ingresadas en prisión y de verse afectadas por un complejo proceso internacional. El propio Presidente del Supremo, Carlos Dívar, ha advertido recientemente que España no puede actuar como "gendarme del mundo".

Dívar habló tras el problema planteado por China, a propósito del conflicto del Tíbet y la represión denunciada en la región, en fechas previas a la inauguración de los Juegos Olímpicoas del año pasado. China se encuentra también entre los países que no quisieron suscribir el Tratado de Roma que en el año 1998 creó el Tribunal Penal Internacional.

El creceinete peso de China en la esfera internacional, puesto de relieve en el papel que está ejerciendo en la resolución de la actual fase de crisis económica global, alimenta los deseos del Gobierno de evitar todo foco de tensión con el gigante asiático, en el que las empresas españolas tienen interesantes perspectivas. Por otra parte, la iniciativa de interrogar a tres miembros del Gobierno chino, bajo la acusación de supuestos crímenes contra la humanidad, no resulta fácil de llevar a cabo, aunque existieran los mejores instrumentos de cooperación jurídica entre ambos países.

La actuación de los jueces de la Audiencia Nacional, en todo caso, no es caprichosa ni infundada. Es el resultado del desarrollo del concepto de justicia universal en el plano interno, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal Constitucional (TC), en especial de éste último, que ha establecido una doctrina muy amplia para la protección contra los delitos de genocidio y lesa humanidad.

La espita se abrió, de hecho, por un choque entre ambas instancias. El Supremo limitó las posibilidades de actuación en esta materia, pero el Constitucional corrigió esa tendencia y abrió el campo de actuación de la justicia cuando resolvió sobre la denuncia por genocidio en Guatemala. Desde entonces, la Audiencia ha interpretado cada vez con criterios más amplios sus posibilidades de actuación. Nadie les ha puesto freno, aunque cada vez es más frecuente que la fiscalía se oponga a estas investigaciones. La motivación es clara. Los fiscales recogen las quejas que la labor de los jueces suele provocar en los países afectados por sus investigaciones, y tratan de reconducir los procesos para evitarle problemas al Estado, más que al Gobierno en sentido estricto.

Cuando se planteó el problema con Israel, el Ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ya anunció el proósito del Gobierno de cambiar la regulación de la justicia internacional. Es probable que un reforma legal corte en seco la evolución de la jurisprudencia en esta materia. Pero no será fácil, porque la opinión pública se ha ido sensibilizando paulatinamente sobre la importancia de utilizar todas las armas del derecho para defender los derchos humanos a escala planetaria. Al final, la reforma intentará vincular los casos de aplicación de la justicia universal a la relación del sunto con ciudadanos españoles, como ha ocurrido con respecto al asesinato del padre Ellacuría en El Salvador. Es significativo que el fiscal apoye esta investigación, y no otras.

10-V-09, José María Brunet, lavanguardia